Más de $206 millones de pesos desviados de un programa de construcción de viviendas sociales, años de instrucción judicial y un juicio que empezó en marzo pasado: el resultado fue una absolución para el principal imputado y condenas en suspenso, menores a tres años, para el resto. El Tribunal Oral Criminal N°5 de Comodoro Py cerró el juicio por la causa «Sueños Compartidos» un día antes de que prescribiera la acción penal según el plazo considerado por la Fiscalía.

Los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg absolvieron al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y condenaron al exsecretario de Obras Públicas José López y al exsubsecretario Abel Fatala a 2 años y 9 meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua como coautores de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender y Pablo Schoklender, recibieron condenas a 2 años y 8 meses y 2 años y 4 meses de prisión condicional, respectivamente, como partícipes necesarios. También fueron absueltos Carlos Castellano (exfuncionario del Ministerio de Planificación), Daniel Freidin (exasesor de Fatala) y Daniel y Karina Nasif (exfuncionarios provinciales de Santiago del Estero).

Penas muy por debajo de lo pedido por la Fiscalía

El fiscal Diego Velasco había solicitado 6 años de prisión para De Vido, López, Fatala y los hermanos Schoklender, y 4 años para el resto de los imputados. El tribunal adoptó un criterio considerablemente más benévolo. Al inicio de la audiencia, el mismo tribunal rechazó los planteos de las defensas por insubsistencia de la acción penal, prescripción y nulidad de los alegatos de los acusadores. Por mayoría, también dispuso el decomiso de bienes cautelados por $206.438.454,05, cifra que representa el monto estimado del desvío de fondos públicos. El ajuste definitivo quedará para el momento en que la sentencia adquiera firmeza.

La jueza Palliotti anunció además que los fundamentos de las condenas y absoluciones se leerán en una audiencia fijada para el 13 de noviembre a las 17:00. La demora en la lectura de los fundamentos prolonga la incertidumbre sobre el razonamiento jurídico que llevó al tribunal a absolver a De Vido y a imponer penas en suspenso al resto.

La causa: sobreprecios, obras sin licitación y fondos desviados

El programa «Sueños Compartidos» operó entre 2005 y 2011 bajo la gestión de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que recibió fondos del Estado Nacional para la construcción de viviendas sociales. La investigación determinó que el programa funcionó con serias irregularidades: obras con sobreprecios, construcciones realizadas sin licitación previa y, finalmente, un volumen importante de viviendas que nunca se terminaron. El monto desviado fue fijado judicialmente en más de $206 millones de pesos, cantidad que el tribunal ordenó decomisar a los imputados condenados.

Schoklender: «No se desvió un puto fondo»

Al salir de Comodoro Py, Sergio Schoklender rechazó frontalmente el veredicto ante la prensa. «No se desvió un puto fondo, está todo acreditado», afirmó. Si bien reconoció que «muchísimas casas no se terminaron», sostuvo que eso ocurrió después de que él se fue de la Fundación. Sobre los cheques que aparecieron en cuevas y empresas agropecuarias, explicó que «lo que se pudo demostrar acá es que todos esos cheques eran pagos a proveedores que a su vez después los proveedores los descontaban en distintos lugares; absolutamente todos de materiales descontados de las obras».

Cuando los periodistas le preguntaron por qué fue condenado si según él no hubo delito, Schoklender articuló una lectura política del fallo: «Lo que hacen es dar una pena simbólica y patearle todo el tema a la Cámara y a la Corte». Luego añadió: «Hoy dicen dos años y nueve meses en suspenso, pero los fundamentos los van a leer recién en noviembre y después de ahí tenemos que ir a Casación y después a la Corte. Es un delirio». La condena en suspenso, sumada a la demora en la lectura de fundamentos, le permite al imputado estirar el proceso durante años sin pisar la cárcel.

Sobre el sistema judicial, Schoklender no ahorró críticas: «Este edificio es la muestra palpable de lo podrido, destruido y degradado que está todo el sistema judicial argentino. Ustedes no se olviden que esta causa la empezó Oyarbide». Al ser consultado sobre por qué De Vido fue absuelto, respondió con ironía: «Que sé yo porque es De Vido, preguntale a De Vido».

Un fallo que genera más preguntas que respuestas

El resultado del juicio es, cuanto menos, paradójico. El exministro que encabezaba el esquema político bajo el cual se ejecutó el programa queda absuelto, mientras que los funcionarios de segunda línea y los exapoderados de la fundación reciben condenas que, al ser en suspenso y por debajo de los tres años, no implican encarcelamiento efectivo. La justicia federal reconoce que hubo un desvío de más de $206 millones pero las responsabilidades penales, tal como las fijó el tribunal, recaen exclusivamente sobre figuras de rango medio, con penas que no alteran la libertad de ninguno de los condenados.

El proceso llega a este punto con una historia judicial particular: la causa fue iniciada en tiempos del polémico juez Norberto Oyarbide, cuestionado durante años por su cercanía con el poder político de turno, y tramitó durante más de una década hasta llegar a un debate oral que concluyó al borde de la prescripción. La próxima audiencia relevante, la de fundamentos, no se producirá hasta noviembre. Las instancias de Casación y Corte Suprema que aguardan a los condenados que apelarán hacen prever que la causa seguirá abierta por años.

Lo que tenés que saber

• El TOC N°5 absolvió a Julio De Vido y condenó a José López, Abel Fatala y los hermanos Schoklender a penas de entre 2 años 4 meses y 2 años 9 meses de prisión en suspenso.
• Las penas fueron muy inferiores a las pedidas por el fiscal Velasco, quien había solicitado 6 años para los principales imputados.
• El tribunal ordenó el decomiso de $206.438.454,05 como monto del desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.
• Los fundamentos del fallo se leerán recién el 13 de noviembre; las condenas son apelables ante la Cámara y la Corte Suprema.
• Sergio Schoklender rechazó la condena, negó el desvío de fondos y calificó el fallo como una «pena simbólica» para trasladar la resolución a instancias superiores.