Pobreza
UCA alerta: caída del índice de pobreza no es tan grande como dice el Gobierno
El Observatorio de la Deuda Social de la UCA cuestiona la baja del índice de pobreza anunciada por el Gobierno, señalando que la reducción sería menor y que cambios en la metodología del INDEC afectan la medición oficial.
Lo que tenés que saber
- El INDEC informó una baja a 31,7% en pobreza para el primer trimestre de 2025.
- UCA estima que la caída real podría ser 4 o 5 puntos menor.
- Cambios metodológicos afectan la medición oficial.
- Indicadores económicos no reflejan la mejora anunciada.
- Una posible revisión agregaría 2 puntos a la tasa de pobreza.
UCA cuestiona la magnitud de la reducción oficial de pobreza
El índice de pobreza publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el primer trimestre de 2025 muestra una disminución en comparación con el mismo período de 2024. No obstante, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) advierte que esta mejora podría estar sobreestimada en aproximadamente 4 o 5 puntos porcentuales.
Cambios en metodología y su impacto en los datos oficiales
La UCA explica que la modificación en la metodología aplicada por el INDEC desde 2024 y la exclusión de nuevos ítems en la Canasta Básica Total influyen directamente en la forma en que se mide la pobreza. “Uno no puede estar en contra de que mejoren los índices pero el INDEC tiene que informar si hubo un cambio metodológico”, destacó Agustín Salvia, director del Observatorio.
El experto agregó que “las cifras oficiales informadas en materia de ingresos y de pobreza, con base en la EPH, están siendo raras”, y que “esto ocurre desde el tercer trimestre de 2024”.
Diferencias en indicadores económicos
Los datos sobre salarios, consumo masivo y tasa de empleo recopilados por la UCA no concuerdan con los números oficiales. Según Salvia, la reducción observada en la pobreza resulta “más fuerte que lo pronosticable a partir de otras fuentes”.
El director afirmó que al menos “4 o 5 puntos de esta mejora o caída no se explican por las relativas mejoras económicas ni por la caída de la inflación”.
Revisión pendiente podría modificar la tasa oficial
Salvia también mencionó que si se ajusta nuevamente la metodología usada para calcular la pobreza, la cifra actual podría incrementarse en unos dos puntos adicionales. La última tasa reportada por el INDEC fue del 31,7% para el primer trimestre de 2025.
Análisis sobre la presentación de estadísticas sociales
Desde la UCA se plantea la necesidad de mayor claridad en los cambios metodológicos aplicados en las mediciones oficiales para evitar confusiones sobre la situación real de la pobreza en el país.
Consumo
Las fintech piden más datos al BCRA en vez de mirar al ajuste que destruyó el poder de pago
La Cámara Argentina Fintech reclamó al Banco Central que reduzca el rezago de 60 días en la Central de Deudores y amplíe el acceso a información crediticia. El sector reconoció que casi 3 de cada 10 tomadores de crédito registran atrasos de más de 90 días, mientras el crédito total a las familias supera los 82 billones de pesos y 13,5 billones ya están en situación irregular.
En medio de la peor crisis de morosidad familiar desde la salida de la convertibilidad, la Cámara Argentina Fintech salió a reclamar más datos al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y, de paso, a bajar su propia responsabilidad en el derrumbe crediticio que ahoga a millones de hogares. El sector, que en pocos años multiplicó por 20 su base de clientes, pidió este jueves «soluciones compartidas» frente a la mora y orientó buena parte de su diagnóstico hacia la falta de información disponible, la carga impositiva y la necesidad de mayor educación financiera, sin mencionar el impacto del ajuste sobre los ingresos de los trabajadores.
Un reclamo al BCRA en medio de la tormenta
La entidad que agrupa a billeteras virtuales y bancos digitales señaló que la Central de Deudores del BCRA refleja la situación de los créditos con un rezago de 60 días, lo que a su juicio impide evaluar correctamente el riesgo crediticio y facilita la acumulación de deuda. Para la Cámara, reducir ese plazo «permitiría evaluar mejor a cada persona, prevenir acumulación de deuda y disminuir los casos de fraude, bajando así el costo del crédito». El planteo suena razonable en abstracto, pero encubre una demanda más profunda: que el regulador entregue al sector privado más y mejores datos sobre los ciudadanos que solicitan financiamiento, en un contexto donde el organismo ya promueve el Sistema de Finanzas Abiertas, que habilitaría compartir información personal entre distintas entidades bajo el principio de que «las personas son dueñas de sus datos».
