Salud 🩺
El Gobierno de la Ciudad, las provincias y los privados también pueden comprar vacunas contra el coronavirus
Según la normativa vigente, el sector privado y todos los niveles de la administración pública pueden adquirir dosis para inmunizar a sus pobladores contra el Covid-19. Aunque reconocieron que los laboratorios prefieren negociar y realizar transacciones con el Estado nacional.
Según la normativa vigente, el sector privado y todos los niveles de la administración pública pueden adquirir dosis para inmunizar a sus pobladores contra el Covid-19. Aunque reconocieron que los laboratorios prefieren negociar con el Estado nacional.
Al respecto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, precisó que “en la ley de vacunas que se aprobó el año pasado está muy claro; no está prohibido y no es el Gobierno nacional el único que puede comprar”. Sin embargo, reconoció que ante la demanda masiva los laboratorios prefieren negociar con los estados nacionales.
Las provincias, los municipios y cualquier institución privada cuentan con el aval de las leyes argentinas para comprar vacunas contra el coronavirus, en el caso de que lograran acordar con los laboratorios que, hasta el momento, prefieren negociar con los estados nacionales por la escasez de dosis y por las complejidades que surgen a la hora de sellar los contratos.
La adquisición de vacunas ocupó el centro del debate en los últimos días, pese a que el capítulo 6 de la ley 27.563, sancionada por el Congreso y promulgada en noviembre pasado, dejó en claro ya hace meses que «no está prohibido en la Argentina» la compra de dosis por afuera de las negociaciones que lleva adelante el Gobierno desde la llegada del coronavirus al país.
Así fue explicado el miércoles por Cafiero y este jueves por el presidente de la Comisión de Salud de Diputados, Pablo Yedlin, quien aclaró que en el caso de que las provincias decidan llevar adelante una compra de dosis (de vacunas registradas en la Anmat) «tienen los mismos beneficios que la Nación».
En declaraciones televisivas, el legislador oficialista indicó que en esa situación están las vacunas de Pfizer y AstraZeneca. En cambio, la Sputnik, por ejemplo, «está en registro de emergencia y se autorizan lote a lote de país a país».
De esta forma, los funcionarios rechazaron afirmaciones de la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien había señalado esta semana que se les prohíbe la compra de vacunas a provincias, municipios e instituciones privadas, en el marco de nuevas críticas lanzadas por la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) hacia cualquier decisión sanitaria adoptada por el Gobierno frente a la segunda ola de contagios de Covid-19.
Sin embargo, el ministro de Salud porteño, Fernan Quirós, saldó el debate y se desmarcó de una nueva ‘fake news’ sobre la pandemia, al asegurar que «no es viable» la compra de vacunas para ser aplicadas hoy mismo porque «las empresas fabricantes ya tienen comprometida su producción anual hace muchos meses».
«El debate sobre la adquisición de vacunas no encuentra una oportunidad real, es más bien abstracto», advirtió Quirós y desmanteló así un nuevo cuestionamiento del espacio que integra a la política sanitaria del gobierno de Alberto Fernández.
Aclaró que «hay dos tipos de provisión de vacunas: los Estados, como Rusia y China, que sólo venden a Estados nacionales, y los privados» y manifestó que «las empresas privadas tienen comprometida su producción anual hace muchos meses».
«Por lo cual, el debate para acceder a vacunas hoy para ser aplicadas dentro de dos meses no es viable, ya que las contrataciones en ese caso serían para el año que viene», planteó Quirós en una conferencia de prensa encabezada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
El miércoles por la noche, Cafiero explicó que «tanto las provincias como la Ciudad de Buenos Aires pueden comprar vacunas por su cuenta, lo mismo que los privados» y ratificó que «no está prohibido en la Argentina». No obstante, advirtió que «con el nivel de escasez que hay, cualquiera que salga al mercado a comprar las va a conseguir para vaya a saber qué mes».
