Legislativo
Diputados sesiona para tratar los proyectos sobre presupuesto universitario
Luego del anuncio del Gobierno sobre un acuerdo sobre financiamiento a las universidades nacionales públicas de todo el país, había dudas si la UCR iba a mantener en pie o suspender el pedido de sesión.
La Cámara de Diputados sesiona esta tarde para tratar distintas iniciativas para declarar la emergencia presupuestaria y actualizar automáticamente las partidas de financiamiento para las universidades nacionales públicas de todo el país.
El pedido de sesión especial había sido formulado por el bloque de la UCR el viernes pasado, pero el anuncio del Gobierno del acuerdo que alcanzó con los rectores sembró dudas acerca de cuál sería la determinación que tomaría la bancada presidida por Rodrigo de Loredo, que dudó hasta último momento si mantener en pie la convocatoria o suspenderla.
A partir de conversaciones en tiempo real con los rectores, que le plantearon la conveniencia de sostener la sesión hasta tanto no llegara la resolución oficial del Gobierno, el radicalismo decidió a último momento bajar al recinto.
La sesión obtuvo quórum con 130 diputados sentados en sus bancas: además de los radicales contribuyeron al propósito Unión por la Patria, cuatro diputados de Hacemos Coalición Federal (Mónica Fein, Esteban Paulón, Oscar Agost Carreño, y Ignacio García Aresca), Agustín Domingo (Innovación Federal), Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino) y cinco de los seis diputados de la Coalición Cívica (solamente no llegó Victoria Borrego).
Hasta avanzada la tarde de ayer se había especulado con la posibilidad de que el radicalismo levantara el pedido de sesión especial, luego de que el presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, confirmara su intención de convocar a un plenario de comisiones junto a Presupuesto y Hacienda, con la intención de dictaminar.
El bloque conducido por Rodrigo de Loredo estuvo en contacto durante toda la jornada con los rectores de las distintas universidades públicas (exceptuando a la UBA, que ya arregló su situación con el Gobierno) para monitorear el estado de las conversaciones con el Gobierno, para ver si se encontraba alguna solución inmediata y efectiva a la actualización del presupuesto universitario para este año.
Recién la respuesta se alcanzó este martes, y fue anunciada por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada, pese a lo cual el compromiso de palabra no fue refrendado por resolución en el Boletín Oficial.
A las 14 hs se conoció la decisión del bloque conducido por De Loredo de mantener la sesión y bajar al recinto.
El cordobés había sido muy criticado por los rectores radicales por haber dejado sin quórum la sesión convocada el 24 de abril por Unión por la Patria con el mismo propósito.
Con esta acción, De Loredo busca congraciarse con este sector de la academia universitaria con el que se siente en deuda.
La rebelión del bloque radical se desencadenó el viernes pasado luego de que tomara estado público el comunicado del Ministerio de Desarrollo Humano a cargo de Sandra Pettovello en el que se anunció el acuerdo con la Universidad de Buenos Aires (UBA) por un aumento del 270% del presupuesto respecto del 2023, con el aval de los senadores de la UCR.
Al parecer, el sector que se referencia en De Loredo se molestó porque el acuerdo con la UBA se cerró tras bastidores con el vicerrector de esa institución, Emiliano Yacobitti (ex diputado nacional y uno de los exponentes de Evolución junto a Martín Lousteau), en una interlocución que prescindió de la consulta al resto del radicalismo, en particular de quienes se involucraron en la negociación de la media sanción en la Cámara baja.
Legislativo
Emergencia en discapacidad: Milei impulsa una reforma que recorta derechos y pensiones
Este miércoles a las 11, organizaciones convocaron a una marcha bajo la consigna “La discapacidad no puede esperar”. La protesta apunta directamente al Ministerio de Salud y busca frenar el avance legislativo. Organizaciones, familias y especialistas denuncian un retroceso que pone en riesgo derechos adquiridos.
El ajuste libertario: Desregulación y supuesto fin de la emergencia
El proyecto que el gobierno de Milei envió al Congreso encendió las alarmas en el colectivo de personas con discapacidad. Bajo el título “Contra el fraude de pensiones por invalidez”, la iniciativa propone cambios de fondo en el sistema de protección vigente y ya generó una convocatoria a movilizarse frente al Ministerio de Salud.
Con Mario Lugones al frente de la cartera, la reforma apunta a modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad y redefinir tanto el acceso como el financiamiento de las prestaciones. Organizaciones, familias y especialistas denuncian un retroceso que pone en riesgo derechos adquiridos.
Empadronamiento obligatorio y amenaza de baja automática
El eje central del proyecto es un reempadronamiento masivo de todas las personas que perciben pensiones por discapacidad. La medida implica:
- Revalidar condición médica, situación económica y antecedentes laborales.
- Someter la información a cruces de datos con organismos estatales.
- Enfrentar suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia.
El punto más cuestionado: si no se cumple con los plazos, la pensión se suspende automáticamente y puede darse de baja sin mayores instancias de revisión.
Pensiones más bajas y sin adicionales
La iniciativa fija el haber en el 70% de la jubilación mínima, pero elimina herramientas de compensación que hoy permiten contemplar situaciones particulares:
- Se suprimen adicionales por invalidez laboral.
- Se eliminan plus por zona desfavorable.
- Se limita la capacidad del Ejecutivo de otorgar aumentos extraordinarios.
Además, la actualización deja de ser mensual por inflación y pasa a un esquema trimestral, lo que implica una pérdida frente a la suba de precios.
Uno de los puntos más regresivos del proyecto es la prohibición absoluta de compatibilizar pensión con empleo formal.
- Quienes tengan trabajo registrado perderán automáticamente el beneficio.
- Se eliminan programas de inclusión laboral.
- Se desincentiva la contratación en empresas.
El mensaje es claro: trabajar implica quedar fuera del sistema de protección.
Desregulación y supuesto fin de la emergencia
El texto también propone derogar artículos clave de la Ley 27.793, lo que en la práctica vacía de contenido la Emergencia en Discapacidad, que fue aprobada este año y es gobierno libertario insiste es incumplir.
- Se habilita a Nación, provincias y CABA a negociar fondos sin un esquema unificado.
- Se desarma el nomenclador nacional de prestaciones.
- Se abre la puerta a mayor discrecionalidad de obras sociales y prepagas.
La respuesta no tardó en llegar. Referentes del sector, familias y figuras públicas expresaron su repudio. La actriz Lola Berthet fue una de las voces más duras: advirtió que la orientación del proyecto “atenta contra la dignidad y los derechos básicos”.
Este miércoles a las 11, organizaciones convocaron a una marcha bajo la consigna “La discapacidad no puede esperar”. La protesta apunta directamente al Ministerio de Salud y busca frenar el avance legislativo.
El ajuste de Milei
Más allá de los detalles técnicos, el proyecto marca un giro en la concepción del sistema: de un enfoque de derechos hacia uno de control, ajuste y restricción del acceso.
En ese marco, la discusión en el Congreso no será sólo sobre números, sino sobre el lugar que el Estado decide ocupar frente a uno de los sectores más vulnerados.
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