Presidencia
Autocracia: Milei vuelve al país y prepara 13 decretos para seguir con la motosierra
Tras su gira más extensa, el Presidente planea firmar 13 decretos con recortes, cierres de entes públicos y reformas en áreas clave como Salud y Economía.
Lo que tenés que saber
- Milei regresó al país tras su gira internacional más extensa desde que asumió.
- Planea firmar 13 decretos antes de que caduquen sus facultades delegadas.
- Se anticipan recortes, despidos y cierres de organismos estatales.
- Las áreas más afectadas serán Salud, Capital Humano y Economía.
- El futuro del Ministerio de Desregulación dependerá del Congreso tras julio.
Milei regresa y acelera decretos antes del fin de sus facultades especiales
El presidente Javier Milei regresó al país luego de su gira por Europa e Israel. En su retorno, se prepara para firmar al menos 13 decretos con el objetivo de consolidar su programa de ajuste fiscal y reforma estatal.
Las medidas están listas para ser ejecutadas antes de que venzan las facultades delegadas que le otorgó la Ley Bases, previstas hasta el 8 de julio. Según fuentes oficiales, el Gobierno busca avanzar con la reorganización del Estado, incluyendo recortes presupuestarios, despidos y eliminación de entes descentralizados.
Organismos bajo revisión y reformas estructurales
Entre los cambios más importantes figura la reestructuración del INTA, con despidos, venta de inmuebles y un rediseño completo de su gestión. También están en análisis el Senasa, ANMAT, ANAC y el Instituto Nacional del Cáncer, que aún no tiene reglamentación vigente.
La Secretaría de Economía aplicará modificaciones en Transporte, Agricultura e Industria, con el foco puesto en reducir estructuras superpuestas y modernizar procesos.
Ajuste en números: menos empleados y salarios congelados
El Ministerio de Desregulación, liderado por Federico Sturzenegger, elaboró un informe que identifica 111 organismos bajo control del Ejecutivo, de los cuales 71 son descentralizados. Uno de los ejemplos mencionados es el Banco Nacional de Datos Genéticos.
La planta estatal se redujo de 322.000 a 292.000 empleados en el último año. Además, los salarios de funcionarios jerárquicos permanecen congelados desde diciembre, mientras persisten los reclamos de monotributistas.
Cuenta regresiva para las atribuciones extraordinarias
El tiempo apremia para el Ejecutivo, que busca firmar los decretos antes del 8 de julio. A partir de esa fecha, Milei perderá las herramientas legales que le permitieron sortear el Congreso en ciertos temas.
El futuro del Ministerio de Desregulación también está condicionado: sin facultades delegadas, su rol quedaría reducido a una función consultiva. “Sin estas herramientas, muchas de las reformas estructurales quedarán en pausa hasta que el oficialismo logre mayorías legislativas tras el recambio de diciembre”, advirtió Sturzenegger.
Condicionamientos políticos y posibles demoras
Aunque los decretos ya están redactados, el Gobierno analiza si postergar su anuncio debido al feriado y a la posible detención de Cristina Kirchner, lo que podría modificar el calendario previsto para su publicación oficial.
Coparticipación
El ajuste de Milei deja a La Rioja sin Juegos Evita: sin fondos, sin deportistas
La Rioja no podrá enviar delegación a la final de los Juegos Nacionales Evita 2026 en Mar del Plata. El gobierno de Quintela reconoció la imposibilidad económica mientras la Nación acumula una deuda de más de 1.300 millones de dólares con la provincia y la Corte Suprema ya intervino para intentar conciliar el conflicto.
Mientras el gobierno de Javier Milei recortó los fondos extracoparticipables a las provincias opositoras desde su primer día de gestión, La Rioja paga el costo con la exclusión de sus deportistas de los Juegos Nacionales Evita 2026, cuya final se disputará en Mar del Plata entre el 2 y el 7 de noviembre. El anuncio, formalizado el 1 de octubre por el secretario de Deportes, Recreación e Inclusión provincial, Jorge Córdoba, sorprendió a entrenadores que todavía analizaban cómo conformar sus equipos.
El secretario Córdoba reconoció la imposibilidad económica de afrontar los costos de traslado y manutención de la delegación. Lo que el contexto provincial vuelve inevitable es que esa imposibilidad tiene nombre y apellido: la sistemática retención de fondos coparticipables y transferencias no automáticas que el gobierno nacional lleva adelante hacia las provincias gobernadas por la oposición. La Rioja es, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la provincia donde más cayeron las transferencias no automáticas desde Nación, con una reducción interanual del 96% acumulada en el primer semestre de 2024.
Una deuda que la Corte tuvo que intervenir para visibilizar
El reclamo de la provincia no es nuevo ni menor. El gobernador Ricardo Quintela lleva años denunciando que la Nación acumula una deuda histórica con La Rioja por un punto de coparticipación del que fue despojada en 1988. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, ese porcentaje equivale a 621.000 millones de pesos que no fueron contemplados en el Presupuesto 2026. El total de la deuda acumulada, según el gobierno riojano, supera los 1.300 millones de dólares.
