Lo que tenés que saber:

• La Justicia porteña resolvió que la seguridad en la marcha de jubilados la coordine el gobierno de CABA.
• El juez Roberto Gallardo falló a favor de un amparo presentado por la UTEP y la CGT.
• Se rechaza la intervención de las fuerzas federales en el operativo.
• La marcha está prevista para el miércoles 9 de abril, en las cercanías del Congreso.
• El fallo subraya la autonomía de la Ciudad y cuestiona la actuación del gobierno nacional en operativos de seguridad.

La Justicia porteña otorga control del operativo de seguridad a la Ciudad para la marcha de jubilados

El miércoles 9 de abril, jubilados y gremios de la Confederación General del Trabajo (CGT) se movilizarán en la Ciudad de Buenos Aires, como parte de un reclamo previo al paro general convocado para el 10 de abril. Sin embargo, la seguridad de la marcha, que en principio estaba a cargo de las fuerzas federales, será ahora responsabilidad del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Esta decisión fue tomada por la Justicia porteña, que resolvió que el gobierno de Jorge Macri asuma el operativo, en virtud de la autonomía de la Ciudad.

La intervención judicial en la seguridad pública de CABA

El fallo fue emitido por el Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 2, a cargo del juez Roberto Gallardo. En su decisión, Gallardo hizo lugar a un amparo presentado por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la CGT. La medida asegura que las fuerzas federales, bajo la dirección de la ministra Patricia Bullrich, no podrán intervenir en el operativo sin que se respeten las limitaciones y el marco establecido por la Ley de Seguridad Interior.

El juez subrayó que la Ciudad de Buenos Aires tiene la potestad de organizar y coordinar los operativos de seguridad dentro de su territorio. A su vez, Gallardo ordenó que la Policía de la Ciudad sea la encargada de garantizar el orden público durante la manifestación, evitando así la participación de las fuerzas federales en esta movilización.

El contexto de la movilización y el fallo judicial

El fallo destaca la importancia de garantizar los derechos constitucionales de los manifestantes, en particular, el derecho de reunión y de expresión. En su escrito, Gallardo expone que el riesgo de que se vulneren estos derechos es «razonablemente previsible», citando incidentes previos en protestas, donde la intervención de las fuerzas federales derivó en situaciones de violencia, incluyendo ataques a periodistas.

«El riesgo invocado -lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión, sopesado en la opresión de la autonomía de la CABA- no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros», señaló el juez.

El amparo y los argumentos de UTEP y la CGT

En su amparo, la UTEP, la CGT y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) argumentaron que el Gobierno de la Ciudad tiene su propia fuerza de seguridad, la Policía de la Ciudad, la cual está capacitada para hacer frente a situaciones de movilización. Además, sostuvieron que la intervención de fuerzas federales no es necesaria, ya que la seguridad pública es competencia local según la Constitución Nacional.

El amparo también subrayó que el gobierno porteño no adhirió al Protocolo Nacional de Seguridad implementado por Bullrich, el cual establece bajo qué condiciones pueden intervenir las fuerzas federales en CABA. A pesar de este protocolo, el juez Gallardo ordenó que la Policía de la Ciudad se encargue del operativo sin la intervención de fuerzas nacionales.

Impacto del fallo y reacciones en la Ciudad

El fallo también hace hincapié en la importancia de garantizar la libertad de los manifestantes para movilizarse sin temor a represalias o a restricciones excesivas en su derecho a protestar. Además, insta a las autoridades porteñas a asegurar que la movilización se desarrolle de forma pacífica y ordenada, sin la presencia de fuerzas federales que puedan alterar la dinámica de la protesta.