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Salud 🩺

El Gobierno de la Ciudad, las provincias y los privados también pueden comprar vacunas contra el coronavirus

Según la normativa vigente, el sector privado y todos los niveles de la administración pública pueden adquirir dosis para inmunizar a sus pobladores contra el Covid-19. Aunque reconocieron que los laboratorios prefieren negociar y realizar transacciones con el Estado nacional.

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Según la normativa vigente, el sector privado y todos los niveles de la administración pública pueden adquirir dosis para inmunizar a sus pobladores contra el Covid-19. Aunque reconocieron que los laboratorios prefieren negociar con el Estado nacional.

Al respecto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, precisó que “en la ley de vacunas que se aprobó el año pasado está muy claro; no está prohibido y no es el Gobierno nacional el único que puede comprar”. Sin embargo, reconoció que ante la demanda masiva los laboratorios prefieren negociar con los estados nacionales.

Las provincias, los municipios y cualquier institución privada cuentan con el aval de las leyes argentinas para comprar vacunas contra el coronavirus, en el caso de que lograran acordar con los laboratorios que, hasta el momento, prefieren negociar con los estados nacionales por la escasez de dosis y por las complejidades que surgen a la hora de sellar los contratos.

La adquisición de vacunas ocupó el centro del debate en los últimos días, pese a que el capítulo 6 de la ley 27.563, sancionada por el Congreso y promulgada en noviembre pasado, dejó en claro ya hace meses que «no está prohibido en la Argentina» la compra de dosis por afuera de las negociaciones que lleva adelante el Gobierno desde la llegada del coronavirus al país.

Así fue explicado el miércoles por Cafiero y este jueves por el presidente de la Comisión de Salud de Diputados, Pablo Yedlin, quien aclaró que en el caso de que las provincias decidan llevar adelante una compra de dosis (de vacunas registradas en la Anmat) «tienen los mismos beneficios que la Nación».

En declaraciones televisivas, el legislador oficialista indicó que en esa situación están las vacunas de Pfizer y AstraZeneca. En cambio, la Sputnik, por ejemplo, «está en registro de emergencia y se autorizan lote a lote de país a país».

De esta forma, los funcionarios rechazaron afirmaciones de la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien había señalado esta semana que se les prohíbe la compra de vacunas a provincias, municipios e instituciones privadas, en el marco de nuevas críticas lanzadas por la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) hacia cualquier decisión sanitaria adoptada por el Gobierno frente a la segunda ola de contagios de Covid-19.

Sin embargo, el ministro de Salud porteño, Fernan Quirós, saldó el debate y se desmarcó de una nueva ‘fake news’ sobre la pandemia, al asegurar que «no es viable» la compra de vacunas para ser aplicadas hoy mismo porque «las empresas fabricantes ya tienen comprometida su producción anual hace muchos meses».

«El debate sobre la adquisición de vacunas no encuentra una oportunidad real, es más bien abstracto», advirtió Quirós y desmanteló así un nuevo cuestionamiento del espacio que integra a la política sanitaria del gobierno de Alberto Fernández.

Aclaró que «hay dos tipos de provisión de vacunas: los Estados, como Rusia y China, que sólo venden a Estados nacionales, y los privados» y manifestó que «las empresas privadas tienen comprometida su producción anual hace muchos meses».

«Por lo cual, el debate para acceder a vacunas hoy para ser aplicadas dentro de dos meses no es viable, ya que las contrataciones en ese caso serían para el año que viene», planteó Quirós en una conferencia de prensa encabezada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El miércoles por la noche, Cafiero explicó que «tanto las provincias como la Ciudad de Buenos Aires pueden comprar vacunas por su cuenta, lo mismo que los privados» y ratificó que «no está prohibido en la Argentina». No obstante, advirtió que «con el nivel de escasez que hay, cualquiera que salga al mercado a comprar las va a conseguir para vaya a saber qué mes».

De igual forma, Yedlin afirmó que las vacunas registradas en ANMAT cumplen con «las mismas condiciones» que cualquiera otra y detalló que la ley establece que, en caso de que las provincias decidan llevar adelante una compra de dosis.

Las provincias «tienen los mismos beneficios que la Nación» para adquirir vacunas. «Podría pasar, es legal, pero no creo que eso pase», expresó Yedlin sobre la posibilidad de que otras administraciones a nivel provincial compren dosis del compuesto contra el Covid.

