El presidente Javier Milei aceptó la renuncia del juez Manuel García Mansilla a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a menos de dos meses de haber asumido en el cargo. La decisión quedó oficializada a través del decreto 276/2025, publicado este miércoles por la noche en el Boletín Oficial, con las firmas del mandatario y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

De esta manera, la Corte vuelve a quedar compuesta por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, tras el retiro de Juan Carlos Maqueda en diciembre pasado.

Un paso en falso del oficialismo

El 3 de abril, el Senado rechazó los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para incorporar a García Mansilla y Ariel Lijo al máximo tribunal. Ambos habían sido propuestos por el Gobierno a fines de 2024 como parte de una estrategia para reconfigurar la Corte y llenar los espacios vacantes. Sin embargo, no lograron los consensos necesarios.

En el caso de García Mansilla, el jurista juró en el cargo y hasta se mostró públicamente con los demás jueces durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, cuando Milei brindó su discurso ante la Asamblea Legislativa. Luego del rechazo parlamentario, presentó su renuncia mediante una carta indeclinable dirigida al Presidente, lo que precipitó la aceptación formal por parte del Ejecutivo.

El decreto establece: “Acéptase, a partir del 7 de abril de 2025, la renuncia presentada por el doctor Manuel José García Mansilla (D.N.I. N° 21.389.235) al cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

La situación de Ariel Lijo

A diferencia de García Mansilla, el juez federal Ariel Lijo no asumió ni renunció a su cargo. Pidió una licencia extraordinaria para integrarse al tribunal, pero la Corte rechazó ese pedido, dejando en suspenso su futuro.

Ambos nombramientos habían sido defendidos por el Gobierno, que incluso apeló al decreto presidencial para designar a los juristas sin acuerdo legislativo. La decisión generó rechazos transversales, tanto de la oposición dura como de sectores dialoguistas, que calificaron el procedimiento como irregular e inconstitucional.