De igual forma, Yedlin afirmó que las vacunas registradas en ANMAT cumplen con «las mismas condiciones» que cualquiera otra y detalló que la ley establece que, en caso de que las provincias decidan llevar adelante una compra de dosis.
Las provincias «tienen los mismos beneficios que la Nación» para adquirir vacunas. «Podría pasar, es legal, pero no creo que eso pase», expresó Yedlin sobre la posibilidad de que otras administraciones a nivel provincial compren dosis del compuesto contra el Covid.
De hecho, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró hoy en una rueda de prensa en La Plata que la provincia trabaja «desde julio» último en la tarea de «contactar proveedores» de dosis.
«Se habló con todos; cuando avanzamos en tratativas, coordinamos con Nación para unificar la compra de vacunas», contó Kicillof. Además, aseguró que «no hay proveedor que no haya dicho que prefiere trabajar con gobiernos nacionales» porque, explicó, «las divisas son parte de las reservas que maneja la Nación».
El Gobierno de Córdoba también informó que «desde noviembre mantiene conversaciones» con los laboratorios AstraZeneca, Pfizer y Elea para adquirir dosis, pero advirtió que los representantes de las compañías «aclararon que no estarían en condiciones de proveer» antes de fin de año a partir de los compromisos asumidos con los Estados nacionales.
«A través de las autoridades sanitarias, hemos mantenido conversaciones desde noviembre de 2020 con laboratorios productores de vacunas tales como AstraZeneca, Pfizer y Elea, en procura de conseguir comprar dosis de sus vacunas para ser aplicadas a los ciudadanos de la provincia», publicó la Gobernación en su cuenta de Twitter.
De igual forma, el Gobierno de Tierra del Fuego retomó gestiones para adquirir por su cuenta 50 mil vacunas Sputnik V y 50 mil Sinopharm destinadas al plan de vacunación contra el coronavirus, confirmaron fuentes oficiales de la provincia.
Con todo, la Argentina ya superó los cuatro millones de personas inoculadas con la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, tras haberse completado este miércoles 200 mil aplicaciones, en un proceso de vacunación que fue vigorizado por el Gobierno ante la llegada de la segunda ola de contagios de Covid-19 al país, se informó oficialmente.
Según se precisó, la campaña de inmunización se aceleró en los últimos tres días: el lunes último fueron aplicadas 143.367 dosis; el martes 6 de abril, 167.644; y ayer se colocaron 199.395 vacunas, cifra con la que se alcanzó el récord de aplicaciones en un día.
Según el Monitor Público de Vacunación, en total, 4.771.214 personas recibieron vacunas, de las cuales 4.064.154 corresponden a la primera dosis y 707.060 al segundo componente.
Desde que inició el esquema del gobierno nacional, ya se distribuyeron 6.489.846 dosis en el país y la expectativa está puesta este mes en avanzar todo lo posible con nuevos vuelos a Moscú y con el ritmo de vacunación a los mayores de 70 años y a los de 60 con enfermedades de riesgo, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La mirada de las autoridades nacionales está puesta en cómo evolucione la situación epidemiológica y sanitaria en las próximas tres semanas, algo que quedó evidenciado el miércoles con la decisión del Gobierno de restringir la circulación nocturna entre las 0 y las 6 en las zonas de mayor riesgo y la suspensión de viajes grupales en el país.
«Cuando la historia se escriba, yo quiero que me pongan del lado de los que cuidaron a los argentinos. Si tengo que perder una elección por eso, la pierdo, pero me voy a dormir en paz», expresó hoy el presidente Alberto Fernández sobre la estrategia para contener el avance de la segunda ola de coronavirus.
Política 📢
De 128 a 6 medicamentos: Milei y Lugones liquidaron el Remediar
La provincia de Buenos Aires respondió con el programa Medicamentos Bonaerenses, que distribuye fármacos a centros de salud y hospitales de los 135 municipios.
