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Un DNU peligroso: el Gobierno recorta descansos a pilotos y tripulaciones aéreas para “atraer inversiones”

El Decreto presidencial 378/2025 modifica condiciones laborales de pilotos y tripulantes, reduciendo tiempos de descanso y aumentando las horas anuales de vuelo. La medida apunta a «desburocratizar» el sistema, pero sindicatos denuncian un ataque directo a derechos laborales en beneficio del mercado.

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El Argentino Diario-Pilotos en cabina de vuelo.
Imagen ilustrativa generada con IA.

Una reforma aérea con destino empresarial

El Gobierno de Javier Milei publicó este martes en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 378/2025, que modifica las condiciones laborales de pilotos y tripulantes de cabina bajo el argumento de alinear la normativa nacional con los estándares de la FAA (Administración Federal de Aviación de Estados Unidos).

La decisión, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, representa un nuevo avance de la política de desregulación total en sectores clave, esta vez sobre la aviación comercial.

Según el comunicado oficial, “la nueva normativa se formuló en base a lineamientos técnicos aeronáuticos, despojándola de connotaciones gremiales o políticas que han obrado en perjuicio de la industria”. Sin embargo, el trasfondo es claro: eliminar beneficios laborales históricos para «abaratar costos» y «estimular la competencia» en el sector aerocomercial argentino.

Vuelan los derechos: qué cambia y a quién afecta

Las modificaciones más significativas del DNU son:

  • Reducción del descanso semanal obligatorio: pasa de 36 a 30 horas, en línea con la normativa estadounidense.
  • Aumento de las horas de vuelo anuales permitidas: de 800 a 1000, lo que representa un incremento del 25%.
  • Reducción de las vacaciones anuales: de 30 días consecutivos (más 15 de ley) a tan solo 15 días.
  • Exclusión del tiempo de traslado y espera como jornada laboral, lo que reduce el pago efectivo por horas trabajadas.

Estas medidas se aplican al transporte aéreo regular y no regular de pasajeros, pero quedan excluidos el taxi aéreo, vuelos en helicóptero, transporte de carga y tareas aéreas específicas, que seguirán regulados por disposiciones de la ANAC.

El Gobierno celebró la reforma como un paso hacia la «eficientización de recursos» y la apertura del mercado para nuevas compañías e inversiones extranjeras. Sin embargo, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y otros sindicatos consideran que la norma apunta a «flexibilizar sin límite» las condiciones de trabajo, especialmente en Aerolíneas Argentinas, la principal empresa estatal del sector.

El conflicto gremial ya está en pista

La publicación del DNU se dio en un contexto caliente. La APLA, gremio que nuclea a los pilotos comerciales, ya había convocado a un paro nacional para el próximo 10 de junio en reclamo de mejoras salariales. La nueva norma no hizo más que tensar aún más la relación entre el Gobierno y los trabajadores aeronáuticos.

Fuentes gremiales consultadas por medios especializados como Aviación News y Perfil señalaron que “la norma busca destruir conquistas gremiales históricas”, y advirtieron que podrían intensificarse las medidas de fuerza si no hay una reapertura del diálogo.

Desde el Ejecutivo no dieron señales de frenar o revisar el decreto. Por el contrario, en línea con el discurso libertario, se insiste con que las “libertades” del mercado deben estar por encima de las regulaciones laborales, una lógica que ya se vio en otros sectores como el ferroviario, el portuario y la energía.

El plan de cielos abiertos en clave libertaria

La reforma se inscribe dentro del plan de «cielos abiertos» impulsado desde el inicio de la gestión Milei, que busca atraer operadores low cost y empresas extranjeras con condiciones laborales más laxas y menor carga regulatoria.

Aerolíneas Argentinas, por su parte, aparece nuevamente en el centro de la escena. El oficialismo la acusa de «ineficiencia» y «privilegios sindicales», mientras crece el rumor sobre una posible privatización o vaciamiento, tema que ha sido recurrente en declaraciones de funcionarios y documentos oficiales del Gobierno.

Organismos internacionales, como la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) y la propia FAA, advierten que la reducción de tiempos de descanso y el aumento de horas de vuelo pueden comprometer la seguridad operacional, especialmente si no se acompañan con controles rigurosos.

En ese marco, Argentina se alinea con un modelo que prioriza la lógica de mercado por sobre la de los derechos laborales y la seguridad aérea, un rumbo que despierta fuertes críticas y que seguramente será debatido en el Congreso y en la calle.

Una reforma que desatiende al factor humano

La modificación por decreto de las condiciones laborales en el sector aerocomercial refuerza el patrón del Gobierno de Milei: avanzar con desregulaciones unilaterales, sin diálogo con los trabajadores ni evaluaciones de impacto social.

Aunque se presente como una medida técnica y necesaria para modernizar la aviación argentina, el recorte de derechos y el debilitamiento del marco regulatorio laboral plantean interrogantes profundos sobre el modelo de país que se está construyendo desde el aire.

Puntos clave:

  • El DNU 378/2025 modifica por decreto los tiempos de descanso, vacaciones y horas de vuelo del personal aeronáutico.
  • Las medidas se justifican por el Gobierno como una forma de alinear la normativa con estándares internacionales y atraer inversiones.
  • Gremios denuncian un recorte de derechos laborales históricos y advierten sobre posibles conflictos.
  • La norma excluye al taxi aéreo, vuelos en helicóptero y transporte de carga.
  • El cambio ocurre a días de un paro nacional de pilotos convocado por APLA.

