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Trabajadores del subte insistieron con el pedido para que Emova retire el asbesto de la red

La exhortación se dio en el marco de una audiencia en el Parlamento local que contó con las exposiciones de los trabajadores afectados por el asbesto, delegados, legisladores y diputados del Frente de Todos y del Frente de Izquierda Unidad, así como también de especialistas en salud y seguridad laboral, que sumaron diagnósticos sobre la situación.

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Trabajadores del subte reiteraron hoy en la Legislatura porteña el pedido para que la empresa Emova, a cargo de la concesión del servicio, avance con el retiro del asbesto, una sustancia cancerígena presente en la red como consecuencia de la compra a España de unidades contaminadas en 2012, durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno.

La exhortación se dio en el marco de una audiencia en el Parlamento local que contó con las exposiciones de los trabajadores afectados por el asbesto, delegados, legisladores y diputados del Frente de Todos y del Frente de Izquierda Unidad, así como también de especialistas en salud y seguridad laboral, que sumaron diagnósticos sobre la situación.

Según denunciaron desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP-Metrodelegados), el asbesto está presente en la red del servicio público de transporte y su manipulación causó la muerte de tres trabajadores entre 2021 y 2022, en tanto que hay más de 85 afectados por la sustancia contaminante.

El reclamo para que el asbesto sea retirado -que forma parte de las demandas por las que mañana habrá un paro escalonado en todas las líneas- comenzó en 2018 tras tomar conocimiento de la presencia de la sustancia cancerígena en las unidades que el Gobierno porteño adquirió al Metro de Madrid durante el mandato de Mauricio Macri en 2012.

«Esto se podría haber evitado, pero lo hicieron a propósito porque sabían que la flota que compraron tenían asbesto», afirmó Claudio Garay, trabajador de hace más de 30 años del subte y diagnosticado con placas pleurales en sus pulmones.

Ramón Acuña, también afectado por su labor en el taller Rancagua -donde se reparan las unidades de la línea B, la más impactada- enfatizó que «tienen que pagar por todo el daño hecho tanto el Gobierno porteño por su responsabilidad política y la empresa Emova por negligencia criminal».

El asbesto está clasificado por la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer como cancerígeno 1A, que significa que es cancerígeno para seres humanos, y el riesgo extremo para la salud surge de la persistencia de fibras de este mineral dentro de los pulmones.

El secretario general de AGTSyP, Roberto Pianelli, calificó de «camarilla de delincuentes» a «los que compraron la flota con asbesto», tras lo cual remarcó que «más allá de que nos castiguen con suspensiones y descuentos» por las medidas de fuerza que llevan adelante, aclaró que tienen «fuerza y organización para ganar esta lucha».

Claudio Dellecarbonara, miembro del secretariado de AGTSyP, consideró que la demanda que mantienen con la empresa «es por una cuestión de vida o muerte».

«Son criminales porque tenemos una condena sobre nuestra cabeza, por lo que tienen que pagar y también desasbestizar», remarcó.

Por su parte, Néstor Segovia, secretario adjunto del gremio, afirmó que «no estamos haciendo política, sino que pedimos ayuda para trabajar sin asbesto».

En el cierre, el diputado nacional y médico sanitarista Daniel Gollan expresó su «bronca por cómo se manejó todo este tema, aunque no sorprende que lo hayan ocultado», tras lo cual señaló que «hay que hacer más porque hay millones de ciudadanos que viajan en subte y pueden estar expuestos».

Hernán Rubio, licenciado en Seguridad e Higiene, afirmó que «el asbesto puede generar un grave daño ambiental y a la salud y no hay límite seguro para una sustancia cancerígena», en tanto que Guillermo Geribeli, abogado laboralista, consideró que «se tiene que hacer una desasbestización y, mientras ello ocurre, se tiene que bajar el impacto a través de una reducción de la exposición».

Estuvieron presentes también los legisladores Claudio Ferreño, Claudia Neira, Victoria Montenegro, Javier Andrade, María Bielli, Claudio Morresi, Matías Barroetaveña, Juan Manuel Valdés, Laura Velasco, Juan Modarelli, Alejandrina Barry y Gabriel Solano.

Gremiales

El Consejo del Salario fracasó: la CGT pidió $911.000, empresarios ofrecieron $400.000 y decide el Gobierno

La CGT reclamó un piso de $911.000 y los empresarios ofrecieron apenas $400.000, frente a un SMVM actual de $376.600. Ante el fracaso de la negociación, la Secretaría de Trabajo tomará la decisión unilateralmente. El secretario de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció que el organismo es «una puesta en escena» y que el salario mínimo quedó en niveles de indigencia.

