★ La bancada de La Libertad Avanza en el Senado aceleró este viernes los tiempos parlamentarios para emitir dictamen sobre la reforma laboral y dejar todo listo para votar la sanción definitiva el viernes 27 de febrero, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas. El objetivo político es claro: que el presidente Javier Milei pueda exhibir la ley aprobada cuando inaugure el período de sesiones ordinarias el 1° de marzo.

La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, convocó junto al titular de la Comisión de Presupuesto, Ezequiel Atauche, a un plenario para las 10 de la mañana de este viernes, con el fin de firmar el dictamen sobre el texto modificado por la Cámara de Diputados, que eliminó el polémico artículo 44, el que proponía reducir los salarios durante las licencias médicas.

El recorrido previo: el Senado aprobó primero, Diputados le introdujo cambios

El Senado había dado media sanción al proyecto durante la madrugada del jueves 12 de febrero, con 42 votos a favor y 30 en contra, con el respaldo del bloque oficialista y de los denominados bloques dialoguistas. Luego, la Cámara de Diputados aprobó el texto en general por 135 votos positivos y 115 negativos, con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal y legisladores peronistas de Catamarca y Tucumán, lo que generó fuertes acusaciones internas de «traición» dentro del propio peronismo.

La eliminación del artículo 44 en Diputados obliga al Senado a ratificar el texto modificado, razón por la cual el oficialismo busca el dictamen exprés de este viernes para votar el 27.

Qué cambia la reforma: recorte de derechos bajo el argumento de la modernización

El proyecto, de algo más de 200 artículos, introduce modificaciones de fondo en el sistema laboral argentino. Entre los puntos más cuestionados por los sectores sindicales y la oposición se destacan la reducción en el cálculo de las indemnizaciones por despido; la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar los despidos (aprobado en Diputados por 130 votos a 117); la habilitación de jornadas laborales de hasta 12 horas diarias siempre que se respete un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas; la creación de un banco de horas como alternativa al pago de horas extra; la posibilidad de fraccionar las vacaciones; la limitación del derecho de huelga en servicios públicos; un nuevo esquema de negociación colectiva que prioriza los acuerdos de empresa o regionales por sobre los convenios sectoriales nacionales; y la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo, con el traspaso de sus competencias a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Las voces críticas: «La regresión más brutal en la historia de los derechos laborales»

El debate en Diputados se desarrolló en un clima de alta tensión, en medio del paro general decretado por la CGT y diversas organizaciones gremiales en rechazo a la iniciativa.

El diputado sindicalista Sergio Palazzo fue uno de los más duros: «Esta es la regresión más brutal en la historia de los derechos de los trabajadores. No hay una sola línea que beneficie a los trabajadores, pero sí beneficios para los empresarios», afirmó, y apuntó contra el bloque radical por acompañar la votación: «Han avanzado sobre el derecho de huelga y le pido a los radicales que no pisen la memoria de Crisólogo Larralde, que puso el 14 bis en la Constitución Nacional».

La diputada Vanesa Siley (Unión por la Patria) alertó que «no estamos frente a una ley más: estamos frente a una transferencia de riqueza fenomenal que va a causar dolor y miseria a los millones de trabajadores argentinos». También cruzó a los legisladores peronistas que acompañaron al oficialismo: «Lo lamentable es que en esas provincias, donde el pueblo le dio el voto a un gobernador peronista, en dos años les va a ganar La Libertad Avanza. Felicitaciones a los traidores que dieron quórum», ironizó.

El diputado Máximo Kirchner cerró el debate opositor con una advertencia política: «Esta ley va a fracasar. Este gobierno tiene todas las leyes que ha querido y ha sido acompañado en las elecciones de octubre: no habrá excusas para el fracaso que sobrevendrá, no podrán decir que no se los dejó gobernar. Están haciendo lo que quieren y lo hacen mal».

Incluso desde las filas aliadas al oficialismo surgieron voces críticas. El diputado de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, señaló que la norma «de modernización laboral no tiene nada» y advirtió que, luego de buscar esforzadamente algún elemento favorable al trabajador, «puedo decir que no hay ninguno». En el mismo sentido, desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro señaló que desde que asumió Milei se perdieron 120.000 puestos de trabajo y más de 22.000 fábricas y empresas cerraron, y cuestionó que la ley contiene «más incentivos para facilitar la salida de los trabajadores que para promover su entrada al sistema formal».

El argumento oficialista: empleo formal como justificación

El único defensor libertario en el debate fue el miembro informante, Lisandro Almirón, presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, quien sostuvo que «la legislación laboral existe para proteger a los trabajadores y tutelar las relaciones de trabajo. Y para poder hacer eso, primero tiene que haber trabajo. ¿De qué sirve una biblioteca entera de legislación laboral si al final no sirve para generar empleo? Hoy tenemos un marco regulatorio que no hace otra cosa que expulsar a las personas de la formalidad».

La oposición advirtió, sin embargo, que el propio contexto refuta ese argumento: la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de empresas durante la gestión Milei contradicen la promesa de que la desregulación laboral genera empleo.

La judicialización, en el horizonte

Distintos bloques opositores anunciaron que impugnarán la ley ante la Justicia por considerarla inconstitucional, en particular en lo que respecta a los artículos que restringen el derecho de huelga y modifican el esquema de negociación colectiva. La amenaza de judicialización agrega otro frente de conflicto a un gobierno que busca exhibir la norma como un trofeo político antes del 1° de marzo.

Puntos clave:

• El Senado emite dictamen este viernes para votar la reforma el 27 de febrero, dos días antes de la apertura de sesiones ordinarias.
• La Cámara de Diputados aprobó el proyecto por 135 a 115, con el apoyo del PRO, UCR, MID y legisladores peronistas de algunas provincias.
• La reforma reduce indemnizaciones, limita el derecho de huelga, habilita jornadas de hasta 12 horas y disuelve la Justicia Nacional del Trabajo.
• La CGT declaró un paro general en rechazo a la iniciativa durante la jornada de la sesión.
• Legisladores opositores anunciaron la judicialización de la ley por considerarla inconstitucional. ★