De hecho, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró hoy en una rueda de prensa en La Plata que la provincia trabaja «desde julio» último en la tarea de «contactar proveedores» de dosis.

«Se habló con todos; cuando avanzamos en tratativas, coordinamos con Nación para unificar la compra de vacunas», contó Kicillof. Además, aseguró que «no hay proveedor que no haya dicho que prefiere trabajar con gobiernos nacionales» porque, explicó, «las divisas son parte de las reservas que maneja la Nación».

El Gobierno de Córdoba también informó que «desde noviembre mantiene conversaciones» con los laboratorios AstraZeneca, Pfizer y Elea para adquirir dosis, pero advirtió que los representantes de las compañías «aclararon que no estarían en condiciones de proveer» antes de fin de año a partir de los compromisos asumidos con los Estados nacionales.

«A través de las autoridades sanitarias, hemos mantenido conversaciones desde noviembre de 2020 con laboratorios productores de vacunas tales como AstraZeneca, Pfizer y Elea, en procura de conseguir comprar dosis de sus vacunas para ser aplicadas a los ciudadanos de la provincia», publicó la Gobernación en su cuenta de Twitter.

De igual forma, el Gobierno de Tierra del Fuego retomó gestiones para adquirir por su cuenta 50 mil vacunas Sputnik V y 50 mil Sinopharm destinadas al plan de vacunación contra el coronavirus, confirmaron fuentes oficiales de la provincia.

Con todo, la Argentina ya superó los cuatro millones de personas inoculadas con la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, tras haberse completado este miércoles 200 mil aplicaciones, en un proceso de vacunación que fue vigorizado por el Gobierno ante la llegada de la segunda ola de contagios de Covid-19 al país, se informó oficialmente.

Según se precisó, la campaña de inmunización se aceleró en los últimos tres días: el lunes último fueron aplicadas 143.367 dosis; el martes 6 de abril, 167.644; y ayer se colocaron 199.395 vacunas, cifra con la que se alcanzó el récord de aplicaciones en un día.

Según el Monitor Público de Vacunación, en total, 4.771.214 personas recibieron vacunas, de las cuales 4.064.154 corresponden a la primera dosis y 707.060 al segundo componente.

Desde que inició el esquema del gobierno nacional, ya se distribuyeron 6.489.846 dosis en el país y la expectativa está puesta este mes en avanzar todo lo posible con nuevos vuelos a Moscú y con el ritmo de vacunación a los mayores de 70 años y a los de 60 con enfermedades de riesgo, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La mirada de las autoridades nacionales está puesta en cómo evolucione la situación epidemiológica y sanitaria en las próximas tres semanas, algo que quedó evidenciado el miércoles con la decisión del Gobierno de restringir la circulación nocturna entre las 0 y las 6 en las zonas de mayor riesgo y la suspensión de viajes grupales en el país.

«Cuando la historia se escriba, yo quiero que me pongan del lado de los que cuidaron a los argentinos. Si tengo que perder una elección por eso, la pierdo, pero me voy a dormir en paz», expresó hoy el presidente Alberto Fernández sobre la estrategia para contener el avance de la segunda ola de coronavirus.

Salud 🩺

PAMI al límite: el Gobierno niega la crisis pero clínicas suspenden turnos y amenazan con frenar cirugías

El sistema de salud que atiende a casi 7,3 millones de jubilados y pensionados en Argentina está al borde del colapso. Las cámaras de prestadores privados suspendieron la asignación de turnos en consultorios externos de todas las especialidades y amenazan con paralizar cirugías programadas, mientras el Gobierno libertario insiste en que «el cronograma de pagos se viene cumpliendo».

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PAMI suspende turnos en todo el país: prestadores denuncian un atraso arancelario del 102%

La contradicción es flagrante: por un lado, las instituciones privadas denuncian un atraso arancelario del 102% y advierten que no pueden afrontar insumos ni salarios; por el otro, el oficialismo responde con aumentos del 1,9% para junio y 1,9% para julio, por debajo incluso de la última medición de inflación del INDEC. La brecha entre el discurso oficial y la realidad hospitalaria no podría ser más amplia.

