Legislativo
El martes habrá nueva reunión de la Comisión de Juicio Político en Diputados
En la última reunión de la comisión había expuesto el exdirector Aldo Tonon, quien evitó dar precisiones sobre su gestión al frente de esa obra social, al señalar que se «amparaba en el artículo 18 de la Constitución Nacional para no autoincriminarse», debido a las acciones judiciales que se tramitan en su contra en dos juzgados.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados convocó este miércoles a una nueva reunión para la semana próxima para continuar con el análisis de las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), con la presencia de testigos y damnificados por desmanejos en ese organismo, en el proceso a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que se inició en febrero.
A la reunión, que se realizará el martes 30 a partir de las 13 y será encabezada por la presidenta de la comisión, la diputada del Frente de Todos (FdT), Carolina Gaillard, fueron citados Marta Herrera Alem, (exdirectora y vicepresidenta de la OSPJN); María Guadalupe Burgos (funcionaria de la OSPJN); el contador Público Iván Nicolas Ritvo; Néstor Fasciolo (funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN) y María Marcela Viano Carlomagno (afiliada a la OSPJN).
En la última reunión de la comisión había expuesto el exdirector Aldo Tonon, quien evitó dar precisiones sobre su gestión al frente de esa obra social, al señalar que se «amparaba en el artículo 18 de la Constitución Nacional para no autoincriminarse», debido a las acciones judiciales que se tramitan en su contra en dos juzgados.
La comisión lo había citado en tres oportunidades para exponer sobre las denuncias de irregularidades en esa obra social pero el exfuncionario recién asistió la semana pasada, luego de ser notificado por el juez Ariel Lijo de que debía comparecer en ese cuerpo.
Al inicio de su exposición, y ante una consulta del diputado del FdT, Rodolfo Tailhade, sobre los motivos de su alejamiento de sus funciones, Tonón dijo que «la decisión de mi renuncia al directorio de la Ospjn obedeció a que ya no quería continuar trabajando. Llevo 50 años en la profesión y 35 años en la gestión y me sentía agotado».
Cuando se le requirió un análisis de su gestión, Tonón dijo en esa oportunidad que «me amparo en el articulo 18 de la Constitución Nacional porque me puedo autoincriminar».
Al proceso que se le sigue a los integrantes del máximo tribunal, se sumó la semana pasada la ampliación del juicio político impulsado por diputados del FdT a raíz del fallo que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán, al considerar que en esos casos el máximo tribunal resolvió dos causas «con resultados de extrema gravedad institucional y peligrosa intromisión en en cuestiones de jurisdicción local».
La ampliación del juicio político a los integrantes del máximo tribunal había sido anunciada por el presidente Alberto Fernández en cadena nacional, tras el fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones en esas dos provincias.
«En el día de la fecha quedó oficialmente presentado el pedido de ampliación de juicio político a magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del fallo que suspendiera las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán», señalaron los diputados en esa oportunidad.
A través del proyecto, los legisladores consideraron que «lo extremadamente peligroso para nuestras instituciones, y para nuestro sistema republicano y federal, es la manipulación política de las herramientas y tiempos procesales de los que hizo uso y abuso la Corte Suprema».
Legislativo
Desregulación a la carta: el oficialismo aprobó la Ley Hojarasca con el voto de sus aliados
La iniciativa del ministerio de Desregulación deroga más de 70 normas consideradas obsoletas. El bloque opositor rechazó el proyecto y advirtió que es una «cortina de humo» para continuar el desmantelamiento del Estado.
Diputados aprobó la Ley Hojarasca con 138 votos a favor
★ La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Ley Hojarasca, impulsado por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, con 138 votos afirmativos, 96 negativos y 9 abstenciones. La iniciativa, que deroga más de 70 normas calificadas por el oficialismo como obsoletas o inútiles, fue girada al Senado donde el Gobierno espera obtener la sanción definitiva.
El argumento oficial: menos regulaciones, más libertad
El diputado Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza), presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, fue el principal defensor del proyecto en el recinto. En su exposición, contrapuso el espíritu de la ley con lo que definió como la tendencia de «la política tradicional» de acumular regulaciones para «hacerle la vida imposible al ciudadano argentino de bien».
«La regla son los derechos, la libertad y las autonomías individuales, y la excepción son las normas y regulaciones», sostuvo Benegas Lynch, quien además cuestionó que se mida «la calidad legislativa por la cantidad legislativa», calificando esa práctica como «francamente patética».
Su compañero de bloque Nicolás Mayoraz precisó los criterios con que se seleccionaron las normas a derogar: leyes superadas por normativas posteriores, disposiciones obsoletas por avance tecnológico, organismos financiados con fondos nacionales sin justificación funcional, y trámites burocráticos «innecesarios». Entre los ejemplos que mencionó figuran la histórica ley de Azotes, la ley de microfilmación y la ley de mochileros.
La oposición: «una cortina de humo»
El rechazo de los bloques opositores fue contundente. El diputado de Unión por la Patria, Nicolás Trotta, advirtió que «detrás de esta cortina de humo pretenden seguir destruyendo al Estado», situando el proyecto en el marco más amplio del achicamiento estatal que caracteriza la gestión libertaria.
La diputada Myriam Bregman, presidenta del interbloque del Frente de Izquierda, fue más directa en su crítica al proceso legislativo: «Hay que ser muy termo para votar una ley como ésta», cuestionó, y puso en duda que la mayoría de los legisladores que la apoyaron tuvieran conocimiento cabal de su contenido. Bregman también rechazó el argumento oficial de que se trate de una norma «inocua».
El contexto: desregulación como política de Estado
La Ley Hojarasca no es un episodio aislado. Se inscribe en la política sistemática de desregulación y reducción del Estado que el gobierno de Javier Milei lleva adelante desde diciembre de 2023, y que ya acumuló recortes reales significativos en gasto primario, gasto de capital, transferencias a provincias y programas sociales. Desde el inicio de la gestión, el gasto primario total cayó un 31% en términos reales, según datos del Foro Economía y Trabajo publicados en mayo de 2026.
La sesión de este miércoles incluyó además la votación del proyecto que redefine el alcance geográfico del régimen de subsidios al consumo de gas por «zona fría», la aprobación de una serie de tratados y convenios internacionales, y la entrega de la medalla de honor a veteranos de Malvinas.
Puntos clave
- La Ley Hojarasca se aprobó en Diputados con 138 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones.
- Deroga más de 70 normas impulsadas como «obsoletas» por el ministerio de Desregulación de Sturzenegger.
- La oposición la calificó de «cortina de humo» para profundizar el desmantelamiento estatal.
- El proyecto pasa ahora al Senado para su sanción definitiva.
- La iniciativa se enmarca en la política de desregulación sostenida por el gobierno de Milei desde diciembre de 2023.
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