Milei promulgó la reforma de la Ley de Glaciares: el agua en manos de las provincias mineras

★ El presidente Javier Milei promulgó este viernes la Ley N° 27.804, que modifica en forma sustancial el régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares vigente desde 2010. La medida se formalizó a través del Decreto 271/2026, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del mandatario y su jefe de gabinete, Manuel Adorni.

La norma entró en vigencia sin observaciones, tal como fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 8 de abril con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones, en una sesión que se extendió más de once horas.

La promulgación se concretó a exactamente dos semanas de su sanción legislativa, en tiempo récord para una norma que generó protestas callejeras multitudinarias, críticas de la comunidad científica y presentaciones judiciales en múltiples jurisdicciones del país.

El agua que protege el Estado hoy, mañana la decide cada provincia

El cambio estructural de la reforma radica en la transferencia de competencias hacia las jurisdicciones provinciales. Bajo la ley original (Ley 26.639), los glaciares y ambientes periglaciares eran bienes públicos estratégicos con protección uniforme en todo el territorio nacional.

La nueva normativa reemplaza ese esquema por un modelo de evaluación caso por caso: cada provincia definirá mediante criterios técnicos propios qué cuerpos de hielo y áreas periglaciares merecen protección y cuáles pueden quedar fuera del resguardo legal.

El punto más cuestionado involucra a los denominados Glaciares de Escombros (GdE), formaciones del ambiente periglacial compuestas por hielo cubierto de sedimentos.

La ley anterior los protegía de manera general; la reforma limita esa protección a aquellos que demuestren una «función hídrica comprobada o relevante». Si un estudio técnico provincial concluye que un cuerpo de hielo no cumple dicha función, quedará excluido del inventario y habilitado para actividades extractivas.

El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que tenía hasta ahora el rol protagónico en la identificación y catalogación de glaciares, conservará la titularidad del Inventario Nacional pero perderá poder de decisión efectivo: serán las autoridades provinciales quienes determinen qué áreas incorporar o retirar del registro de protección.

El decreto reproduce textualmente la fórmula usada en la promulgación: «en uso de las facultades conferidas por el artículo 78 de la Constitución Nacional, promúlgase la Ley Nº 27.804».

El negocio detrás de la reforma: litio, cobre y 20.000 millones de dólares

El Gobierno no ocultó el objetivo económico de la iniciativa. La Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que celebró que la reforma «histórica aclara con precisión científica» la protección de glaciares y, en la misma línea, «permite la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares».

Milei, por su parte, festejó la aprobación parlamentaria con una frase que resume el espíritu de la norma: «Los ecologistas empecinados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder», según publicó Subrayado.

El proyecto contó con el apoyo decisivo de las provincias que integran la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y la Mesa del Cobre (las anteriores más Mendoza y San Juan), que reúnen la mayoría de los proyectos mineros del país y donde se concentra el 70% de los glaciares inventariados.

Según proyecciones del sector minero citadas por El Economista, la industria estima atraer inversiones de entre 20.000 y 30.000 millones de dólares en proyectos de cobre, litio y oro en la región cordillerana, iniciativas que permanecían trabadas por las restricciones de la ley anterior.

El secretario de Minería, Luis Lucero, defendió la reforma y descartó que sea inconstitucional. «El 124 de la Constitución le otorga a las provincias el dominio originario de sus recursos. Para eso se modificó la Constitución en 1994», argumentó, según consignó La Red 88.3 La Rioja.

El diputado opositor Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) fue más directo sobre el origen real de la iniciativa: «El sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo», denunció en el recinto, según publicó Subrayado.

Amparos judiciales y provincias que temen quedarse sin agua

La resistencia a la nueva ley no se limitó a la calle ni al recinto legislativo. Antes de que el Poder Ejecutivo siquiera estampara su firma, la batalla se trasladó a los tribunales.

La provincia de La Pampa fue la primera en judicializar la norma. El gobernador Sergio Ziliotto anunció un amparo colectivo ante el Juzgado Federal de Santa Rosa, impulsado en conjunto por el gobierno provincial, la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos.

El argumento es contundente: aunque La Pampa no posee glaciares propios, depende del río Colorado, de origen glacial. «A partir de esta ley va a haber menos agua», advirtió Ziliotto. La fiscal de Estado, Romina Schmidt, fue más específica: «El daño no es abstracto, es real», declaró.

En paralelo, organizaciones como Greenpeace, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) impulsaron una demanda colectiva en la que, según consignó ANCCOM, ya se reunieron cerca de un millón de firmas de ciudadanos que rechazan la desprotección de las reservas naturales. El director ejecutivo de FARN, Andrés Nápoli, señaló que «la adhesión de la ciudadanía es una expresión de disgusto por el tratamiento que tuvo» la norma.

Según pudo reconstruir Ámbito Energy Report, se preparan amparos en múltiples jurisdicciones: Mendoza, Neuquén, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires serán epicentros de la ofensiva judicial. El caso escalaría inevitablemente a la Corte Suprema de Justicia.

La diputada opositora que intervino en el debate parlamentario señaló que la reforma «abre la puerta a que cada provincia tenga un umbral de protección diferente, generando una asimetría regulatoria muy peligrosa» en la que las provincias compitan entre sí en la flexibilización de los criterios ambientales para atraer inversiones mineras.

ATN y coparticipación: las provincias que votaron a favor y los fondos que recibieron

Un elemento que tomó relevancia en el análisis político fue la distribución de fondos nacionales en los días previos a las votaciones. Según datos del Presupuesto Abierto relevados por organizaciones ambientalistas, en los tres días previos al tratamiento en el Senado (26 de febrero) se asignaron Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a provincias que luego votaron a favor. Entre el 19 y el 20 de marzo, se distribuyeron 47.000 millones de pesos en ATN a once provincias.

A eso se sumó un adelanto de 400.000 millones de pesos en concepto de coparticipación, otorgado mediante el Decreto 219/2026 el 1° de abril, días antes de la votación en Diputados. Las provincias beneficiadas por ese adelanto coinciden en gran medida con las que aportaron los votos para la aprobación de la reforma.

Qué dicen los datos sobre los glaciares en riesgo

Según el Inventario Nacional de Glaciares, creado con la aprobación de la Ley 26.639 en 2010, Argentina cuenta con 16.968 cuerpos de hielo, de los cuales 16.078 son glaciares en la Cordillera de los Andes y 890 en las Islas del Atlántico Sur, cubriendo 8.484 km² de superficie. El 70% de esos glaciares se concentra en los Andes Centrales y Desérticos, que comprenden las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, San Juan y Mendoza, precisamente las jurisdicciones con mayor interés en el desarrollo minero. Los Glaciares de Escombros representan apenas el 12% de la superficie glaciar total, pero su distribución desigual, con el 82% concentrado en los Andes Centrales, los convierte en el principal objeto de la disputa.

Puntos clave

• El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.804 mediante el Decreto 271/2026, publicado en el Boletín Oficial este viernes 24 de abril de 2026.
• La reforma transfiere a las provincias la potestad de definir qué glaciares y zonas periglaciares reciben protección, reemplazando el esquema uniforme nacional vigente desde 2010.
• El objetivo declarado del Gobierno es destrabar inversiones mineras por entre 20.000 y 30.000 millones de dólares en proyectos de litio, cobre y oro en la zona cordillerana.
• La provincia de La Pampa presentó un amparo judicial colectivo; organizaciones ambientalistas reunieron cerca de un millón de firmas para impugnar la norma ante la Justicia.
• La batalla legal escalaría a la Corte Suprema, que ya tiene jurisprudencia consolidada en materia de protección ambiental e hídrica.