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Legislativo

Diputados aprobó en general la reforma laboral: 135 votos positivos y 115 negativos

El oficialismo logró aprobar la votación en general con el apoyo del PRO, UCR, MID e Innovación Federal. El proyecto deberá retornar al Senado por la eliminación del artículo 44. Karina Milei, Adorni y Santilli presenciaron la votación desde un palco. Máximo Kirchner advirtió: «Esta ley va a fracasar». Bullrich convocó para mañana viernes a plenario de comisiones en el Senado.

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★ Tras una jornada signada por el paro general dispuesto por la CGT y distintos sectores gremiales, el oficialismo y sus aliados aprobaron en general en la Cámara de Diputados el proyecto de reforma laboral. El texto, empero, deberá retornar al Senado (que le había dado media sanción) para que ratifique la eliminación del polémico artículo 44 que proponía reducir los salarios durante las licencias médicas.

Una ovación coronó la votación, que arrojó 135 votos positivos y 115 votos negativos. El resultado se logró con el apoyo de PRO, UCR, MID, los legisladores de Innovación Federal y de otros bloques provinciales, entre ellos los que integran los diputados peronistas de Catamarca y de Tucumán.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, se asomaron en uno de los palcos del recinto minutos antes de la votación.

Se aprobó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

Pese a que sobre el final del debate el kirchnerismo intentó la picardía de levantar la sesión aprovechando la ausencia masiva de legisladores oficialistas en el recinto, los libertarios superaron el primer escollo (la votación en general) con holgura.

Después lograron aprobar uno de los títulos más polémicos: el que propone crear un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar las indemnizaciones por despido. El título II recibió 130 votos positivos, 117 negativos y tres abstenciones.

El oficialismo frenó la embestida opositora con el apoyo de su elenco estable de aliados (PRO, UCR y MID), y de los bloques provinciales que responden a los gobernadores de Salta, Misiones, Catamarca, San Juan, Tucumán y Santa Cruz. Los mismos que aportaron al quórum en el recinto.

«Esta ley va a fracasar»

A lo largo del debate, los ánimos estuvieron caldeados. Distintos bloques de la oposición (encabezados por Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y la izquierda) advirtieron que el proyecto, lejos de modernizar las condiciones laborales, cercenará derechos ya adquiridos de los trabajadores en favor de los empleadores. La calificaron de inconstitucional y vaticinaron que, por tal motivo, la reforma será judicializada.

Exaltado, el diputado Máximo Kirchner enfatizó, sobre el cierre del debate, que esta ley «va a fracasar». «Este gobierno tiene todas las leyes que ha querido y ha sido acompañado en las elecciones de octubre: no habrá excusas para el fracaso que sobrevendrá, no podrán decir que no se los dejó gobernar. Están haciendo lo que quieren y lo hacen mal», exclamó.

Bullrich convoca a plenario de comisiones para mañana viernes

Lo cierto es que, más allá del paso dado en la Cámara de Diputados, la iniciativa deberá retornar al Senado (que fue cámara de origen) por la eliminación del artículo 44. Los tiempos corren para el oficialismo: su obsesión es que el presidente Javier Milei pueda exhibir la sanción de la ley como un trofeo del Gobierno el próximo 1° de marzo, día en que inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso.

En ese apuro, la jefa del bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich, ya convocó para mañana viernes, a las 10 de la mañana, a un plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto. El objetivo será darle dictamen al texto modificado en la Cámara de Diputados para ratificarlo en el recinto el próximo viernes 27. Solo entonces será ley.

Qué contiene el proyecto

El proyecto, de poco más de 200 artículos, incorpora modificaciones sustanciales en la ley de contrato de trabajo: por caso, se propone una reducción en el cálculo de las indemnizaciones por despido; se habilita el fraccionamiento de las vacaciones y la creación de un banco de horas como alternativa al pago de las horas extra. Además, se permite la ampliación de la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas siempre que se respete el descanso de 12 horas entre días de trabajo.

Asimismo, la iniciativa establece la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo y el traspaso de sus competencias y funciones en materia laboral ordinarias a la justicia porteña; la limitación del derecho de huelga y un nuevo esquema en las negociaciones colectivas para priorizar los acuerdos de empresa o regionales por sobre los convenios sectoriales nacionales.

Las críticas más duras

La sesión arrancó con los ánimos caldeados, sobre todo en Unión por la Patria, el principal bloque opositor. Sus diatribas no sólo apuntaron contra el proyecto, al que calificaron de «reforma anti laboral»; también arremetieron contra los diputados que responden a Catamarca, Tucumán y Salta (todos ellos peronistas) por apoyar la iniciativa. Los tildaron de «traidores».

