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Medios

El Gobierno prorrogó la intervención de los medios públicos y Educ.ar

La prórroga ratifica la política oficial de desmantelamiento de los medios públicos. La agencia estatal dejó de operar como medio periodístico y pasó a ser una agencia de publicidad.

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El presidente Javier Milei prorrogó por un año la intervención de varias empresas estatales, incluidas Educ.ar, Radio y Televisión Argentina (RTA), Contenidos Públicos y la Agencia de Publicidad del Estado (ex-Télam). La medida se oficializó este martes a través de las decisiones administrativas 4 y 5, firmadas por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Prórroga en la intervención de Educ.ar

La decisión administrativa 4 extendió la intervención de Educ.ar SAU, sucesora de Educ.ar Sociedad del Estado, cuya gestión quedó en manos de Gastón Martín en febrero de 2024. Según el Gobierno, la medida responde a «la complejidad de la tarea encomendada» y busca «optimizar la eficacia y eficiencia» del organismo.

Educ.ar es una plataforma digital creada en 2000 con el objetivo de desarrollar contenido educativo y tecnológico para el sistema escolar argentino. Desde la llegada de Milei, el área de educación ha sufrido fuertes recortes y modificaciones en su estructura.

Los medios públicos siguen bajo intervención

La decisión administrativa 5 amplió por un año la intervención de RTA SAU, Contenidos Públicos y la Agencia de Publicidad del Estado. Desde julio de 2024, la administración de estos medios está a cargo de Eduardo González, quien además dirige la ex-Télam. Hasta el momento, el Gobierno no designó nuevas autoridades para estas empresas.

La prórroga ratifica la política oficial de desmantelamiento de los medios públicos. En julio, el Ejecutivo ya había decretado que Télam dejaría de funcionar como agencia de noticias para convertirse en un organismo de publicidad y propaganda estatal. La decisión generó un fuerte rechazo por parte de trabajadores y organizaciones del sector, que denunciaron un intento de censura y un ataque a la libertad de prensa.

Debate legislativo sobre seguridad y justicia

Mientras el Gobierno avanza en su estrategia de intervención en empresas estatales, el Congreso discutirá este jueves proyectos clave de reforma judicial. Entre ellos, se tratarán modificaciones al Código Procesal Penal sobre reiterancia delictiva y el Juicio en Ausencia, una figura que permitiría juzgar a personas sin su presencia en el tribunal.

Ambos proyectos forman parte de la agenda de seguridad impulsada por el oficialismo y buscan endurecer las penas para delitos graves. Sin embargo, organismos de derechos humanos advierten que el Juicio en Ausencia podría vulnerar garantías constitucionales.

Libertad de prensa

El Senado vota el ascenso del general que denunció periodistas y tomó Olivos

El pliego de Sebastián Ibáñez, jefe de la Casa Militar y hombre de máxima confianza de Karina Milei, figura en el temario de la sesión de hoy. Llega con una denuncia contra periodistas que la Justicia desestimó, una investigación por compras en la flota presidencial y una interna abierta con el ministro de Defensa, Carlos Presti.

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Ibáñez firmó en abril la denuncia penal contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno, que derivó en el cierre de la sala de prensa.

El militar que firmó la denuncia penal contra dos periodistas de televisión, que dejó sin acceso a la Casa Rosada a todo el cuerpo de prensa acreditado y que se quedó con la custodia de la Quinta de Olivos está a un paso de una nueva estrella. El Senado tiene previsto tratar este jueves el pliego que lo convertiría en general de división, a un solo escalón del grado máximo del Ejército.

Se trata de Sebastián Ignacio Ibáñez, jefe de la Casa Militar, el organismo que depende de la Secretaría General de la Presidencia que conduce Karina Milei. El Poder Ejecutivo pidió el acuerdo de la Cámara alta mediante el Mensaje 138/26, que solicita promoverlo de general de brigada al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2025. El pliego quedó incluido en el temario que acordaron los jefes de bloque en la reunión de Labor Parlamentaria presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, para la sesión convocada desde las 11, junto con las leyes de discapacidad, propiedad privada y el Tratado sobre Patentes.

Un pliego que viajó con los jueces

El expediente no ingresó con el paquete habitual de ascensos militares, sino junto a un lote de pliegos de jueces enviados por el Ejecutivo para cubrir vacantes. En junio obtuvo dictamen en la Comisión de Acuerdos en un trámite exprés. Su presidente, el senador libertario Juan Carlos Pagotto, explicó entonces que la reunión fue breve porque «ningún senador pidió la palabra, nadie se opuso».

