Trabajadores del subte reiteraron hoy en la Legislatura porteña el pedido para que la empresa Emova, a cargo de la concesión del servicio, avance con el retiro del asbesto, una sustancia cancerígena presente en la red como consecuencia de la compra a España de unidades contaminadas en 2012, durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno.

La exhortación se dio en el marco de una audiencia en el Parlamento local que contó con las exposiciones de los trabajadores afectados por el asbesto, delegados, legisladores y diputados del Frente de Todos y del Frente de Izquierda Unidad, así como también de especialistas en salud y seguridad laboral, que sumaron diagnósticos sobre la situación.

Según denunciaron desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP-Metrodelegados), el asbesto está presente en la red del servicio público de transporte y su manipulación causó la muerte de tres trabajadores entre 2021 y 2022, en tanto que hay más de 85 afectados por la sustancia contaminante.

El reclamo para que el asbesto sea retirado -que forma parte de las demandas por las que mañana habrá un paro escalonado en todas las líneas- comenzó en 2018 tras tomar conocimiento de la presencia de la sustancia cancerígena en las unidades que el Gobierno porteño adquirió al Metro de Madrid durante el mandato de Mauricio Macri en 2012.

«Esto se podría haber evitado, pero lo hicieron a propósito porque sabían que la flota que compraron tenían asbesto», afirmó Claudio Garay, trabajador de hace más de 30 años del subte y diagnosticado con placas pleurales en sus pulmones.

Ramón Acuña, también afectado por su labor en el taller Rancagua -donde se reparan las unidades de la línea B, la más impactada- enfatizó que «tienen que pagar por todo el daño hecho tanto el Gobierno porteño por su responsabilidad política y la empresa Emova por negligencia criminal».

El asbesto está clasificado por la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer como cancerígeno 1A, que significa que es cancerígeno para seres humanos, y el riesgo extremo para la salud surge de la persistencia de fibras de este mineral dentro de los pulmones.

El secretario general de AGTSyP, Roberto Pianelli, calificó de «camarilla de delincuentes» a «los que compraron la flota con asbesto», tras lo cual remarcó que «más allá de que nos castiguen con suspensiones y descuentos» por las medidas de fuerza que llevan adelante, aclaró que tienen «fuerza y organización para ganar esta lucha».

Claudio Dellecarbonara, miembro del secretariado de AGTSyP, consideró que la demanda que mantienen con la empresa «es por una cuestión de vida o muerte».

«Son criminales porque tenemos una condena sobre nuestra cabeza, por lo que tienen que pagar y también desasbestizar», remarcó.

Por su parte, Néstor Segovia, secretario adjunto del gremio, afirmó que «no estamos haciendo política, sino que pedimos ayuda para trabajar sin asbesto».

En el cierre, el diputado nacional y médico sanitarista Daniel Gollan expresó su «bronca por cómo se manejó todo este tema, aunque no sorprende que lo hayan ocultado», tras lo cual señaló que «hay que hacer más porque hay millones de ciudadanos que viajan en subte y pueden estar expuestos».

Hernán Rubio, licenciado en Seguridad e Higiene, afirmó que «el asbesto puede generar un grave daño ambiental y a la salud y no hay límite seguro para una sustancia cancerígena», en tanto que Guillermo Geribeli, abogado laboralista, consideró que «se tiene que hacer una desasbestización y, mientras ello ocurre, se tiene que bajar el impacto a través de una reducción de la exposición».

Estuvieron presentes también los legisladores Claudio Ferreño, Claudia Neira, Victoria Montenegro, Javier Andrade, María Bielli, Claudio Morresi, Matías Barroetaveña, Juan Manuel Valdés, Laura Velasco, Juan Modarelli, Alejandrina Barry y Gabriel Solano.