«Esta no es una ley más: estamos frente a una transferencia de riqueza fenomenal que va a causar dolor y miseria a los millones de trabajadores argentinos», advirtió la diputada Vanesa Siley (Unión por la Patria) quien, acto seguido, apuntó contra los aliados peronistas del oficialismo. «Lo lamentable es que en esas provincias, donde el pueblo le dio el voto a un gobernador peronista, en dos años les va ganar La Libertad Avanza. Felicitaciones a los traidores que dieron quórum», ironizó.

Previamente, el diputado sindicalista Sergio Palazzo advirtió que esta reforma es «la regresión más brutal en la historia de los derechos de los trabajadores». «No hay una sola línea que beneficie a los trabajadores, pero sí beneficios para los empresarios», enfatizó, y le tiró un dardo al radicalismo, a favor de la ley.

«Han avanzado sobre el derecho de huelga y le pido a los radicales que no pisen la memoria de Crisólogo Larralde, que puso el 14 bis en la Constitución Nacional», agregó.

Las defensas del oficialismo y los aliados

El oficialismo prefirió no responder para que la sesión no se extienda más de la cuenta. En el arranque del debate la única voz libertaria que defendió el proyecto fue su miembro informante Lisandro Almirón, presidente de la Comisión Legislación del Trabajo, duramente cuestionado porque leyó enteramente su discurso, contra lo que establece el reglamento de la Cámara.

«La legislación laboral existe para proteger a los trabajadores y tutelar las relaciones de trabajo. Y para poder hacer eso, primero tiene que haber trabajo. ¿De qué sirve una biblioteca entera de legislación laboral si al final no sirve para generar empleo? Hoy tenemos un marco regulatorio que no hace otra cosa que expulsar a las personas de la formalidad», enfatizó.

Desde ese bloque, Miguel Pichetto enfatizó que esta norma «de modernización laboral no tiene nada». «Revisando la ley y buscando esforzadamente si hay algún elemento que favorece al trabajador, puedo decir que no hay ninguno», advirtió.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro rechazó estos argumentos al advertir que, desde que asumió Milei, se perdieron 120.000 puestos de trabajo y más de 22.000 fábricas y empresas cerraron. «En esta ley hay más incentivos para facilitar la salida de los trabajadores que para promover su entrada al sistema formal», advirtió.

Puntos clave

• Diputados aprobó en general la reforma laboral: 135 votos positivos y 115 negativos. El proyecto deberá retornar al Senado por la eliminación del artículo 44.

• Se aprobó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar indemnizaciones: 130 votos positivos, 117 negativos y tres abstenciones.

• Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli presenciaron la votación desde un palco. Máximo Kirchner advirtió: «Esta ley va a fracasar».

• Patricia Bullrich convocó para mañana viernes a las 10 a un plenario de comisiones en el Senado. El objetivo es ratificar el texto el viernes 27.

• Sergio Palazzo advirtió que esta reforma es «la regresión más brutal en la historia de los derechos de los trabajadores». ★

Desregulación

La “Hojarasca” de Sturzenegger: desregulación con ideología y eliminación de leyes que protegen derechos

Bajo el disfraz de modernización, el Gobierno ataca la soberanía informativa y farmacéutica. El proyecto mezcla normas anacrónicas con normas de contenido político para facilitar su aprobación en bloque. Qué es lo que pretende derogar el ministro de Desregulación.

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★ El Gobierno de Javier Milei reingresó al Congreso el proyecto de ley denominado «Hojarasca», una iniciativa del ministro de Modernización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone derogar decenas de normas vigentes bajo el argumento de que constituyen regulaciones “obsoletas o burocráticas”.

Lo que el oficialismo presenta como una «limpieza» del digesto legislativo esconde, en varios casos concretos, el desmantelamiento de marcos normativos que protegen derechos sociales, culturales y económicos.

El proyecto que perdió estado y vuelve a la carga

El texto ingresó por primera vez en 2024 pero nunca llegó a tratarse en comisión y perdió estado parlamentario. Ahora, en este segundo intento, el Ejecutivo lo relanza con la misma lógica ideológica de origen: reducir la intervención estatal en la economía y en la vida social bajo el principio de que «todo está permitido, salvo lo expresamente prohibido».

