El Gobierno de Javier Milei modificó mediante decreto las competencias de la Unidad de Información Financiera (UIF), eliminando su capacidad para actuar como querellante en causas de corrupción y lavado de activos, una herramienta clave que el organismo utilizaba para perseguir delitos económicos complejos.

Un cambio silencioso con grandes implicaciones

La modificación, publicada este jueves en el Boletín Oficial, no prohíbe explícitamente estas actuaciones pero redefine las facultades del organismo de manera que, en la práctica, la UIF abandonará su rol como parte acusadora en procesos judiciales vinculados a la corrupción.

Este cambio representa un giro significativo en la política anticorrupción argentina. Desde 2016, la UIF había intensificado su participación como querellante en causas emblemáticas como los casos Cuadernos, Hotesur y Los Sauces, donde se investigaron presuntos esquemas de lavado de dinero vinculados a funcionarios públicos.

«Esta modificación debilita uno de los pocos mecanismos efectivos que tenía el Estado para perseguir la corrupción de alto nivel», señaló Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Internacional para América Latina, quien advirtió que «sin querellantes institucionales fuertes, muchas causas complejas terminan diluidas o prescritas».

Nuevas facultades en intercambio de información

Paralelamente, el decreto amplía las facultades de la UIF para intercambiar información con otros organismos cuando considere que estos datos pueden ser relevantes en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva.

El organismo también podrá utilizar la información para «análisis estratégico» que permita identificar tendencias y patrones relacionados con estos delitos, una función que podría fortalecer su capacidad preventiva pero que contrasta con la pérdida de su rol activo en los tribunales.

Contexto político y críticas

La decisión se produce en un momento donde varias causas de corrupción de alto perfil se encuentran en etapas avanzadas en los tribunales argentinos. Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) criticaron la medida por considerarla «un retroceso en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero».

Según un informe reciente del Banco Mundial, la participación de organismos especializados como querellantes aumenta en un 60% las probabilidades de condena en casos complejos de corrupción y lavado de activos.

Puntos clave:

• La UIF ya no podrá actuar como querellante en causas de corrupción y lavado de activos
• El decreto amplía sus facultades para intercambiar información con otros organismos
• Organizaciones anticorrupción consideran la medida un retroceso institucional
• La modificación afectará potencialmente el avance de causas complejas en curso
• El cambio se alinea con una tendencia de desregulación impulsada por el gobierno actual