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Fernández se refirió a la segmentación de subsidios para lograr «tarifas razonables»
Asimismo, trascendió que el Gobierno pondría en marcha la segmentación de tarifas, que en una etapa inicial alcanzaría a alrededor de 500.000 usuarios con viviendas ubicadas en zonas de alto valor fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
La segmentación de los subsidios busca «lograr niveles de tarifas razonables, con justicia y equidad distributiva» para los servicios públicos, afirmó este martes el presidente Alberto Fernández al hablar ante la Asamblea Legislativa en la apertura del período 140° de sesiones ordinarias del Congreso nacional.
Tras remarcar que «en Argentina se acabaron los tarifazos», el Presidente explicó: «Vamos a segmentar los subsidios para lograr niveles de tarifas razonables, con justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad».
Por eso, precisó, «en principio, apuntamos a que el 10% de mayor capacidad económica deje de ser beneficiario de subsidios». «Para el resto de los usuarios, nuestra política se inspirará en la Ley 27.443 votada en este Congreso de Nación en el año 2018 y vetada por el entonces presidente Mauricio Macri», amplió.
Según recordó el Presidente, esa normativa -que declaraba la Emergencia Tarifaria hasta el 31 de diciembre de 2019- establecía que «las tarifas sólo podrían incrementarse teniendo como tope el Coeficiente de Variación Salarial».
La ley vetada por el expresidente Macri retrotraía los aumentos de luz, gas y agua a noviembre de 2017 y prohibía su actualización por encima del índice de variación salarial hasta 2019 para los usuarios residenciales y el de precios mayoristas para las pymes, al tiempo que disponía que las empresas concesionarias de los servicios deberían devolver lo que se cobró de más al momento de sanción de la ley.
«Lo que nosotros haremos será utilizar ese mismo indicador, pero estableciendo que la evolución de las tarifas estará claramente por debajo de la evolución de los salarios», remarcó. Así, consideró, «alineamos el tema de las tarifas con una política clara para recomponer los ingresos en términos reales».
En los últimos días, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) autorizó una adecuación tarifaria para 2022 que tendrá un impacto en las Personas Usuarias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de 22% promedio.
Y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aprobó los cuadros tarifarios de transición para las nueve distribuidoras y las dos transportadoras con 20% de incremento para usuarios residenciales y 15% para pymes.
Asimismo, trascendió que el Gobierno pondría en marcha la segmentación de tarifas, que en una etapa inicial alcanzaría a alrededor de 500.000 usuarios con viviendas ubicadas en zonas de alto valor fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
«El programa de segmentación irá avanzando sobre el universo de usuarios que están en condiciones de afrontar el pago pleno de la energía, quitando el subsidio que existe en la actualidad», ratificaron las fuentes, quienes recordaron que «el 60% de la tarifa en el AMBA está hoy subsidiada».
«En una primera etapa, (la segmentación tarifaria) solo afectará al 10 por ciento de los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los 24 municipios del conurbano que la rodean», detallaron.WAS99F En la segmentación se utilizará el parámetro de las valuaciones de las viviendas en las que se prestan los servicios.
En el caso de la electricidad, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) definirá «polígonos geográficos» en los que irá removiendo las subvenciones.
A modo de ejemplo dijeron que en la Ciudad de Buenos Aires pagarán tarifa plena los que vivan en propiedades donde el metro cuadrado supere los US$3700; en tanto que en la provincia de Buenos Aires dejarán de percibir la asistencia los barrios cerrados, la actividad financiera y los emprendimientos relacionados con el juego.
Gremiales
El Gobierno fijó el salario mínimo por decreto: subirá escalonado de $383.800 a $437.000 hasta abril de 2027
Sin acuerdo en el Consejo del Salario, el Ejecutivo volvió a actuar de manera unilateral y estableció aumentos escalonados que llevarán el piso salarial de $383.800 en septiembre a $437.000 en abril del año próximo, una suba de apenas $60.400 en ocho meses que profundiza la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde diciembre de 2023.
La Resolución 4/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial estableció los nuevos valores del Salario Mínimo Vital y Móvil con aumentos escalonados desde septiembre de 2026 hasta abril de 2027. La medida fue firmada por Claudia Silvana Testa, presidente alterna del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, y llega como consecuencia directa del fracaso de las negociaciones del 28 de agosto, cuando los representantes sindicales y empresariales no lograron consenso en la sesión plenaria.
