El Ministerio de Capital Humano enfrenta una serie de sentencias judiciales que obligan a revertir decisiones polémicas, desde la exclusión de comedores populares hasta la baja de beneficiarios de programas sociales. La gestión encabezada por Sandra Pettovello acumula fallos adversos en diversos puntos del país, destacando la gravedad de las denuncias y la preocupación internacional por la regresividad en derechos sociales.

Entrega de alimentos: fallo contra la exclusión de comedores

El juez federal Enrique Lavié Pico ordenó la reincorporación de 66 comedores de la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros al programa Alimentar Comunidad. La resolución, emitida el pasado miércoles, estableció un plazo de 72 horas hábiles para que el Ministerio cumpla la orden, bajo apercibimiento de sanciones.

La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) impulsaron el amparo colectivo, señalando que el accionar de Capital Humano pone en riesgo el derecho a la alimentación. Según estos organismos, la falta de abastecimiento afecta directamente a sectores vulnerables, generando preocupación incluso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Pettovello afirmó que el plazo aún no había vencido y defendió la necesidad de verificar la existencia de los comedores antes de cumplir la orden. Sin embargo, la UTEP recordó que esta es solo una de las numerosas decisiones judiciales que cuestionan las políticas del ministerio.

Potenciar Trabajo: reincorporación por fallos judiciales

El mismo día, la Cámara Federal de Corrientes emitió un fallo que obliga al gobierno nacional a reincorporar a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo excluidos de manera irregular. Cerca de 500 correntinos fueron dados de baja bajo el argumento de que eran empleados públicos, algo que se comprobó como falso.

Los jueces Selva Spessot, Mirtha Sotelo y Luis González señalaron que los beneficiarios deben ser trasladados a los nuevos programas Volver al Trabajo (VAT) y Acompañamiento Social (PAS) sin necesidad de realizar trámites adicionales. Además, el Estado deberá abonar las prestaciones adeudadas con intereses y hacerse cargo de las costas judiciales.

Este caso refleja una tendencia en la administración de Javier Milei: decisiones catalogadas como arbitrarias, que vulneran derechos fundamentales y derivan en un alto costo financiero y social.

Fallo tras fallo: un récord preocupante

Desde el inicio de 2024, Capital Humano acumuló una seguidilla de fallos en contra. Algunos de los casos más destacados incluyen:

• Mayo 2024: El juez Sebastián Casanello ordenó la distribución inmediata de alimentos retenidos en galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo.
• Julio 2024: Walter Lara Correa dictaminó la restitución de políticas alimentarias para garantizar el derecho a la alimentación.
• Octubre 2024: Una nueva sentencia de Lara Correa condenó al Estado a continuar con el abastecimiento a comedores y merenderos, reconociendo su rol esencial en la garantía de derechos humanos básicos.

La gestión de Sandra Pettovello en el Ministerio de Capital Humano enfrenta críticas crecientes por su impacto negativo en sectores vulnerables. Los fallos judiciales no solo refuerzan la obligación del Estado de garantizar derechos, sino que también evidencian una administración marcada por decisiones controvertidas y resistencias a cumplir con mandatos legales.

Qué dice el fallo

• Capital Humano debe reincorporar 66 comedores al programa Alimentar Comunidad.
• Cerca de 500 correntinos excluidos de Potenciar Trabajo fueron favorecidos por un fallo judicial que ordena su restitución.
• El Estado deberá pagar prestaciones adeudadas con intereses y cubrir las costas judiciales.
• Diversos jueces cuestionaron la gestión de Pettovello por vulnerar derechos esenciales.