Gremiales
Trabajadores del subte insistieron con el pedido para que Emova retire el asbesto de la red
La exhortación se dio en el marco de una audiencia en el Parlamento local que contó con las exposiciones de los trabajadores afectados por el asbesto, delegados, legisladores y diputados del Frente de Todos y del Frente de Izquierda Unidad, así como también de especialistas en salud y seguridad laboral, que sumaron diagnósticos sobre la situación.
Trabajadores del subte reiteraron hoy en la Legislatura porteña el pedido para que la empresa Emova, a cargo de la concesión del servicio, avance con el retiro del asbesto, una sustancia cancerígena presente en la red como consecuencia de la compra a España de unidades contaminadas en 2012, durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno.
La exhortación se dio en el marco de una audiencia en el Parlamento local que contó con las exposiciones de los trabajadores afectados por el asbesto, delegados, legisladores y diputados del Frente de Todos y del Frente de Izquierda Unidad, así como también de especialistas en salud y seguridad laboral, que sumaron diagnósticos sobre la situación.
Según denunciaron desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP-Metrodelegados), el asbesto está presente en la red del servicio público de transporte y su manipulación causó la muerte de tres trabajadores entre 2021 y 2022, en tanto que hay más de 85 afectados por la sustancia contaminante.
El reclamo para que el asbesto sea retirado -que forma parte de las demandas por las que mañana habrá un paro escalonado en todas las líneas- comenzó en 2018 tras tomar conocimiento de la presencia de la sustancia cancerígena en las unidades que el Gobierno porteño adquirió al Metro de Madrid durante el mandato de Mauricio Macri en 2012.
«Esto se podría haber evitado, pero lo hicieron a propósito porque sabían que la flota que compraron tenían asbesto», afirmó Claudio Garay, trabajador de hace más de 30 años del subte y diagnosticado con placas pleurales en sus pulmones.
Ramón Acuña, también afectado por su labor en el taller Rancagua -donde se reparan las unidades de la línea B, la más impactada- enfatizó que «tienen que pagar por todo el daño hecho tanto el Gobierno porteño por su responsabilidad política y la empresa Emova por negligencia criminal».
El asbesto está clasificado por la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer como cancerígeno 1A, que significa que es cancerígeno para seres humanos, y el riesgo extremo para la salud surge de la persistencia de fibras de este mineral dentro de los pulmones.
El secretario general de AGTSyP, Roberto Pianelli, calificó de «camarilla de delincuentes» a «los que compraron la flota con asbesto», tras lo cual remarcó que «más allá de que nos castiguen con suspensiones y descuentos» por las medidas de fuerza que llevan adelante, aclaró que tienen «fuerza y organización para ganar esta lucha».
Claudio Dellecarbonara, miembro del secretariado de AGTSyP, consideró que la demanda que mantienen con la empresa «es por una cuestión de vida o muerte».
«Son criminales porque tenemos una condena sobre nuestra cabeza, por lo que tienen que pagar y también desasbestizar», remarcó.
Por su parte, Néstor Segovia, secretario adjunto del gremio, afirmó que «no estamos haciendo política, sino que pedimos ayuda para trabajar sin asbesto».
En el cierre, el diputado nacional y médico sanitarista Daniel Gollan expresó su «bronca por cómo se manejó todo este tema, aunque no sorprende que lo hayan ocultado», tras lo cual señaló que «hay que hacer más porque hay millones de ciudadanos que viajan en subte y pueden estar expuestos».
Hernán Rubio, licenciado en Seguridad e Higiene, afirmó que «el asbesto puede generar un grave daño ambiental y a la salud y no hay límite seguro para una sustancia cancerígena», en tanto que Guillermo Geribeli, abogado laboralista, consideró que «se tiene que hacer una desasbestización y, mientras ello ocurre, se tiene que bajar el impacto a través de una reducción de la exposición».
Estuvieron presentes también los legisladores Claudio Ferreño, Claudia Neira, Victoria Montenegro, Javier Andrade, María Bielli, Claudio Morresi, Matías Barroetaveña, Juan Manuel Valdés, Laura Velasco, Juan Modarelli, Alejandrina Barry y Gabriel Solano.
Educación
CONADU Histórica inicia un paro de una semana por la ley de financiamiento, días después del Papa
La federación docente realiza un paro hasta el miércoles 18 y reclama el cumplimiento de la ley, la deuda salarial y un Presupuesto 2027 que la respete. El oficialismo busca llevar ese proyecto al recinto de Diputados el 18 o el 25 de noviembre.
La CONADU Histórica inició este jueves un paro nacional de una semana en las universidades públicas, que se extenderá hasta el miércoles 18 de noviembre. La federación reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial que, según denuncia, el Estado nacional mantiene con la docencia universitaria y preuniversitaria, y un Presupuesto 2027 que respete esa norma. La medida llega cuatro días después del discurso de León XIV en el Palacio Libertad, que pidió robustecer la universidad.
