La Secretaría de Trabajo envió notificaciones a empresas y sindicatos de los sectores más estratégicos del país para renegociar cerca de 800 convenios colectivos, pero con la Ley de Modernización Laboral 27.802 reglamentada y la ultraactividad eliminada, la CGT denuncia que se trata de una «flexibilización de hecho» y ya alista la judicialización. Un gremio, sin embargo, rompió el frente sindical unificado.

La Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero, extendió esta semana las intimaciones oficiales a cámaras empresariales y sindicatos para que renegocien un universo que ronda los 800 convenios colectivos de trabajo, sumando los acuerdos de actividad a los de empresa. La medida, impulsada por la aplicación de la Ley de Modernización Laboral 27.802, sepulta el principio histórico de ultraactividad y obliga a rediscutir cláusulas que, hasta ahora, se mantenían vigentes en forma automática mientras no se firmara un nuevo convenio.

El proceso se aceleró luego de que el Decreto 407/2026, que reglamenta la nueva ley, abriera la puerta a revisar no solo las cláusulas obligacionales (cuotas solidarias, aportes sindicales) sino también las cláusulas normativas, aquellas que definen las condiciones de trabajo, las jornadas, las categorías y los salarios básicos. Lo que el gobierno presenta como «modernización de las relaciones laborales», desde el sindicalismo lo leen como un mecanismo para desmantelar conquistas históricas negociadas durante décadas.

Del primer envío a los 800 convenios: la escalada de la ofensiva oficial

El alcance de la medida creció de manera vertiginosa en pocas semanas. El Ejecutivo comenzó con una convocatoria inicial orientada a 150 convenios de actividad, la amplió a 446 mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y ahora, sumados los acuerdos de empresa, el universo total de convenios bajo revisión obligatoria se aproxima a los 800. Según el texto oficial, la convocatoria «se realiza teniendo en consideración lo dispuesto por la nueva Ley de Modernización Laboral para fortalecer la negociación colectiva y promover acuerdos entre trabajadores y empleadores adaptados a la realidad productiva de cada sector».

La primera tanda de notificaciones abarca sectores de alto peso específico y capacidad de movilización: Aceiteros, Bancarios, Camioneros, Construcción, Alimentación, Sanidad, Gastronómicos y el sector Aeronáutico (pilotos y personal privado). La nómina se extiende hacia la logística y la energía, con Estaciones de Servicio, Ferroviarios, Petroleros, Marítimos, Portuarios e industria del Neumático, y alcanza también a sectores de la producción y los servicios, entre ellos Industria Lechera, Textiles, Químicos, Plásticos, Seguridad Privada, Entidades Deportivas, Futbolistas Agremiados, Trabajadores de Prensa y el personal de TV abierta y por cable.

La ultraactividad: qué se pierde y qué queda en pie

Hasta la sanción de la Ley 27.802, la ultraactividad era la garantía legal que impedía que los trabajadores perdieran derechos adquiridos cuando las negociaciones colectivas se estancaban: el convenio seguía vigente hasta que se firmara uno nuevo. La nueva normativa eliminó esa protección para las cláusulas obligacionales, que caducan automáticamente al vencimiento del convenio. Solo se mantiene la ultraactividad para las cláusulas normativas, aunque el propio Decreto 407 habilita que en esta ronda se renegocien también esas condiciones, lo que abre la puerta a modificar escalas salariales, jornadas y sistemas de categorías históricamente establecidos.

Desde la cartera laboral, fuentes cercanas a Cordero señalaron que el objetivo es «terminar con la eternización de convenios que no responden a las necesidades actuales del mundo del trabajo». El argumento oficial es que el esquema productivo argentino requiere una modernización urgente ante el avance tecnológico y el empleo digital. El sector empresarial, representado por la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), recibió la medida con optimismo moderado: celebra la flexibilización de jornadas e indemnizaciones, pero teme una ola de conflictividad que paralice la producción en el segundo semestre de 2026, según reportaron fuentes empresariales consultadas por medios especializados.

La CGT en alerta: «flexibilización de hecho» y amenaza de judicialización

En los pasillos de la CGT, el diagnóstico es categórico: la renegociación masiva y forzada funciona como una «pantalla» para avanzar en una flexibilización de hecho, recortando conquistas ligadas a jornadas, categorías y condiciones operativas de cada sector. La central obrera ya rechazó formalmente el contenido del Decreto 407, advirtiendo que «el Poder Ejecutivo pretende avanzar sobre derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales y de la libertad sindical» y que la medida constituye «una inaceptable intromisión en la vida interna de las organizaciones gremiales», en contradicción con los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La CGT denunció la situación ante la propia OIT, con presencia del secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, quien en Ginebra advirtió que estas decisiones generarán una conflictividad significativa. Los más duros, encabezados por Pablo Moyano (Camioneros), calificaron la medida como un «golpe de gracia al derecho laboral». Paralelamente, la central obrera alistó a sus equipos legales para judicializar el proceso, cuestionando la constitucionalidad de varios artículos de la Ley 27.802. El plazo que el propio decreto establece para cerrar los nuevos acuerdos es de un año; si no hay entendimiento, las condiciones laborales vigentes caerían y quedarían bajo el marco general de la Ley de Contrato de Trabajo, considerablemente menos beneficiosa para las estructuras sindicales.

La fisura en el bloque sindical: Estaciones de Servicio acepta, pero con agenda propia

La unanimidad del rechazo sindical mostró su primera grieta. El gremio de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), cuyo secretario general es Carlos Acuña, hombre de confianza del histórico líder gastronómico Luis Barrionuevo, anunció este martes que acepta la rediscusión planteada por la Secretaría de Trabajo. Pero no sin condiciones: el gremio aclara que lo hará «con posición definida y agenda propia», buscando discutir las particularidades del sector con argumentos propios.

La decisión de Acuña no es inocente en el mapa del sindicalismo argentino. Su gremio forma parte de la CGT, lo que convierte su apertura al diálogo en una señal de fractura interna en un momento en que la central obrera intenta presentar un frente unificado de resistencia. «Hace mucho que venimos planteando que hay que actualizar convenios y la respuesta empresarial fue sostener los vigentes. Ojalá que en esta instancia podamos discutir cuestiones que quedaron pendientes», declaró el dirigente.

Puntos clave

• Cerca de 800 convenios colectivos deberán renegociarse bajo la Ley de Modernización Laboral 27.802, con un plazo de un año para cerrar acuerdos.
• La eliminación de la ultraactividad habilita la revisión de cláusulas normativas que definen jornadas, categorías y salarios básicos.
• La CGT rechazó el Decreto 407/2026 y presentó una denuncia ante la OIT por violación a la libertad sindical.
• Los sectores más estratégicos, como Camioneros, Bancarios, Construcción y Petroleros, encabezan la primera tanda de notificaciones.
• El gremio de Estaciones de Servicio (SOESGyPE) rompió el bloque y aceptó renegociar, aunque «con posición definida y agenda propia».