Seis medicamentos. Eso es lo que quedó del Remediar, el programa que durante 24 años llevó remedios gratuitos a los centros de atención primaria de todo el país. Con una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei borró de un plumazo el listado de 128 medicamentos esenciales que garantizaba el Estado nacional.
La medida, firmada por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y publicada el jueves 15 de octubre, deroga la Resolución 3424/2021, que establecía el vademécum del programa y era la base legal de sus compras centralizadas. En su lugar, aprueba una nómina de apenas seis principios activos destinados a la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares: ácido acetilsalicílico (aspirina), atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina.
«Un brutal y asesino ajuste»
El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, fue uno de los primeros en reaccionar. «Hoy se oficializó el cierre del Remediar. Un brutal y asesino ajuste, que impacta directamente en la salud de la gente», escribió en sus redes sociales.
El funcionario de Axel Kicillof recordó que se trataba de «un programa de 24 años de historia, que abastecía a 8000 centros de salud y que cubría el 85% de las enfermedades más frecuentes», y que fue reemplazado por un «plan» que solo incluye seis medicamentos. «Lo venimos diciendo. Intentaron ocultarlo, y negarlo, porque además de ajustadores seriales son mentirosos», disparó, y cerró: «Tenían más dignidad cuando al ajuste le decían ajuste y se lo bancaban».
El diputado nacional de Unión por la Patria y ex ministro de Salud de Tucumán, Pablo Yedlin, coincidió en el diagnóstico: «Hoy el boletín oficial nos despierta con la muerte del programa Remediar, es verdad que ‘mezclado’ en un programa ‘innovador’ de prevención cardiovascular». El legislador advirtió que los medicamentos para niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos sin enfermedad cardiovascular quedan fuera de la responsabilidad del Estado nacional, y sentenció: «A partir de hoy es oficial: los medicamentos esenciales serán responsabilidad exclusiva de las provincias«.
Un vaciamiento anunciado
La resolución no llega de la nada. Es el certificado de defunción de un programa que el Gobierno nacional venía desfinanciando desde el inicio de la gestión libertaria. En abril, Kicillof ya había denunciado que el vademécum del Remediar se había reducido a un esquema con proyección de apenas tres insumos y que las unidades distribuidas habían caído un 55% respecto de 2023. En aquella oportunidad, el gobernador calificó de «criminal» la decisión y advirtió que el ajuste dejaba «sin asistencia a más de 20 millones de personas».
En mayo, Kicillof y Kreplak reunieron a más de 60 intendentes de distintas fuerzas políticas para exponer el impacto de los recortes nacionales en el sistema sanitario bonaerense. Allí, Kreplak afirmó que Milei «recortó el presupuesto en Salud un 40%, paralizó la entrega de medicamentos, redujo la distribución de vacunas y aplicó la motosierra sobre el PAMI».
El Remediar sobrevivió a gobiernos de distinto signo político, incluido el de Mauricio Macri, y es la gestión de Milei la que finalmente lo desmantela. El texto oficial justifica el cambio en una supuesta modificación del escenario sanitario y en la necesidad de reforzar la atención de las enfermedades vasculares. Pero el nuevo listado tiene además carácter orientativo, como referencia para compras, logística y distribución.
Las provincias, otra vez a pagar la cuenta
En los hechos, la medida traslada a las provincias la obligación de cubrir los tratamientos que hasta ahora garantizaba la Nación, en un contexto en el que los sistemas sanitarios provinciales ya enfrentan restricciones presupuestarias, recortes en las transferencias y una demanda creciente en los hospitales públicos, producto de la pérdida de cobertura de obras sociales y prepagas.
La provincia de Buenos Aires respondió con el programa Medicamentos Bonaerenses, que distribuye fármacos a centros de salud y hospitales de los 135 municipios. Pero no todas las provincias tienen la capacidad de reemplazar lo que el Estado nacional decidió abandonar, y el costo de esa retirada lo pagarán los sectores que dependen de la salud pública para acceder a un antibiótico, un antihipertensivo o un tratamiento básico.
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