El Gobierno que quiso borrar la Ley de Tierras Rurales, primero por decreto y después a través del Senado, terminó votando para restituirla. La Cámara de Diputados aprobó la restitución de la norma con 239 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones y giró el proyecto a la Cámara alta.

El capítulo integra el proyecto de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada» impulsado por el Gobierno de Javier Milei, y establece la derogación del artículo 154 del DNU 70/23 y la aplicación de la Ley de Tierras. La restitución fue respaldada por La Libertad Avanza, Unión por la Patria, la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y bloques provinciales.

Un proyecto que se salvó por cinco votos

Solo votaron en contra de la restitución los diputados tucumanos Gladys Mendoza y Marina Elia Fernández, la neuquina Karina Maureira y el salteño Pablo Outes. Se abstuvieron los legisladores de izquierda Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Juan Carlos Giordano y Romina Del Pla, Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y Marcela Pagano, de Coherencia.

La aprobación del proyecto en general fue mucho más ajustada: 124 votos contra 119 y seis abstenciones, las de cinco diputados cordobeses y la de Álvaro González, del PRO. Si esas abstenciones se hubieran sumado a los votos negativos, la ley habría sido rechazada, de modo que la decisión de los cordobeses y de González resultó clave para el oficialismo.

Ahora el Senado podrá insistir, con los dos tercios, con su proyecto original o aceptar los cambios introducidos por Diputados.

La marcha atrás de un Gobierno que no pudo derogarla

La iniciativa llegó a Diputados con media sanción, después del recorte que le aplicó la oposición peronista en el Senado: se cayó el capítulo de la Ley de Manejo del Fuego y también el que buscaba derogar la Ley de Tierras Rurales, dado que el artículo 154 del DNU 70/23 ya se encontraba derogado. Paradójicamente, ahora es el propio Gobierno el que busca restituir la ley, luego de que la oposición amenazara seriamente con tirar abajo todo el DNU 70.

En ese recorrido también intervino la Corte Suprema, que revocó un fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional ese artículo, un episodio que este medio ya había publicado.

Con la restitución se reafirman los límites del 30% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental, además del tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo del país, espejos de agua y zonas de frontera.

Lo que quedó en pie de la ley de Propiedad Privada tras la poda del Senado son capítulos que modifican la Ley de Expropiaciones, y restringen las capacidades del Estado para declarar la utilidad pública de bienes inmuebles, y una reforma de la ley de Desalojo que permite acortar drásticamente los tiempos judiciales para la restitución de propiedades usurpadas o con tenencias irregulares.

El debate en el recinto

El miembro informante del dictamen oficialista, Santiago Santurio (La Libertad Avanza), presidente de la comisión de Legislación General, sostuvo que con este Gobierno y con esta iniciativa se empieza a «respetar el derecho a la propiedad». Y agregó: «Si hay usurpaciones deja de ser negocio la construcción de viviendas».

Diego Giuliano (Unión por la Patria) remarcó que el oficialismo vuelve con su dictamen «a la ley del peronismo» de 2011, surgida a instancias del Gobierno de Cristina Kirchner cuando «se quisieron comprar un pueblo entero con la gente adentro» en La Rioja. También cuestionó la visión del oficialismo sobre la propiedad: «Ni los romanos plantean la propiedad privada de manera absoluta como ustedes».

Martín Lousteau (Provincias Unidas) calificó el giro oficialista como un «reculado en chancletas» y advirtió que, con el programa vigente, hoy se puede adquirir la ciudadanía argentina pagando 350 mil dólares. Ironizó con que, cuando se recuperen las Malvinas, el Príncipe Harry podría comprarse la ciudadanía y también las Islas. Myriam Bregman, jefa del bloque del Frente de Izquierda, coincidió en que el programa de Ciudadanía por Inversión es «un engaño para entregar soberanía».

Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, afirmó que el oficialismo «pretendía llevarse puesta» la Ley de Tierras, la Ley de Integración Sociourbana de los Barrios Populares y la Ley de Manejo del Fuego, y que eso no ocurrió por los cuestionamientos institucionales y judiciales y, sobre todo, «por la presión de gran parte de la sociedad». Pablo Juliano, de Provincias Unidas, habló de un «efecto lavarropa» en el Gobierno y recordó que la quiso eliminar «no una sino dos veces».

Lucía Campora, del bloque kirchnerista, rechazó el proyecto al sostener que se busca modificar la Ley de Expropiaciones para «blindar las privatizaciones» y planteó que, con esa norma, no se habría podido recuperar YPF. Recordó además que «Milei tuvo todas las leyes que quiso»: Reforma Laboral, RIGI, Ley Bases, Ley de Glaciares e Inocencia Fiscal. Desde la UCR, su presidenta de bloque, Pamela Verasay, ratificó el apoyo a los proyectos de la sesión y sostuvo que un gobierno necesita herramientas para gobernar, pero que «esas herramientas tienen que estar bien construidas».

El oficialismo consiguió la media sanción por lo justo y a costa de retroceder en una ley que había intentado eliminar en dos oportunidades. El resultado final queda ahora en manos del Senado, que ya había recortado el proyecto una vez.

Lo que tenés que saber

• Diputados aprobó la restitución de la Ley de Tierras Rurales con 239 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones.
• El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada se aprobó en general por 124 votos contra 119 y seis abstenciones.
• Las abstenciones de cinco cordobeses y de Álvaro González (PRO) fueron decisivas para la aprobación.
• Se reafirman el límite del 30% de extranjerización y el tope de 1.000 hectáreas en zonas núcleo, espejos de agua y zonas de frontera.
• El Senado podrá insistir con los dos tercios con su proyecto original o aceptar los cambios de Diputados.