Ibáñez llegó a la Casa Militar en marzo de 2024, elegido por Karina Milei tras la salida de Alejandro Guglielmi. Antes había comandado la V Brigada de Montaña, con asiento en Salta. Si el recinto aprueba el pliego, solo le restaría el grado de teniente general, el más alto de la fuerza. La promoción funciona, en los hechos, como el reconocimiento político a uno de los hombres más leales del círculo íntimo de la secretaria general de la Presidencia.

La denuncia contra periodistas que la Justicia desestimó

En abril, Ibáñez firmó la denuncia penal contra la conductora Luciana Geuna y el periodista acreditado Ignacio Salerno, del programa «¿Y mañana qué?», por un informe emitido el 19 de abril con imágenes de pasillos y despachos de Balcarce 50. La presentación encuadró el caso en los artículos 222 y 223 del Código Penal, que prevén penas de uno a seis años de prisión por obtención o revelación de secretos políticos o militares, y quedó en el juzgado federal de Ariel Lijo.

Al día siguiente, el Gobierno quitó las huellas dactilares a todos los periodistas acreditados y cerró la sala de prensa durante diez días, una medida que afectó a unos 60 trabajadores de prensa. El presidente Javier Milei llamó a los periodistas «basuras repugnantes» y «delincuentes» desde sus redes sociales. Cuando la sala reabrió, lo hizo bajo un nuevo protocolo diseñado por la Casa Militar, con vidrios esmerilados y prohibición de circular por áreas comunes del edificio.

Meses después, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió desestimar la denuncia. El argumento de la «seguridad de la Nación» con el que se justificó el veto más amplio a la prensa acreditada desde el regreso de la democracia no resistió el examen judicial.

Olivos, bajo control militar

En septiembre, Milei desplazó al intendente de la Quinta de Olivos, Osvaldo Sosa, y la Casa Militar asumió la seguridad y la administración integral de la residencia presidencial. El Gobierno lo justificó por razones de seguridad y por filtraciones sobre la intimidad del Presidente. En la misma reestructuración quedó afuera María Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General y cercana a Karina Milei, luego reubicada en el Correo Argentino.

El reordenamiento dejó 12 trabajadores despedidos, que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) logró reincorporar días después. La diputada Marcela Pagano denunció públicamente que Agudiez había ubicado a familiares en distintas áreas de la residencia con la colaboración de Ibáñez; se trata de una acusación de la legisladora, sin determinación judicial. Hoy la administración diaria de Olivos está a cargo de Fernando Tereso, pero la custodia sigue en manos del jefe de la Casa Militar.

La investigación por las compras de la flota presidencial

El ascenso llega mientras la Justicia investiga presuntas irregularidades en compras y contrataciones de la Agrupación Aérea Presidencial, que pasó a depender de la Casa Militar. Según una investigación periodística basada en testimonios, documentos y audios, bajo la lupa están Ibáñez, la exresponsable de la Dirección General de Logística Florencia Gastaldi y el expiloto presidencial Juan Pablo Pinto.

De acuerdo con esa versión, se habrían pagado sobornos de al menos el 10% en licitaciones de repuestos, mantenimiento de aviones, vehículos y alquiler de vallas para actos presidenciales. Uno de los casos señalados es la compra de un Embraer ERJ-140LR a la firma Regional One Inc. por 4.085.000 dólares, cuando una aeronave similar fue cotizada después en 2.300.000. El Senado se dispone a premiar a un funcionario cuya área está bajo sospecha judicial, sin que se haya informado ningún avance que lo despeje.

La interna con Presti

El pliego también expone una disputa dentro del área militar del Gobierno. Según trascendió, tras la salida de Luis Petri del Ministerio de Defensa a fines de 2025 para asumir su banca en Diputados, Ibáñez buscó quedarse con la jefatura del Ejército. El nuevo ministro, Carlos Presti, habría frenado esa jugada y puesto al frente de la fuerza al general Oscar Zarich, su compañero de promoción en el Colegio Militar.

Con el ascenso a general de división, Ibáñez quedaría mejor posicionado en esa pulseada. La carrera de un oficial que debería definirse por los mecanismos de la fuerza aparece atada, otra vez, a la lealtad personal con la hermana del Presidente.

Lo que tenés que saber:

  • El Senado tiene en el temario de este jueves el pliego para ascender a Sebastián Ibáñez, jefe de la Casa Militar, de general de brigada a general de división.
  • El pedido (Mensaje 138/26) ingresó junto a pliegos de jueces y obtuvo dictamen en junio sin objeciones en la Comisión de Acuerdos.
  • Ibáñez firmó en abril la denuncia penal contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno, que derivó en el cierre de la sala de prensa; el fiscal Gerardo Pollicita pidió desestimarla.
  • Desde septiembre, la Casa Militar controla la seguridad de la Quinta de Olivos tras el desplazamiento de su intendente.
  • La Justicia investiga presuntas irregularidades en compras de la Agrupación Aérea Presidencial, que depende de la Casa Militar.
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