La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), encabezada por su secretario general, Rodolfo Aguiar, exigió al Gobierno nacional la inmediata reapertura de las paritarias antes del 31 de diciembre. Además, solicitó una recomposición salarial de emergencia para contrarrestar el deterioro del poder adquisitivo sufrido durante el último año.

Aguiar afirmó que, de no convocarse a negociaciones salariales, podrían implementarse medidas de acción directa a comienzos de 2025. «Es imperiosa la necesidad de que se reabran las negociaciones antes de fin de año. El ajuste aplicado en el sector público durante el 2024 destruyó todos los salarios. Necesitamos que se compense el grave deterioro que han tenido nuestros ingresos. El bono de $30.000 otorgado y avalado por otro sindicato es una ofensa, no alcanza para nada», manifestó Aguiar.

Impacto de las políticas de ajuste en el sector público

ATE denunció que la política salarial impulsada desde la Casa Rosada empujó a más del 80% de los estatales a la pobreza. Según el sindicato, los sueldos actuales no alcanzan para cubrir las mínimas prestaciones garantizadas por la ley.

En un contexto de ajuste fiscal y reducción del tamaño del Estado promovido por el presidente Javier Milei, los empleados públicos han experimentado una significativa pérdida de poder adquisitivo. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) indican que, hasta septiembre de 2024, el poder adquisitivo de los trabajadores sufrió una caída del 5,7% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Demandas específicas del sindicato

En su pedido formal dirigido al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y a la Secretaría de Trabajo, liderada por Julio Cordero, ATE exigió:

Salarios dignos que aseguren alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.

• Aumentos salariales por encima de la inflación.

• Apertura de convenios colectivos de trabajo sectoriales, especialmente los más postergados.

• Asegurar la continuidad de todos los procesos de regularización del empleo público y pases a planta permanente.

• Cese del ajuste y los despidos, y la reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos a partir del 10 de diciembre de 2023.

El sindicato también indicó que la pérdida del poder adquisitivo en la Administración Pública Nacional superó el 40% en 2024. Utilizando datos del INDEC, determinaron que el ingreso mínimo, «no el óptimo ni el deseable», debería ser de $1.547.169.

Perspectivas para el próximo año

Aguiar advirtió que, si no se atienden estas demandas, la conflictividad laboral podría incrementarse a inicios de 2025. «Hoy todos los empleados públicos que tienen que pagar un alquiler no llegan ni siquiera a mitad de mes. El recorte salarial en la Administración Pública es dramático. Si no existe una respuesta a este pedido concreto, en el inicio del próximo año habrá un aumento de la conflictividad», concluyó.

Las 10 claves sobre la reapertura de paritarias y el aumento salarial de emergencia:

• ATE exige la reapertura de paritarias antes del 31 de diciembre.

• Solicitan una recomposición salarial de emergencia para contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo.

• Denuncian que más del 80% de los empleados estatales se encuentran en situación de pobreza.

• Advierten sobre posibles medidas de acción directa a inicios de 2025 si no se atienden sus demandas.

• El ingreso mínimo necesario, según ATE, debería ser de $1.547.169.

• La pérdida del poder adquisitivo en la Administración Pública Nacional superó el 40% ena 2024.

• El ajuste fiscal y las políticas de reducción del Estado han impactado negativamente en los salarios del sector público.

• ATE reclama aumentos salariales por encima de la inflación y la apertura de convenios colectivos de trabajo sectoriales.

• Exigen el cese del ajuste, los despidos y la reincorporación de los trabajadores despedidos desde diciembre de 2023.

• Advierten sobre un posible incremento de la conflictividad laboral en 2025 si no se atienden sus demandas.