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Trabajadores del subte insistieron con el pedido para que Emova retire el asbesto de la red

La exhortación se dio en el marco de una audiencia en el Parlamento local que contó con las exposiciones de los trabajadores afectados por el asbesto, delegados, legisladores y diputados del Frente de Todos y del Frente de Izquierda Unidad, así como también de especialistas en salud y seguridad laboral, que sumaron diagnósticos sobre la situación.

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Trabajadores del subte reiteraron hoy en la Legislatura porteña el pedido para que la empresa Emova, a cargo de la concesión del servicio, avance con el retiro del asbesto, una sustancia cancerígena presente en la red como consecuencia de la compra a España de unidades contaminadas en 2012, durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno.

La exhortación se dio en el marco de una audiencia en el Parlamento local que contó con las exposiciones de los trabajadores afectados por el asbesto, delegados, legisladores y diputados del Frente de Todos y del Frente de Izquierda Unidad, así como también de especialistas en salud y seguridad laboral, que sumaron diagnósticos sobre la situación.

Según denunciaron desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP-Metrodelegados), el asbesto está presente en la red del servicio público de transporte y su manipulación causó la muerte de tres trabajadores entre 2021 y 2022, en tanto que hay más de 85 afectados por la sustancia contaminante.

El reclamo para que el asbesto sea retirado -que forma parte de las demandas por las que mañana habrá un paro escalonado en todas las líneas- comenzó en 2018 tras tomar conocimiento de la presencia de la sustancia cancerígena en las unidades que el Gobierno porteño adquirió al Metro de Madrid durante el mandato de Mauricio Macri en 2012.

«Esto se podría haber evitado, pero lo hicieron a propósito porque sabían que la flota que compraron tenían asbesto», afirmó Claudio Garay, trabajador de hace más de 30 años del subte y diagnosticado con placas pleurales en sus pulmones.

Ramón Acuña, también afectado por su labor en el taller Rancagua -donde se reparan las unidades de la línea B, la más impactada- enfatizó que «tienen que pagar por todo el daño hecho tanto el Gobierno porteño por su responsabilidad política y la empresa Emova por negligencia criminal».

El asbesto está clasificado por la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer como cancerígeno 1A, que significa que es cancerígeno para seres humanos, y el riesgo extremo para la salud surge de la persistencia de fibras de este mineral dentro de los pulmones.

El secretario general de AGTSyP, Roberto Pianelli, calificó de «camarilla de delincuentes» a «los que compraron la flota con asbesto», tras lo cual remarcó que «más allá de que nos castiguen con suspensiones y descuentos» por las medidas de fuerza que llevan adelante, aclaró que tienen «fuerza y organización para ganar esta lucha».

Claudio Dellecarbonara, miembro del secretariado de AGTSyP, consideró que la demanda que mantienen con la empresa «es por una cuestión de vida o muerte».

«Son criminales porque tenemos una condena sobre nuestra cabeza, por lo que tienen que pagar y también desasbestizar», remarcó.

Por su parte, Néstor Segovia, secretario adjunto del gremio, afirmó que «no estamos haciendo política, sino que pedimos ayuda para trabajar sin asbesto».

En el cierre, el diputado nacional y médico sanitarista Daniel Gollan expresó su «bronca por cómo se manejó todo este tema, aunque no sorprende que lo hayan ocultado», tras lo cual señaló que «hay que hacer más porque hay millones de ciudadanos que viajan en subte y pueden estar expuestos».

Hernán Rubio, licenciado en Seguridad e Higiene, afirmó que «el asbesto puede generar un grave daño ambiental y a la salud y no hay límite seguro para una sustancia cancerígena», en tanto que Guillermo Geribeli, abogado laboralista, consideró que «se tiene que hacer una desasbestización y, mientras ello ocurre, se tiene que bajar el impacto a través de una reducción de la exposición».

Estuvieron presentes también los legisladores Claudio Ferreño, Claudia Neira, Victoria Montenegro, Javier Andrade, María Bielli, Claudio Morresi, Matías Barroetaveña, Juan Manuel Valdés, Laura Velasco, Juan Modarelli, Alejandrina Barry y Gabriel Solano.

Actualidad

CGT, CTA y UTEP marchan al Congreso con los jubilados en el inicio de un nuevo plan de lucha

La central obrera relanzó su ofensiva contra el gobierno de Javier Milei con una movilización convocada para las 15 en Rivadavia y Rodríguez Peña. El cosecretario general Cristian Jerónimo anticipó que no acompañarán «ninguna ley que presente el Gobierno». El acto marca el inicio de un plan de lucha que podría derivar en un quinto paro general.

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El Argentino Diario-Operativo de seguridad-Congreso-Marcha federal.
Sin tregua con Milei: el sindicalismo y los movimientos reflejan a la calles con cuatro paros de historia y un quinto en el horizonte.

La Confederación General del Trabajo (CGT), junto a las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y organizaciones de jubilados, confluirán este miércoles en una nueva jornada nacional de protesta frente al Congreso contra las políticas del gobierno de Javier Milei. La convocatoria, que se extenderá con adhesiones del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) del gobernador Axel Kicillof y del Frente de Izquierda (FIT), marcó el relanzamiento formal de un plan de lucha acordado entre las tres centrales sindicales luego de la pausa que impuso el Mundial de Fútbol 2026.

