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Presidencia

Recorte en la comunicación oficial: el Gobierno disolvió la Secretaría de Prensa

El Ejecutivo eliminó el área tras la renuncia de Eduardo Serenellini, su ex titular. La medida, anunciada como una «optimización», trasladó sus funciones bajo el manto de Adorni.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni.

El Gobierno de Javier Milei formalizó este martes la disolución de la Secretaría de Prensa de la Presidencia, creada en 2023. A través del Decreto 58/2025, publicado en el Boletín Oficial, se determinó que sus funciones quedarán bajo la órbita de la Secretaría de Comunicación y Medios, a cargo del vocero oficial Manuel Adorni.

El texto argumentó que la decisión busca «optimizar la gestión de gobierno» y aseguró que los trabajadores mantendrán sus puestos, con reasignación presupuestaria. Adorni, quien ya adelantó la medida en X (ex Twitter), consolidó su rol como eje único de la comunicación oficial.

Adorni y la concentración de poder

La fusión ocurre en un contexto de reducción estatal: desde diciembre de 2023, el Gobierno eliminó 12 de 18 secretarías heredadas. Para el analista político Roberto Izurieta, consultado sobre el tema, «esto no es solo austeridad: es un control centralizado del relato. Adorni pasa a ser el filtro único entre Milei y la prensa».

El decreto también confirmó que Adorni y otros tres secretarios tendrán «rango y jerarquía de ministro», aunque sin cartera específica. Una fuente oficial admitió que «se busca evitar filtraciones y mensajes contradictorios».

La salida de Serenellini

La medida siguió a la renuncia de Eduardo Serenellini, secretario de Prensa desde diciembre de 2023. Su dimisión, formalizada por el Decreto 48/2025 el 31 de enero, se justificó por «razones personales», aunque rumores internos citaron diferencias con Adorni. Serenellini había ascendido en septiembre de 2024 a Comunicación y Medios, pero luego perdió atribuciones, tras una reestructuración.

En cambio, Adorni acumula poder desde que asumió como vocero en diciembre de 2023. En 2024, su área pasó a depender directamente de la Presidencia, y ahora suma el control de la agenda diaria de prensa, comunicación y medios.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) ya había emitió un comunicado alertando sobre «opacidad en el acceso a información pública». Datos de la ONG Directorio Legislativo muestran que, en 2024, solo el 34% de las solicitudes de información al Ejecutivo recibieron respuesta completa, frente al 61% en 2023.

Desde la oposición, la ex portavoz Gabriela Cerruti (Unión por la Patria) aseguró que “es un intento de silenciar voces críticas”. “Adorni repite consignas, no informa”, sentenció. Mientras que gremios de prensa exigieron garantías para los 150 empleados transferidos, aunque el decreto aseguró su continuidad laboral.

Puntos clave del corte de la Secretaria de comunicación:

  • Milei eliminó la Secretaría de Prensa y centralizó su gestión en Manuel Adorni.
  • El decreto mantiene empleados pero concentra poder comunicacional en una figura.
  • Expertos y oposición alertan sobre riesgos de opacidad y control narrativo.
  • La renuncia de Serenellini profundizó tensiones internas en el Gobierno.

Educación

Paro universitario: docentes presionan al Gobierno por salarios y fondos

CONADU y sindicatos del sector realizarán una medida nacional el 27 y 28 de agosto. Reclaman recursos para las instituciones públicas y una actualización de haberes, mientras sigue la controversia política y judicial por la normativa vigente.

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La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) confirmó un paro nacional de 48 horas para el 27 y 28 de agosto.

La medida cuenta con el respaldo de distintos sindicatos universitarios, entre ellos FEDUBA, y se inscribe en un conflicto que combina reclamos salariales con cuestionamientos por el financiamiento de las universidades públicas.

El frente sindical exige además que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación permanece en disputa luego de su ratificación por parte del Congreso tras el veto presidencial.

El financiamiento universitario es uno de los ejes del conflicto

Los gremios sostienen que las universidades no están recibiendo las transferencias presupuestarias previstas por la legislación ratificada por el Poder Legislativo.

Según el planteo sindical, la falta de esos recursos afecta los gastos necesarios para el funcionamiento cotidiano de las instituciones y también partidas destinadas a salarios y becas estudiantiles.

El reclamo se desarrolla en paralelo con una disputa judicial, debido a la existencia de fallos que ordenan el cumplimiento de la normativa.

Los sindicatos reclaman una nueva negociación salarial

El otro eje central de la protesta es la situación de los haberes docentes.

La conducción sindical cuestiona que las actualizaciones salariales otorgadas durante los últimos meses hayan sido definidas de manera unilateral y sin una reapertura de la paritaria formal.

Las entidades gremiales sostienen que los incrementos quedaron por debajo de la inflación acumulada y calculan una pérdida cercana al 30% del poder adquisitivo desde diciembre de 2023.

Para recuperar el nivel de compra de ese período, los sindicatos estiman que sería necesario un aumento superior al 50% sobre los salarios actuales.

La pérdida salarial afecta especialmente a las dedicaciones simples

De acuerdo con el reclamo sindical, el deterioro de los ingresos golpea con mayor intensidad a quienes tienen dedicaciones simples y semi-exclusivas.

Las dificultades también alcanzan a los cargos de dedicación exclusiva y se vinculan, según las organizaciones, con la pérdida de profesionales que optan por oportunidades laborales mejor remuneradas.

Representantes del sistema universitario advierten sobre la migración de docentes e investigadores con formación de posgrado hacia el sector privado o instituciones del exterior.

Universidades advierten por la salida de investigadores

La brecha salarial con otros ámbitos laborales es señalada como uno de los factores que favorecen el desplazamiento de profesionales altamente calificados.

Según las autoridades y representantes universitarios, esta situación impacta en la capacidad de las instituciones para sostener equipos de investigación, proyectos científicos y tecnológicos y actividades académicas.

El conflicto, por lo tanto, abarca tanto las condiciones laborales de los docentes como los recursos disponibles para el funcionamiento del sistema universitario.

Los gremios podrían profundizar las medidas

El paro de agosto se concretará mientras continúa la controversia por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.

Las organizaciones sindicales advirtieron que podrían profundizar el plan de lucha si no reciben respuestas concretas del Poder Ejecutivo.

La medida de 48 horas quedó establecida para el 27 y 28 de agosto, con reclamos vinculados al financiamiento universitario, los salarios docentes y el cumplimiento de la legislación vigente.

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