La decisión se tomó el viernes 6 de noviembre, en un Congreso Extraordinario con 81 representantes de asociaciones de base, que aprobaron la semana de paro por amplia mayoría. La Asociación Gremial Docente de la UBA remarcó que el proyecto de presupuesto del año próximo debe respetar lo que establece la ley.
El Congreso también resolvió, por unanimidad, una huelga de 24 horas el día en que se trate el Presupuesto 2027 en el Parlamento. Además, pondrá en consulta nacional la posibilidad de afectar los exámenes de diciembre y debatirá medidas para el inicio del ciclo 2027 si el Gobierno sigue sin aplicar la ley. El personal nodocente de la FATUN suma paros de 24 horas este jueves y el lunes 16, en el mismo reclamo.
El oficialismo busca firmar el dictamen del Presupuesto 2027 y llevarlo al recinto de Diputados el 18 o el 25 de noviembre, según se informó. Esta tarde se reúne con los bloques aliados, que reclaman cambios; el radicalismo insistirá con el financiamiento universitario. Si el debate fuera el 18, coincidiría con el último día de la semana de paro.
La ley, el veto y la Justicia
La Ley 27.795 fue ratificada por amplias mayorías en el Congreso después del veto presidencial. El Poder Ejecutivo la promulgó con el Decreto 759/2025, pero condicionó su aplicación a que se definieran las fuentes de financiamiento y las partidas presupuestarias. El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional esa cláusula y ordenó cumplir la norma. El Gobierno apeló y, el 9 de octubre, el magistrado concedió el recurso: ahora decide la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Según esa resolución, seguía vigente la cautelar que ordena recomponer salarios docentes y becas. La CONADU Histórica sostiene que el Gobierno la continúa incumpliendo.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostiene que el Gobierno incumple. En un documento que su presidente, Franco Bartolacci, entregó al Papa en Roma el 23 de octubre, afirmó que el Ejecutivo “desconoce los otros dos poderes de la República” al ignorar la ley y desoír los fallos que ordenan su cumplimiento inmediato. El conflicto tuvo su expresión callejera en la quinta Marcha Federal Universitaria, el 15 de octubre, frente al Congreso.
El Presupuesto 2027 y los salarios
El CIN pidió 11 billones de pesos para 2027, un 33% más que lo previsto en el proyecto del Poder Ejecutivo. Bartolacci, que además es rector de la Universidad Nacional de Rosario, advirtió ante los legisladores: “Si no logramos modificaciones razonables al proyecto de presupuesto presentado por el gobierno nacional, va a ser realmente muy difícil que las universidades abramos nuestras puertas el año que viene, ni más ni menos que eso”. Su vicepresidente, Anselmo Torres, agregó: “Ni siquiera alcanzaría para los salarios”.
En una entrevista reciente, Bartolacci situó el reclamo salarial en el centro del conflicto. Dijo que alrededor del 70% de los trabajadores docentes y nodocentes de la educación superior cobra menos de 850.000 pesos mensuales. “Eso te provoca muchas cosas: renuncias, perdés recursos humanos muy valiosos (…). Cuando no tenés renuncia, tenés cada vez más extendido el pluriempleo, porque ante la dificultad salarial, para poder vivir incorporan otros trabajos”, explicó. Y sumó: “Mucho cansancio, malestar en la comunidad, por la situación salarial por supuesto, pero también por el destrato y la desconsideración del gobierno nacional”.
El mensaje del Papa y la discusión en el Congreso
El domingo 8 de noviembre, en su primer discurso ante las autoridades, en el Palacio Libertad, León XIV dijo: “Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”. Y agregó: “Crear las condiciones para que puedan proyectar libremente su vida en Argentina exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”. El texto no menciona la ley, el presupuesto ni los salarios universitarios.
Bartolacci participó el lunes 9 del encuentro del Papa con instituciones y el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. “Está muy bien aplaudir efusivamente un mensaje cargado de afirmaciones trascendentes sobre casi todos los temas importantes que enfrenta el país. Pero valorar el mensaje exige algo más: escucharlo más atentamente y hacerlo carne en nuestras prácticas cotidianas”, señaló. En el Congreso, el diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, reclamó: “Que haya partidas para educación, que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario”.
Lo que tenés que saber:
- La CONADU Histórica paró desde este jueves y hasta el miércoles 18 de noviembre, por una resolución del Congreso Extraordinario del 6 de noviembre.
- Reclama que se cumpla la Ley 27.795, el pago de la deuda salarial y un Presupuesto 2027 acorde a esa norma.
- Habrá otra huelga de 24 horas el día en que el Congreso trate el Presupuesto; el oficialismo apunta al 18 o al 25 de noviembre. Los exámenes de diciembre quedaron en consulta.
- La Justicia declaró inconstitucional la cláusula que condicionaba la ley; el Gobierno apeló y la Cámara decide.
- El CIN pidió 11 billones para 2027, un 33% más que el proyecto oficial, y Bartolacci advirtió que sin cambios será muy difícil abrir las universidades.
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