El texto oficial reconoció que en esa instancia se presentaron propuestas de ambas partes pero que, «luego de un extenso intercambio de opiniones, no se logró alcanzar un acuerdo». La brecha entre posiciones era elocuente: la CGT reclamaba un piso de $911.000, mientras los representantes empresariales ofrecieron $400.000, apenas por encima del mínimo entonces vigente de $376.600.
Un ajuste de laboratorio que no llega a los bolsillos
La escalera fijada por el Ejecutivo contempla subas mensuales de entre $7.200 y $7.400 pesos, un goteo que resulta irrisorio frente a la dinámica de precios de los últimos meses. Los nuevos valores mensuales y por hora quedan establecidos de la siguiente manera: septiembre de 2026, $383.800 ($1.919 la hora); octubre, $391.200 ($1.956); noviembre, $398.800 ($1.994); diciembre, $406.400 ($2.032); enero de 2027, $414.200 ($2.071); febrero, $422.000 ($2.110); marzo, $429.600 ($2.148); y abril, $437.000 ($2.185).
La escala rige para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo, el Régimen de Trabajo Agrario, la Administración Pública Nacional y el conjunto de entidades y organismos del Estado Nacional que actúen como empleador.
El dato que el Gobierno prefiere no destacar lo aporta el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP UBA-CONICET): entre noviembre de 2023 y julio de 2026, el SMVM real acumuló una caída del 40,5%. Los aumentos ahora dispuestos, incluso sumados en su totalidad, no alcanzan a compensar ni una fracción de esa destrucción de poder de compra.
El Consejo del Salario: dos años de acuerdos imposibles
Lo ocurrido el 28 de agosto no fue una excepción sino la regla de la gestión Milei. Desde hace más de dos años, el Consejo del Salario Mínimo no logra ningún acuerdo entre las partes y el Ejecutivo termina fijando los valores de manera unilateral mediante resolución. El organismo, que fue creado para garantizar que trabajadores sin paritarias propias cuenten con un piso digno de ingresos, se convirtió en una instancia de formalización de decisiones que el Gobierno toma de antemano.
La reunión del 28 de agosto también reflejó una disputa de fondo sobre el formato del encuentro: la CGT había reclamado que la sesión se realizara de manera presencial, pero el Gobierno mantuvo la modalidad virtual a través de Zoom. Los sindicatos interpretaron ese rechazo como una señal del escaso peso que el Ejecutivo asigna al espacio. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, lo dijo sin rodeos en un comunicado: «El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno».
El desempleo, anclado al mínimo
La misma resolución reguló la prestación por desempleo. El beneficio equivaldrá al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador en los seis meses anteriores al cese. La normativa fijó además un piso y un techo: la prestación mensual no podrá ser inferior al 50% del SMVM vigente, ni superior al 100% del mismo. Esto significa que la protección ante la pérdida de empleo también queda atada a un piso que pierde valor en términos reales.
Un salario mínimo que en ocho meses crece $60.400 pesos en un país donde la canasta básica alimentaria registró una variación interanual del 32,8% según datos del INDEC de marzo de 2026, y donde los servicios públicos acumularon subas de más del 500% desde diciembre de 2023. La Resolución 4/2026 no es una política salarial; es la administración ordenada del empobrecimiento.
Puntos clave
- El Ejecutivo fijó el SMVM por Resolución 4/2026 publicada en el Boletín Oficial, tras el fracaso de las negociaciones del 28 de agosto.
- Los valores escalonados van de $383.800 en septiembre de 2026 a $437.000 en abril de 2027, una suba total de $60.400 en ocho meses.
- Según el IIEP (UBA-CONICET), el salario mínimo real acumuló una caída del 40,5% desde noviembre de 2023 hasta julio de 2026.
- La prestación por desempleo queda fijada entre el 50% y el 100% del SMVM, lo que la ancla a un piso que pierde valor frente a la inflación.
- Es la segunda vez consecutiva que el Gobierno define el SMVM de manera unilateral, sin acuerdo entre trabajadores y empleadores.
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