Todo indica que la Cámara Alta tendrá su segunda sesión con presencialidad plena y que hay consenso para tratar estos importantes proyectos.

La presencialidad plena volvió la primera semana de octubre: todos dijeron presente en el Senado, excepto diez representantes de la oposición se ausentaron. La pandemia obligó a la virtualidad y sistemas mixtos pero todo indicaría que tras ese reencuentro ahora llegaría la segunda sesión con una agenda de tres temas bien marcados.

Las negociaciones entre los jefes parlamentarios para realizar esta última sesión ordinaria antes de las elecciones de noviembre estaban avanzadas antes del fin de semana y habría acuerdo para llevar al recinto un temario consensuado, señalaron fuentes parlamentarias.

Entre las iniciativas que se incluirán se anotó el proyecto que busca modificar la ley del impuesto a los bienes personales para incrementar el mínimo no imponible y lograr que una menor cantidad de argentinos sea incluido en el registro de contribuyentes que deben abonar ese tributo.

El proyecto del presidente de la comisión de Presupuesto y autor del proyecto de ley, Carlos Caserio (Frente de Todos-Córdoba), recibió respaldo el jueves pasado tanto del oficialismo y como del interbloque de Juntos por el Cambio durante una reunión de comisión del Senado. Caserio explicó que el impuesto «es inadecuado, va a traer malhumor a la gente y no es justo».

El proyecto pretende eximir del alcance del gravamen a los contribuyentes cuyos bienes, en su conjunto, resulten en un valor igual o inferior a los ocho millones de pesos ya que hoy, ese límite está puesto en los dos millones de pesos. En la última reunión de comisión, la oposición planteó la necesidad de elevar el mínimo no imponible pero pidió precisiones sobre el monto del costo fiscal que tendría la medida, algo a lo que el oficialismo se comprometió a indicar antes de la sesión.

En la agenda de temas, los jefes de los bloques también podrían incluir la prórroga de la emergencia territorial indígena, que recibió dictamen de comisión a fines de septiembre y cuyo vencimiento opera el 23 de noviembre. La iniciativa impulsada por Nora del Valle Giménez (Frente de Todos-Salta) pasó a la firma el 28 de septiembre con aval del oficialismo pero no del bloque opositor, en señal de protesta por la falta de reuniones presenciales que luego comenzaron a desarrollarse.

El proyecto que busca prorrogar por cuatro años más la Ley 26.160, de emergencia sobre las tierras que habitan las comunidades indígenas y dispone que en los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad, se deberá asignar al Fondo Especial creado por la Ley 26.160 una suma de 290 mil millones de pesos.

Los senadores también pretenden aprobar la Ley Nacional de Juventudes, que establece, según su autora, la oficialista puntana María Eugenia Catalfamo, la ampliación de «cada día más los derechos de las y los jóvenes» en la Argentina. La propuesta obtuvo este jueves dictamen de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda y está lista para ser debatida en el recinto.

Según sus fundamentos, la iniciativa busca promover el «desarrollo integral de las y los jóvenes de 18 a 29 años residentes en el país y su participación activa en todos los ámbitos de la vida nacional en condiciones de equidad, diversidad y solidaridad».

El proyecto crea tres organismos de Promoción de Juventudes: la Secretaría Nacional de las Juventudes y el Instituto Nacional de las Juventudes, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros; y el Consejo Federal de las Juventudes, con la participación de integrantes de todas las provincias. A su vez, la iniciativa contempla un presupuesto propio que alcanza al 0,02 por ciento del Producto Bruto Interno de la Argentina lo que, según se calcula, para el año 2022 (cuando se prevé que entre en vigencia) en más de dos mil millones de pesos.