Gremiales

El Consejo del Salario fracasó: la CGT pidió $911.000, empresarios ofrecieron $400.000 y decide el Gobierno

La CGT reclamó un piso de $911.000 y los empresarios ofrecieron apenas $400.000, frente a un SMVM actual de $376.600. Ante el fracaso de la negociación, la Secretaría de Trabajo tomará la decisión unilateralmente. El secretario de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció que el organismo es «una puesta en escena» y que el salario mínimo quedó en niveles de indigencia.

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El Argentino Diario-Salario-Billetes.
El salario mínimo que no existe: sin acuerdo en el Consejo, el Gobierno vuelve a decidir solo cuánto ganan los que menos tienen.

El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil sesionó este viernes sin llegar a un acuerdo para fijar el nuevo monto del salario mínimo, y la definición quedará en manos del Gobierno nacional, que lo establecerá por resolución propia. La brecha entre las posiciones de trabajadores y empleadores resultó tan pronunciada que no hubo margen para ningún punto de encuentro: los gremios nucleados en la CGT y las dos CTA reclamaron un piso de $911.000, mientras que los representantes empresariales ofrecieron $400.000, poco más del doble del valor vigente.

El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se encuentra actualmente en $376.600, cifra que resulta del cronograma de ajustes fijado en la reunión del organismo de noviembre de 2025. Ese valor funciona como referencia no solo para determinar una remuneración básica, sino también para el cálculo de una serie de programas sociales, prestaciones y subsidios, lo que convierte a la discusión en un asunto que excede el ámbito estrictamente salarial.

La intención del Gobierno: salarios de bolsillo cerca de $800.000

Detrás de la reunión virtual de este viernes flotaba una señal que la Secretaría de Trabajo hizo trascender en las horas previas: el Gobierno nacional busca que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los $800.000, lo que equivaldría a un bruto de aproximadamente $1.100.000. Ese objetivo, sin embargo, no formó parte de la agenda formal del encuentro y quedó como un telón de fondo no discutido durante la jornada.

El encuentro se realizó de manera virtual, a través de Zoom, pese al reclamo expreso de la CGT de la semana pasada para retornar a la presencialidad. El Gobierno rechazó ese pedido, sosteniendo el formato remoto que viene utilizando en el último período. La decisión fue leída por los sectores sindicales como una señal más de la desjerarquización del espacio de negociación.

Por el sector empleador participaron Juan José Etala, José Luis Zapata y Horacio Martínez, en representación de la Unión Industrial Argentina (UIA), junto a Ricardo Diab y Juan Massi, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Por los trabajadores, estuvieron Jorge Solá, Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Luna Villar por la CGT, y Claudio Mani, Hugo Yasky, Hugo Godoy y Ricardo Peidro por las dos CTA. Todos los sectores contaron con sus asesores técnicos durante la sesión.

Aguiar: «El Consejo del Salario es inservible»

La voz más dura tras el cierre de la sesión fue la del secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, quien no escatimó adjetivos para describir el estado del organismo. Según el dirigente, los representantes empresariales propusieron un aumento de apenas 1,8% para septiembre y 1,7% mensual de ahí hasta abril, una suba que calificó de burla frente al costo de vida.

«Este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio», sostuvo Aguiar en un comunicado. El dirigente estatal apuntó directamente contra la naturaleza del espacio: «El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación.»

Aguiar fue aún más contundente al referirse al funcionamiento estructural del organismo: «El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne solo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno», afirmó. Y cerró con una advertencia: «Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer.»

Un organismo sin acuerdos hace más de dos años

La situación de este viernes no es una anomalía coyuntural sino la regla que se consolidó durante la gestión de Javier Milei. El Consejo del Salario no logra un acuerdo genuino entre partes hace más de dos años, y en cada oportunidad la brecha entre las posiciones sindicales y empresariales deriva en una definición unilateral del Ejecutivo. Ese patrón repetido convierte al organismo, creado para garantizar que el piso salarial se fije mediante el diálogo tripartito, en un trámite formal sin incidencia real sobre el resultado.

El SMVM vigente de $376.600 se obtiene tras una serie de actualizaciones que, en términos reales, no han logrado recuperar el poder adquisitivo perdido desde el inicio del programa de ajuste. La diferencia entre los $911.000 que reclamaron los sindicatos, los $400.000 que ofrecieron los empresarios y los $376.600 actuales resume con precisión la disputa: quién absorbe el costo de la estabilización y en qué medida los trabajadores de menores ingresos son forzados a financiarla con su capacidad de consumo.

Puntos clave

  • El SMVM vigente es de $376.600, fijado por el cronograma acordado en noviembre de 2025.
  • La CGT reclamó $911.000 y los empleadores ofrecieron $400.000, sin punto de encuentro posible.
  • El Gobierno definirá el nuevo monto por resolución propia, reiterando el patrón de los últimos dos años.
  • Rodolfo Aguiar (ATE) calificó al organismo de «inservible» y denunció que los empresarios propusieron aumentos de apenas 1,8% mensual.
  • La Secretaría de Trabajo hizo trascender que el Gobierno busca salarios de bolsillo cercanos a $800.000, equivalentes a un bruto de $1.100.000.
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