La Cámara también reclamó revisar la carga impositiva de los proveedores, argumentando que «termina elevando el costo que afrontan quienes acceden a un crédito». Una posición que se inscribe en el viejo argumento del sector financiero contra la tributación, sin problematizar que esa misma desregulación y reducción de cargas impositivas fue uno de los ejes del gobierno de Javier Milei desde su primer día.
Los números que el sector no quiere encabezar
Según datos de la consultora Analytica, casi 3 de cada 10 personas con crédito en Argentina registran un atraso de más de 90 días en el pago de sus cuotas. En términos de montos, el crédito total a las familias asciende a 82,8 billones de pesos, de los cuales 13,5 billones, el 16,3% del total, se encuentran en situación irregular. La distribución del problema revela que los bancos concentran el 81,1% del crédito total (67,2 billones de pesos) y explican el 63,3% del monto irregular (8,5 billones). Las fintech, en cambio, representan el 11,7% del crédito (9,7 billones) y el 16,3% del volumen irregular (2,2 billones). Completan el cuadro otros proveedores no bancarios, con el 7,1% del crédito y el 20,4% de la deuda irregular.
La Cámara subrayó que el sector fintech «concentra menos de 1 de cada 6 pesos en mora en el crédito a familias», una frase técnicamente correcta pero que omite que la tasa de irregularidad en billeteras virtuales llegó al 29,6% en mayo de 2026, superando el récord de la pandemia, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicados en julio pasado. El propio crecimiento del sector, que pasó de menos de medio millón de clientes antes de la pandemia a más de 10 millones en la actualidad, amplió el universo de deudores en una franja de la población que frecuentemente no accede al crédito bancario y carga con mayor vulnerabilidad económica.
El contexto que el comunicado no menciona
La Cámara Argentina Fintech describió al crédito como «una herramienta indispensable para el desarrollo» y señaló que en Argentina «el crédito al sector privado representa apenas el 13% del PBI, un nivel similar al promedio de las últimas dos décadas y muy inferior al 53% registrado en América Latina y el Caribe». Sin embargo, el comunicado evitó cualquier referencia a las causas estructurales de la crisis de pago: la caída del poder adquisitivo del salario real acumulada desde diciembre de 2023, los tarifazos que trasladaron más del 525% de aumento en servicios públicos según el IIEP (UBA-CONICET), los despidos masivos en el sector público y la retracción del consumo, todos fenómenos directamente ligados al programa de ajuste del gobierno libertario que el sector fintech no cuestionó.
Las fintech llegaron a segmentos históricamente excluidos del sistema bancario: los 10 millones de clientes actuales incluyen 3,8 millones que no tienen acceso al crédito bancario. Eso tiene valor desde el punto de vista de la inclusión financiera formal, pero también implica que el sector captó a poblaciones de mayor vulnerabilidad en un momento de contracción económica sostenida. La morosidad récord no es un problema de información crediticia, es el síntoma de una economía que exprimió a sus sectores más frágiles hasta el límite.
¿Más datos o más regulación?
El planteo de la Cámara se sostiene sobre una premisa discutible: que mejor información crediticia reduciría la mora. Pero los datos disponibles sugieren otra lectura. La irregularidad trepó de manera sostenida durante 19 meses consecutivos, según el CEPA, en paralelo con el avance de las herramientas de análisis crediticio que el propio sector fintech describe como su ventaja competitiva. El problema no es solo que los prestadores no saben a quiénes prestan: el problema es que millones de personas que recurrieron al crédito para sostener su consumo ya no pueden pagarlo porque sus ingresos reales se derrumbaron.
En ese escenario, la demanda de más datos al BCRA y menos impuestos al sector es una respuesta del mercado financiero que apunta a proteger su rentabilidad antes que a resolver la crisis de las familias endeudadas. La deuda irregular de 13,5 billones de pesos no es una estadística abstracta: son personas que dejaron de pagar porque el ajuste que el sector no cuestionó les quitó los medios para hacerlo.
Puntos clave
- Casi 3 de cada 10 personas con crédito en Argentina registran atrasos de más de 90 días, según datos de Analytica.
- El crédito total a las familias asciende a 82,8 billones de pesos; 13,5 billones, el 16,3%, están en situación irregular.
- Las fintech pasaron de menos de medio millón de clientes antes de la pandemia a más de 10 millones, de los cuales 3,8 millones no acceden al crédito bancario.
- La Cámara Argentina Fintech reclamó al BCRA reducir el rezago de la Central de Deudores de 60 días y ampliar el acceso a información crediticia personal.
- La morosidad en billeteras virtuales llegó al 29,6% en mayo de 2026, superando el récord de la pandemia, según el CEPA.
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