«No acompañamos ninguna ley que presente el Gobierno»

El cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, fue contundente en declaraciones radiales durante la previa de la movilización: la central obrera no acompañará «ninguna ley que presente el Gobierno», porque «se va todo a contramano de lo que necesita la sociedad». El dirigente también hizo un repaso de la historia de conflictividad entre el sindicalismo y la actual administración: «La CGT, que asumió este gobierno a los 15 días, le hizo el primer paro general, y de ahí hasta acá le hizo cuatro paros generales. Cuando se planteó lo de la reforma laboral, se hicieron tres movilizaciones, un paro general, más de 14 movilizaciones que acompañó la CGT», recordó.

Jerónimo también señaló que el problema estructural que enfrenta la economía argentina no se resuelve con la agenda oficial: «El problema más grande que tiene la mayoría de las actividades es lo que les está sucediendo a las empresas: que no hay trabajo, que hay una recesión profunda y que lo único que se ve todos los días es cómo cierra una empresa». Su par en el triunvirato, Jorge Sola, había anticipado días atrás que la central marcharía «para poner en evidencia lo que sucede con los trabajadores».

Cuatro paros generales y una reforma laboral ya aprobada

La movilización de este miércoles se produce en un contexto de derrota parcial para el sindicalismo. La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación de la CGT y dejó vigentes los artículos más cuestionados de la Ley de Modernización Laboral, aprobada en el Congreso en febrero de 2026 tras el cuarto paro general de la central obrera. Aquella huelga, que el propio Sola cifró con un acatamiento superior al 90%, no alcanzó para frenar la norma que, según la CGT, «retrocede 100 años» en materia de derechos laborales.

Los cuatro paros generales bajo la gestión Milei se realizaron el 24 de enero y el 9 de mayo de 2024, el 10 de abril de 2025 y el 19 de febrero de 2026. A eso se suman más de 14 movilizaciones vinculadas al rechazo de la reforma laboral y marchas en defensa de la universidad pública y el sistema de salud. Pese al historial de conflictividad, el Gobierno resistió cada uno de esos embates y avanzó con su agenda de desregulación y ajuste sin modificar su rumbo central.

Jubilados en el centro de la escena

La jornada de este miércoles se articuló en torno a la protesta que distintas organizaciones de jubilados vienen realizando cada semana frente al Congreso. Los manifestantes se concentrarán desde las 15 en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña para marchar luego hacia la Plaza del Congreso. Las consignas centrales apuntan a la defensa del sistema previsional, el reclamo de una recomposición real de los haberes y el rechazo a las políticas económicas de la administración nacional, que profundizaron la pérdida de poder adquisitivo de los sectores pasivos.

La cuenta verificada de la CGT en la red X convocó a la movilización bajo la consigna: «La seguridad social es un derecho: marchamos junto a las y los jubilados. En defensa de sus derechos, sus ingresos y una vida digna». Además de la concentración central en Buenos Aires, se prevén actos y concentraciones en las regionales de distintas provincias, con actividades confirmadas en Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán, entre otras ciudades.

Un plan de lucha que se extiende hasta noviembre

La movilización de este miércoles es solo el punto de partida de una serie de protestas que las centrales sindicales acordaron extender hasta noviembre de 2026. La próxima fecha confirmada es el 7 de agosto, Día de San Cayetano, patrono del Trabajo, cuando se prevé una nueva concentración masiva. Los dirigentes sindicales no descartaron convocar un quinto paro general si el Gobierno no da respuestas a los reclamos del movimiento obrero, aunque por el momento la estrategia apuesta a una escalada progresiva de protestas en lugar de medidas de fuerza inmediatas.

El operativo de seguridad desplegado para la jornada implicará cortes de tránsito en los alrededores del Congreso y restricciones en las principales arterias del centro porteño. Los organizadores de algunas concentraciones del interior resolvieron no anunciar previamente los puntos de concentración para evitar interferencias de las fuerzas de seguridad, una práctica que se viene repitiendo en protestas recientes.

El trasfondo: un sindicalismo que no cierra la tregua

Pese a que el Gobierno logró corregir, mediante negociaciones reservadas, algunas de las disposiciones más lesivas para la caja sindical incluidas en la Ley de Modernización Laboral, el gesto no alcanzó para sellar una tregua. La CGT retoma la ofensiva en un contexto político marcado por el inicio del ciclo electoral de 2027 y la necesidad de las centrales sindicales de mostrar capacidad de movilización frente a sus propias bases. El rechazo explícito de Jerónimo a cualquier proyecto legislativo del Ejecutivo, sin distinción, constituye una señal política de que el sindicalismo no está dispuesto a acompañar la segunda etapa del ajuste libertario, que incluye una nueva reforma que el Gobierno planea enviar al Congreso con capítulos que fueron eliminados del texto original de la ley laboral.

Puntos clave

  • CGT, CTA y UTEP marchan este miércoles al Congreso junto a jubilados, con concentración desde las 15 en Rivadavia y Rodríguez Peña.
  • El cosecretario Cristian Jerónimo confirmó que la central no acompañará ninguna ley del Gobierno de Milei.
  • La CGT acumula cuatro paros generales desde diciembre de 2023; el quinto no está descartado.
  • El plan de lucha acordado entre las tres centrales se extenderá hasta noviembre, con la próxima fecha el 7 de agosto en San Cayetano.
  • El Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof y el FIT adhirieron a la convocatoria, sumando volumen político a la protesta.
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