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El Argentino Diario-Salario-Billetes.
El salario mínimo que no existe: sin acuerdo en el Consejo, el Gobierno vuelve a decidir solo cuánto ganan los que menos tienen.

El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil sesionó este viernes sin llegar a un acuerdo para fijar el nuevo monto del salario mínimo, y la definición quedará en manos del Gobierno nacional, que lo establecerá por resolución propia. La brecha entre las posiciones de trabajadores y empleadores resultó tan pronunciada que no hubo margen para ningún punto de encuentro: los gremios nucleados en la CGT y las dos CTA reclamaron un piso de $911.000, mientras que los representantes empresariales ofrecieron $400.000, poco más del doble del valor vigente.

El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se encuentra actualmente en $376.600, cifra que resulta del cronograma de ajustes fijado en la reunión del organismo de noviembre de 2025. Ese valor funciona como referencia no solo para determinar una remuneración básica, sino también para el cálculo de una serie de programas sociales, prestaciones y subsidios, lo que convierte a la discusión en un asunto que excede el ámbito estrictamente salarial.

La intención del Gobierno: salarios de bolsillo cerca de $800.000

Detrás de la reunión virtual de este viernes flotaba una señal que la Secretaría de Trabajo hizo trascender en las horas previas: el Gobierno nacional busca que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los $800.000, lo que equivaldría a un bruto de aproximadamente $1.100.000. Ese objetivo, sin embargo, no formó parte de la agenda formal del encuentro y quedó como un telón de fondo no discutido durante la jornada.

El encuentro se realizó de manera virtual, a través de Zoom, pese al reclamo expreso de la CGT de la semana pasada para retornar a la presencialidad. El Gobierno rechazó ese pedido, sosteniendo el formato remoto que viene utilizando en el último período. La decisión fue leída por los sectores sindicales como una señal más de la desjerarquización del espacio de negociación.

Por el sector empleador participaron Juan José Etala, José Luis Zapata y Horacio Martínez, en representación de la Unión Industrial Argentina (UIA), junto a Ricardo Diab y Juan Massi, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Por los trabajadores, estuvieron Jorge Solá, Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Luna Villar por la CGT, y Claudio Mani, Hugo Yasky, Hugo Godoy y Ricardo Peidro por las dos CTA. Todos los sectores contaron con sus asesores técnicos durante la sesión.

Aguiar: «El Consejo del Salario es inservible»

La voz más dura tras el cierre de la sesión fue la del secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, quien no escatimó adjetivos para describir el estado del organismo. Según el dirigente, los representantes empresariales propusieron un aumento de apenas 1,8% para septiembre y 1,7% mensual de ahí hasta abril, una suba que calificó de burla frente al costo de vida.

«Este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio», sostuvo Aguiar en un comunicado. El dirigente estatal apuntó directamente contra la naturaleza del espacio: «El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación.»

Aguiar fue aún más contundente al referirse al funcionamiento estructural del organismo: «El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne solo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno», afirmó. Y cerró con una advertencia: «Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer.»

Un organismo sin acuerdos hace más de dos años

La situación de este viernes no es una anomalía coyuntural sino la regla que se consolidó durante la gestión de Javier Milei. El Consejo del Salario no logra un acuerdo genuino entre partes hace más de dos años, y en cada oportunidad la brecha entre las posiciones sindicales y empresariales deriva en una definición unilateral del Ejecutivo. Ese patrón repetido convierte al organismo, creado para garantizar que el piso salarial se fije mediante el diálogo tripartito, en un trámite formal sin incidencia real sobre el resultado.

El SMVM vigente de $376.600 se obtiene tras una serie de actualizaciones que, en términos reales, no han logrado recuperar el poder adquisitivo perdido desde el inicio del programa de ajuste. La diferencia entre los $911.000 que reclamaron los sindicatos, los $400.000 que ofrecieron los empresarios y los $376.600 actuales resume con precisión la disputa: quién absorbe el costo de la estabilización y en qué medida los trabajadores de menores ingresos son forzados a financiarla con su capacidad de consumo.

Puntos clave

  • El SMVM vigente es de $376.600, fijado por el cronograma acordado en noviembre de 2025.
  • La CGT reclamó $911.000 y los empleadores ofrecieron $400.000, sin punto de encuentro posible.
  • El Gobierno definirá el nuevo monto por resolución propia, reiterando el patrón de los últimos dos años.
  • Rodolfo Aguiar (ATE) calificó al organismo de «inservible» y denunció que los empresarios propusieron aumentos de apenas 1,8% mensual.
  • La Secretaría de Trabajo hizo trascender que el Gobierno busca salarios de bolsillo cercanos a $800.000, equivalentes a un bruto de $1.100.000.
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