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Discursos de odio: llaman a «romper el silencio» y solidarizarse con las víctimas

«Nunca más el odio y nunca más el silencio», son las consignas que compartió Jarach con el público, y luego expuso sobre las motivaciones, las consecuencias y qué hacer para evitar que estos discursos, crezcan.

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El sociólogo Ezequiel Ipar y la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Vera Jarach coincidieron hoy en la necesidad de «romper el silencio» frente a los discursos de odio y solidarizarse con sus víctimas, al participar de un encuentro en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires en el marco del ciclo de cuatro jornadas de reflexión organizadas por la Defensoría del Público, la diputada porteña del Frente de Todos, Victoria Montenegro.

«Nunca más el odio y nunca más el silencio», son las consignas que compartió Jarach con el público, y luego expuso sobre las motivaciones, las consecuencias y qué hacer para evitar que estos discursos, crezcan.

Como «motivaciones», mencionó el «hambre, la miseria» y las «situaciones graves donde parece que todo está mal». Y afirmó que las «persecuciones, las guerras y los genocidios» son las «consecuencias» y el «fruto del odio».

Luego, dijo que el «silencio es indiferencia», y llamó a «destapar» la semilla del odio cuando sus discursos comienzan.

«Cuando ya está en movimiento, hay hacer algo que no sea violento. Mi sugerencia es la solidaridad», afirmó Jarach, y agregó que el odio «surge de alguien con poder que busca chivos emisarios».

Vera Jarach es periodista, nació en Italia y vino a la Argentina cuando era una niña, «sobreviviendo al fascismo», tal como dijo hoy en la Legislatura porteña.

El sociólogo Ezequiel Ipar (Unsam), a su turno, apuntó que los discursos de odio «no son creencias» ni una opinión que se comparte en conversaciones privadas, si no que están destinados a «hacerle algo a alguien».

Además, analizó la circulación de estos discursos en las redes sociales, donde el algoritmo puede impulsar su crecimiento porque falta la decisión y la «inversión económica» para contenerlos.

Luego, consideró que el «espacio público digital» no es un escenario de «diálogo y negociación», sino que es propicio para un «yo hermético» que tiene una creencia, la afirma y no está dispuesto a ponerla en debate.

En consonancia con Jarach, Ipar apuntó que en las redes sociales «falta solidaridad con las víctimas de los discursos de odio», y llamó a «romper el silencio en la comunicación digital».

El sociólogo también consideró que «es más grave» cuando un mensaje de odio «viene de una autoridad», y advirtió que hay actualmente un movimiento político al que, en términos electorales, «le rinde el odio a la democracia».

Al cerrar el encuentro, tomó la palabra la defensora del Público, Miriam Lewin, quien habló de la existencia de un «voto enojo» y un contexto en el que algunas personas «no ven por qué tienen que confiar en este sistema».

Lewin, periodista y sobreviviente de un centro clandestino de detención y exterminio de la última dictadura cívico-militar argentina, también llamó a reflexionar sobre las «consecuencias irreversibles» del odio.

Victoria Montenegro, por su parte, dijo que este año, de la mano del bloque La Libertad Avanza, «volvió la teoría de los dos demonios» a la Legislatura porteña, lo que se puso se manifiesto en sus discursos y votaciones de la sesión especial por el Día de la Memoria, el 24 de marzo último.

También dijo que los intereses que estuvieron detrás de la última dictadura argentina siguen vigentes y «vuelven».

Montenegro llamó a recordar que las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo «transitaron el odio y generaron herramientas que hoy tenemos que volver a poner en valor».

«La solidaridad, la ternura y el amor son una fuerte herramienta para enfrentar el odio», sostuvo Montenegro, quien es una nieta recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo.

Al final de la jornada, también intervino Mariana Bendahan, quien consideró que a lo largo de los cuatro encuentros realizados se escucharon voces diversas, pero «quedó mucho por debatir», por lo que anticipó puede haber más intercambios.

Luego, dijo que se busca «propiciar instancias de reflexión» sobre discursos que pueden reproducirse también de manera inconsciente.

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Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado

El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.

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Corte Internacional de Justicia: fallo por los rohinyás

Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.

El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.

Qué dio por probado la Corte

El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.

Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.

Lo que deberá hacer Myanmar

La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.

El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.

Un techo que se rompió

El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.

El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.

El capítulo argentino

La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.

Lo que tenés que saber

  • La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
  • Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
  • Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
  • Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
  • En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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