El Gobierno dice que todo está bien

Fuentes del Gobierno libertario aseguraron que el PAMI «no tiene deuda acumulada con Clínicas y Sanatorios a nivel nacional» y que «lo que resta pagar durante el mes son gastos corrientes». El mensaje fue reforzado desde Casa Rosada, que confirmó los aumentos del 1,9% para junio y julio, y anticipó que volverán a convocar a los prestadores «para hablar sobre las posibles alternativas que hay sobre la mesa en este contexto de estrés presupuestario».

La frase «estrés presupuestario» dice más de lo que pretende ocultar. Se trata del eufemismo oficial para describir lo que el propio sistema de salud padece como una crisis estructural, directamente vinculada al ajuste fiscal impuesto por las metas del acuerdo con el FMI.

Lo que dicen los prestadores: 102% de atraso y colapso inminente

La Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS) comunicó la suspensión del otorgamiento de nuevos turnos en consultorios externos de todas las especialidades y advirtió que las próximas medidas incluirán la paralización de cirugías y procedimientos programados no urgentes, manteniendo únicamente el seguimiento de pacientes con patologías crónicas críticas.

«Sin una recomposición urgente de los valores y la regularización de los pagos adeudados, las instituciones no pueden afrontar la compra de insumos críticos ni cumplir con las obligaciones salariales y honorarios profesionales«, advirtió CAPRESS en un documento público. «Hacemos responsable al Estado nacional por el impacto sanitario que esta situación genera en los afiliados al PAMI», completaron.

Los números que el sector expone son contundentes: desde diciembre de 2023, los aranceles abonados por el PAMI a los prestadores aumentaron apenas un 130%, mientras que en el mismo período la inflación acumulada superó el 300%. Para equiparar ambas variables, los prestadores estiman que haría falta una recomposición de al menos el 75%; el Gobierno ofrece menos de un cuarto de eso.

La crisis lleva meses: desde Patagonia hasta todo el país

La situación no es nueva ni está circunscripta a una región. En febrero de 2026, más de 30 clínicas y sanatorios de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa ya habían suspendido prestaciones programadas y ambulatorias, luego de una nota enviada al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, en la que advertían que sin soluciones concretas la interrupción de servicios sería inevitable. El problema se repite: primero fue una advertencia; ahora es una medida de fuerza generalizada.

«No cubrimos costos y las brechas son insalvables», declaró Andrés Sabalette, administrador del Sanatorio Juan XXIII de Río Negro, según consignó el portal Noti-Río.

Los prestadores privados aportan más de la mitad de las camas de internación en todo el país, lo que convierte esta crisis en una amenaza directa para la capacidad del sistema sanitario argentino de responder a las necesidades de la tercera edad.

Un antecedente que el Gobierno ignoró: el fallo judicial de mayo

Esta crisis no irrumpió en el vacío. En mayo de 2026, este medio ya cubrió cómo un juez federal ordenó al PAMI y a Incluir Salud regularizar pagos a prestadores de discapacidad en 72 horas, calificando al Estado de «en mora» y advirtiendo sobre el «riesgo inminente» para las personas con discapacidad. El Gobierno apeló esa cautelar en lugar de cumplirla. El patrón se repite: la respuesta judicial; la respuesta oficial, una apelación.

Además, el propio Ejecutivo debió emitir Letras del Tesoro (LECAP) por $580.000 millones para asistir al PAMI en el marco de esa misma crisis, una medida que la propia normativa exige reembolsar dentro del mismo ejercicio fiscal.

El ajuste y los jubilados: un costo que siempre pagan los mismos

Para los trabajadores del sector, el reclamo de los prestadores es apenas la superficie de una crisis más profunda. Desde SUTEPA respaldaron las medidas de los prestadores y señalaron que el personal de planta y los profesionales de cabecera fueron los principales damnificados del ajuste económico en el sector de la salud.

El cuadro se enmarca en una política deliberada: el recorte del gasto primario acumulado desde 2023, que en el área de salud y seguridad social implicó reducciones de más del 60% en términos reales, según el diagnóstico del Foro Economía y Trabajo. Los jubilados que dependen del PAMI son, en ese contexto, los eslabones más débiles de una cadena de ajuste que los aprieta desde varios frentes simultáneamente: la erosión del poder adquisitivo de sus haberes, el encarecimiento de los servicios públicos, y ahora la amenaza de perder acceso a los turnos médicos.

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