Legislativo
Ferraro denunció la inconstitucionalidad del DNU que habilita detenciones por parte de la SIDE
Presentó una acción de amparo para frenar el DNU 941/2025, firmado por el Ejecutivo y publicado el 31 de diciembre a última hora, que modifica más de 30 artículos de la Ley de Inteligencia Nacional.
El diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) presentó una acción de amparo para frenar el DNU 941/2025, firmado por el Ejecutivo y publicado el 31 de diciembre a última hora, que modifica más de 30 artículos de la Ley de Inteligencia Nacional y habilita a agentes de inteligencia a detener personas. Para el legislador, el decreto “viola la Constitución”, avanza sobre materias prohibidas y debe ser declarado “nulo de nulidad absoluta”.
La presentación judicial fue realizada ante el fuero Contencioso Administrativo, junto a las diputadas Mónica Frade y Esteban Paulón. Allí piden la suspensión inmediata de los efectos del DNU y la restitución plena de la legislación vigente antes de su promulgación.
“Publicaron el decreto mientras los argentinos nos preparábamos para recibir el 2026”, ironizó Ferraro en declaraciones radiales. Y remarcó que el contenido del DNU implica una reforma encubierta del sistema de inteligencia y del Código Procesal Penal, que debería ser tratada por el Congreso.
Un decreto “sin necesidad ni urgencia”
Ferraro cuestionó el uso del Decreto de Necesidad y Urgencia señalando que no existe ninguna de las circunstancias excepcionales que habilitan constitucionalmente ese mecanismo.
Según explicó, el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional es taxativo: el Ejecutivo no puede dictar DNU en materia penal ni en cuestiones que alteren el equilibrio de poderes. Y, en este caso, el decreto autoriza a agentes de inteligencia a detener personas, lo que constituye un avance directo sobre funciones del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad reguladas por ley.
“El DNU se mete en materia prohibida al otorgar facultades de arresto a los servicios de inteligencia. Eso implica modificar, aunque sea solapadamente, el artículo 184 del Código Procesal Penal”, sostuvo el diputado de la Coalición Cívica.
Inteligencia y represión
El decreto en cuestión introduce cambios estructurales en la Ley de Inteligencia Nacional: amplía funciones, elimina controles parlamentarios y habilita tareas de intervención directa sobre civiles. Para Ferraro, esto supone un retroceso institucional y reabre el peligro de utilización política de los organismos de espionaje.
Además, advirtió que el texto fue publicado el 31 de diciembre a las 19.30, cuando la mayoría de la población estaba en la previa de Año Nuevo. “No hay ni necesidad ni urgencia. Lo que hay es un intento de gobernar sin Parlamento”, planteó.
La batalla judicial
La acción de amparo busca que la Justicia:
suspenda el DNU 941/2025
deje sin efecto cualquier acto administrativo dictado en su cumplimiento
reponga la plena vigencia del régimen anterior
Ferraro insistió en que el debate sobre inteligencia y seguridad debe darse en el Congreso, con publicidad y control democrático. Y remarcó que la Coalición Cívica sostendrá la discusión en todos los frentes institucionales.
Mientras tanto, el decreto sigue generando rechazos en sectores políticos, organizaciones de derechos humanos y especialistas que alertan por el riesgo de un nuevo esquema de persecución y espionaje interno bajo cobertura legal.
Economía 💲
El secreto que duró dos años: Bausili confirmó en el Senado que el oro argentino está en Suiza
El presidente del Banco Central confirmó ante el Senado que parte de los lingotes de oro de las reservas nacionales fueron trasladados en 2024 al Bank for International Settlements (BIS), con sede en Suiza, donde permanecen depositados. La revelación, que el gobierno había mantenido bajo reserva durante dos años, llegó a raíz de una pregunta de la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio y en el marco del debate por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
El gobierno de Javier Milei guardó durante más de dos años un silencio que la oposición calificó de inexplicable: el destino de parte de las reservas de oro del Banco Central, trasladadas al exterior durante 2024. Recién el 9 de septiembre de 2026, ante las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación, el propio presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, reveló que esos lingotes se encuentran depositados en el Bank for International Settlements (BIS), el organismo multilateral con sede en Suiza que funciona como banco de bancos centrales.
La pregunta la hizo la senadora nacional por Buenos Aires Juliana Di Tullio, integrante de Unión por la Patria, quien desde hacía dos años reclamaba respuesta a pedidos de acceso a la información pública sin que el gobierno le respondiera. «¿Qué carajos hicieron con las 13 toneladas de oro?», disparó Di Tullio, según consignaron medios presentes en la sesión. Fue en ese contexto que Bausili tomó la palabra y brindó la primera explicación oficial sobre el destino del metal.