La disputa escaló a la justicia: la Corte Suprema convocó a una audiencia de conciliación entre representantes del gobierno de Quintela y del gobierno de Milei para abordar el litigio. El abogado de La Rioja ante el máximo tribunal es el exsenador Jorge Yoma, quien también se reunió en Casa Rosada con el jefe de Gabinete Guillermo Francos para discutir los 320 millones de dólares que la Nación reconoció como deuda con la provincia.
La situación llegó a su punto más crítico cuando La Rioja no pudo afrontar vencimientos de su deuda en dólares por 26,2 millones, una obligación que su propio ministerio de Hacienda atribuyó a las limitaciones generadas por la contracción de la economía argentina, la alta inflación, la devaluación de diciembre de 2023 y, fundamentalmente, el ajuste fiscal que cortó las transferencias desde Nación. Quintela fue explícito al señalar que Milei tomó a La Rioja y a la provincia de Buenos Aires como enemigos, en un escenario donde la paralización de la obra pública resultó fenomenal.
Los deportistas: el daño colateral del ajuste político
En ese marco de asfixia presupuestaria, la baja de La Rioja de los Juegos Evita 2026 no es un hecho aislado ni una falla de gestión provincial. Es la consecuencia directa y previsible de una política de castigo económico a las provincias opositoras que el gobierno libertario viene aplicando desde diciembre de 2023. El secretario Córdoba reconoció que los entrenadores de futsal masculino y femenino todavía no habían sido informados cuando él ya sabía que la provincia no iba a participar, una situación que da cuenta del golpe abrupto que significó la decisión.
La exclusión de La Rioja se suma a una tendencia más amplia. En la edición 2025 de los Juegos Evita, siete provincias, entre ellas Buenos Aires y varias patagónicas, amenazaron con no participar porque el gobierno nacional ofreció cubrir solo el 20% de los gastos de traslado, alojamiento y comida, cuando la ley 26.462 garantizaba históricamente el financiamiento pleno de las delegaciones provinciales. El diputado provincial Gustavo Pulti calculó que, para sostener los juegos con la misma inversión que en 2023 actualizada por inflación, la Nación debería destinar 779 millones de pesos, una cifra que el gobierno de Milei simplemente decidió no garantizar.
Mientras tanto, provincias aliadas al gobierno nacional, como Santa Fe, que se consagró bicampeona en los Juegos Evita 2025 con 327 deportistas, pudieron mantener sus delegaciones sin las restricciones que enfrentan los distritos opositores. La brecha entre las provincias que reciben el respaldo de Nación y las que son tratadas como adversarios políticos se traduce, en el deporte, en chicos y chicas que no pueden competir.
Atacalar suspendido: el ajuste regional también golpea
La baja de los Juegos Evita no fue el único golpe deportivo de la semana para La Rioja. El secretario Córdoba también informó la suspensión de los Juegos Atacalar, el certamen regional que reúne a representaciones de La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero y la provincia chilena de Atacama. La organización estaba a cargo de Catamarca, y desde ese distrito llegó la comunicación de la cancelación por razones económicas. El cuadro es el mismo en toda la región: el ajuste de la administración libertaria no reconoce fronteras provinciales cuando los fondos dejan de llegar.
La provincia procura mantener la participación en los Juegos Urbanos Argentinos y en los Juegos HAGAR Junior, señalados como alternativas para deportistas en proyección. Pero la escala y el alcance de los Juegos Evita no tienen equivalente: la edición 2025 reunió a más de 8.600 participantes de todo el país en 40 disciplinas. Para los jóvenes deportistas riojanos que venían preparándose, la baja no es un trámite administrativo; es la clausura de una oportunidad que no se repite.
Quintela, marginado de las reuniones que la Casa Rosada extendió a los gobernadores más alineados con el gobierno nacional, sigue la misma estrategia que Axel Kicillof en Buenos Aires: denunciar la discriminación presupuestaria y pelear en los tribunales lo que no se obtiene en la mesa de negociación. Pero mientras los pleitos judiciales avanzan a ritmo de expediente, son los deportistas los que pierden su lugar en la largada.
Lo que tenés que saber:
- La Rioja no participará de los Juegos Nacionales Evita 2026 por falta de recursos para costear el traslado y la manutención de la delegación.
- La Nación acumula una deuda con La Rioja que el gobierno de Quintela estima en más de 1.300 millones de dólares, incluyendo fondos de coparticipación retenidos desde 1988.
- La Corte Suprema convocó a una audiencia de conciliación entre la provincia y el Estado nacional por el litigio del punto de coparticipación despojado en 1988.
- Los Juegos Atacalar, certamen regional del Norte Grande, también fueron suspendidos por problemas económicos.
- En 2025, siete provincias opositoras amenazaron con no participar en los Juegos Evita porque el gobierno nacional solo ofreció cubrir el 20% de los gastos de las delegaciones.
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