La iniciativa propone derogar normas sancionadas entre 1864 y la actualidad, agrupadas en seis categorías: leyes que limitarían la libertad individual, leyes con trámites considerados inútiles, leyes superadas por normativa posterior, leyes obsoletas por cambios tecnológicos, leyes sobre organismos inexistentes y leyes que crean organismos con financiamiento público.

Una lógica ideológica, no técnica

El proyecto no es un ejercicio neutro de higiene legislativa. Es una declaración de principios del ala más dogmática del libertarismo. En sus propios fundamentos, el texto afirma que las regulaciones son producto de «corrientes ideológicas más intervencionistas, predominantes durante el siglo XX» y que el Estado debe regirse por «un principio de máxima libertad y no de máximo control».

Esa premisa no es técnica ni jurídica: es política. Y en función de esa premisa política, el Gobierno decide qué leyes merecen seguir en pie y cuáles no.

Lo que se llama «hojarasca» y no lo es

Entre las normas que el Ejecutivo rotula como «trámites inútiles» aparece la Ley N° 25.750 (2003), que establece que la propiedad de los medios de comunicación debe pertenecer a empresas nacionales y limita la participación del capital extranjero a un máximo del 30% del capital accionario. Derogar esa ley implica abrir la puerta a la extranjerización ilimitada del sistema de medios argentino, con consecuencias directas sobre la soberanía informativa y cultural del país.

También figura como «trámite inútil» la Ley N° 26.688 (2011), que declaró de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos. En el contexto de un Gobierno que ya desmanteló el Fondo de Sustentabilidad y recortó partidas del CONICET y de laboratorios públicos como el Laboratorio Industrial Farmacéutico, eliminar esta ley tiene un significado preciso: despejar el terreno normativo para la privatización de la producción farmacéutica.

Otro caso es la Ley N° 26.227 (2007), que creó el Consejo Federal de la Juventud, presentada como una «ley sobre organismos con financiamiento público que deberían autofinanciarse». El argumento es revelador: si el Estado no debe financiar políticas de juventud, tampoco debe financiar salud, educación ni cultura.

Normas anacrónicas que nadie defiende, y otras que sí importan

El proyecto mezcla, deliberadamente, normas genuinamente anacrónicas con normas de alto contenido político. Nadie discute que la Ley N° 94 (1864), que inhabilita a la autoridad que ordene azotar a una persona, o la Ley N° 21.895 (1978), que autorizó las emisiones de televisión en color, ya no tienen vigencia práctica. Su derogación no genera ningún debate sustantivo.

Pero esas normas funcionan como cobertura de las otras: al mezclarlas en un mismo proyecto, el Gobierno busca que la aprobación del conjunto arrastre también las normas políticamente sensibles. Es una técnica legislativa conocida y cuestionada.

Tampoco resulta inocente la inclusión de la Ley N° 18.312 (1969) sobre papel de diario o la Ley N° 19.787 (1972) sobre difusión musical, enmarcadas como «leyes que afectan libertades». El Gobierno aprovecha normas del período de facto para construir un relato según el cual «el intervencionismo» tiene raíces autoritarias, omitiendo que la mayoría de las regulaciones sociales y económicas que busca desmantelar fueron producto de gobiernos democráticos y de conquistas populares.

El Congreso como obstáculo a sortear

El proyecto vuelve al Congreso en un contexto en que el oficialismo no tiene mayoría propia ni en Diputados ni en el Senado. En 2024, la iniciativa no logró ni siquiera dictamen de comisión. La estrategia del Ejecutivo parece ser instalar el debate para forzar posicionamientos en un año electoral, más que garantizar su aprobación en el corto plazo.

La oposición tendrá que decidir si acepta discutir el proyecto norma por norma, con el riesgo de quedar atrapada en un debate sobre si el «padrinazgo presidencial del séptimo hijo» (Ley N° 20.843) debe o no existir, o si plantea el rechazo global de una iniciativa que, bajo una apariencia de modernización, avanza sobre derechos y soberanía.

Puntos clave:

  • El proyecto «Hojarasca» fue reingresado al Congreso tras perder estado parlamentario en 2024 sin ser tratado.
  • Propone derogar normas sancionadas entre 1864 y la actualidad, agrupadas en seis categorías.
  • Entre las leyes que busca eliminar figura la que limita la extranjerización de medios de comunicación (Ley N° 25.750).
  • También apunta contra la ley que declara de interés nacional la producción pública de medicamentos (Ley N° 26.688).
  • El proyecto mezcla normas anacrónicas con normas de contenido político para facilitar su aprobación en bloque.

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