Una «oportunidad de mercado» que durmió dos años en secreto
La explicación de Bausili construyó una narrativa técnica sobre la decisión: el BCRA contaba con dos tipos de tenencias de oro, una parte física depositada en sus propias bóvedas y otra que ya se encontraba en el BIS. En 2024, según el funcionario, las condiciones del mercado internacional del oro abrieron una ventana para convertir lingotes de menor aceptación comercial en otros de mayor pureza y mejor liquidez, a un costo inferior al histórico. «Se trasladó y se depositó en el BIS de Suiza, que es donde siguen estando», precisó.
«A nosotros se nos dio la circunstancia a principios de 2024 de que había alta demanda por lingotes de oro en el mercado de oro y en ese contexto se bajaron los costos asociados con la aceptación de lingotes viejos de calidad más dudosa o más cuestionable o más difícil de analizar», explicó Bausili. Y añadió: «Tomamos una oportunidad. Era óptimo en la administración de las reservas del Banco Central aprovechar esa ventana de oportunidad y, a un costo mucho más bajo del histórico, convertir esos oros de calidad más baja en oro de calidad más alta».
Lo que Bausili no explicó con la misma fluidez fue por qué esa operación, presentada como una rutina de administración de activos, permaneció sin comunicación oficial durante más de dos años, hasta que la presión parlamentaria lo obligó a dar la cara.
El silencio y la «sensibilidad» de los datos
Para justificar la falta de información pública, Bausili invocó razones estratégicas: divulgar las posiciones del BCRA en el mercado podría facilitar que otros actores operen en contra de los intereses de la entidad y encarezcan las transacciones. «Hay cierta información que se resguarda del mercado para que no le estén operando constantemente en contra», sostuvo, según informó El Economista.
El argumento, sin embargo, choca con una realidad política: Di Tullio había presentado pedidos formales de acceso a la información pública, un mecanismo de control parlamentario garantizado por la Ley 27.275, y el Poder Ejecutivo los ignoró durante dos años. La «sensibilidad» del dato no alcanza como justificativo legal frente a una obligación de respuesta que el gobierno incumplió sistemáticamente.
Bausili defendió además la trazabilidad de las operaciones y afirmó que los movimientos del oro fueron revisados por auditorías internas, externas y por la Auditoría General de la Nación (AGN) para los ejercicios 2023, 2024 y 2025. «2023, 2024 y 2025 están y no tienen comentarios», sostuvo. Sin embargo, Di Tullio volvió sobre el asunto tras la exposición del funcionario para señalar que la AGN indicó que no existe trazabilidad sobre lo que se hizo con el oro, en aparente contradicción con lo expuesto por el titular del BCRA.
La reforma del BCRA: el telón de fondo
La revelación sobre el oro no fue el único dato relevante de la jornada en el Senado. La exposición de Bausili y del vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, se encuadró en el debate por la reforma de la Carta Orgánica de la entidad, que busca concentrar el mandato del Banco Central exclusivamente en la preservación del valor de la moneda y limitar de manera drástica los mecanismos de financiamiento al Tesoro. El proyecto avanzó con dictamen de mayoría en la Cámara.
Werning estimó en 550.000 millones de dólares el daño patrimonial acumulado por el histórico financiamiento del Banco Central al Tesoro, una cifra que el oficialismo utilizó como argumento para defender la reforma. Bausili fue más explícito: «Ni siquiera se pudo cumplir el número uno, que era preservar el valor de la moneda», dijo en referencia a los cinco objetivos vigentes desde la reforma kirchnerista de 2012, que la actual gestión pretende reemplazar por un mandato único.
La combinación de ambos debates, el destino del oro y la nueva arquitectura institucional del BCRA, reveló la lógica de fondo del proyecto libertario: reducir el margen de maniobra de cualquier gobierno futuro sobre los activos externos y la política monetaria, mientras el oro ya trasladado al exterior permanece bajo custodia de un organismo multilateral sin que el Congreso haya sido informado en tiempo y forma.
Bausili intentó desactivar las sospechas con una frase que sintetizó la postura oficial frente a dos años de silencio: «Lo que pasa es que es atractivo armar una telenovela o una conspiración alrededor de esa historia, pero la historia es muy simple, muy lineal y está toda documentada».
Puntos clave
- El presidente del BCRA, Santiago Bausili, confirmó ante el Senado que parte del oro de las reservas fue trasladado en 2024 al BIS, con sede en Suiza.
- El gobierno mantuvo la operación bajo reserva durante más de dos años, ignorando pedidos formales de información parlamentaria.
- La senadora Juliana Di Tullio señaló que la Auditoría General de la Nación indica que no existe trazabilidad sobre los movimientos del oro, en contradicción con los dichos de Bausili.
- La revelación se produjo en el marco del debate por la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, que avanzó con dictamen de mayoría.
- Vladimir Werning estimó en 550.000 millones de dólares el daño patrimonial acumulado por el financiamiento del Banco Central al Tesoro.
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