Gremiales
Liberaron al titular de ATE Mendoza tras una noche detenido por manifestarse
La Justicia fijó una caución de 50.000 pesos en la causa que se le inició.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Roberto Macho, fue liberado esta noche tras haber sido detenido ayer e imputado por el fiscal Fernando Giunta en cinco hechos por «entorpecimiento de la circulación del transporte público», informaron fuentes judiciales.
La Justicia fijó una caución de 50.000 pesos en la causa que se le inició. El pedido de revisión de las actuaciones fue tratado por el magistrado Juan Manuel Pina González, quien resolvió que Macho dejara la penitenciaría de San Felipe, en Mendoza, al analizar los argumentos de las partes.
Ayer Macho, su pareja Adriana Iranzo, y otros tres compañeros fueron detenidos tras participar de asambleas ante el rechazo de la última propuesta de incremento salarial que realizó el gobierno provincial, cuando fueron trasladados a la Comisaría Tercera en Ciudad, pero sólo el titular de ATE fue encarcelado.
“Se los imputó por cinco causas del artículo 194, que es el entorpecimiento de la circulación del transporte público, que son los cortes de calle”, se informó desde Tribunales.
Por su parte, desde diversas organizaciones gremiales repudiaron las detenciones y apuntaron a que se trata de una muestra «de criminalización de la protesta social».
El Consejo Directivo Nacional de ATE, liderado por el sindicalista Hugo «Cachorro» Godoy, repudió en un comunicado la detención de los gremialistas, que fueron apresados luego de que «efectivos de la policía provincial cruzaron los patrulleros delante de los automóviles de los dirigentes», y expresó que el gremio «no permitirá que se criminalice y persiga las luchas de las y los trabajadores».
Macho y sus compañeros participaban ayer de asambleas ante el rechazo de la última propuesta de incremento salarial que realizó el Gobierno provincial, cuando fueron detenidos por la policía y trasladados a la comisaría tercera de la ciudad de Mendoza.
«La detención de los dirigentes en Mendoza da cuenta de una clara persecución política e ideológica», expresó en un comunicado el secretario adjunto nacional de ATE, Rodolfo Aguiar.“
Es una grave afectación del derecho constitucional de peticionar libremente ante las autoridades», subrayó Aguiar y exigió su «inmediata liberación».
La conducción provincial de ATE demanda «hace más de un mes» al gobernador mendocino Rodolfo Suárez un aumento de «emergencia» para los salarios de los trabajadores estatales.
En tanto, Mario Muñoz, uno de los dirigentes de ATE a nivel nacional, llegó esta mañana a Mendoza para encabezar una nueva marcha de protesta por el microcentro mendocino, que sumó a los reclamos salariales el pedido de libertad contra el dirigente detenido.Al pedido de liberación de los detenidos también se sumaron dirigentes de distintos espacios políticos.
«La criminalización de la protesta, en ninguno de sus formatos, puede ser considerada una opción por parte de los gobiernos», dijo vía Twitter el diputado del Frente de Todos (FdT) y secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky.
En el mismo sentido, se expresó la senadora del FdT y presidenta del Partido Justicialista (PJ) mendocino, Anabel Fernández Sagasti: «Criminalizar la protesta e ir contra el justo reclamo de los trabajadores es la verdadera cara de quién dice ser ‘dialoguista’ y democrático», tuiteó Fernández Sagasti junto a un comunicado del PJ de Mendoza.
«Las detenciones y encarcelaciones de líderes sindicales ejecutados por la Policía de Mendoza en las últimas horas son inaceptables y violan todos los principios democráticos», indicó el PJ mendocino.
Por su parte, la diputada por el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) Myriam Bregman consideró al hecho como «una locura antidemocrática» y pidió la «inmediata libertad» de los detenidos, mientras que su par Nicolás del Caño repudió el «accionar» de la Justicia y el Gobierno mendocino por «perseguir y encarcelar» dirigentes sindicales, sociales y políticos.
En tanto, desde el penal de San Felipe -donde permanece detenido- Macho envió un video: «Me han detenido por luchar con ustedes, por defender una causa que llevo en el corazón que es defender la reivindicación de los derechos de todos nosotros».
«Lo que tenemos que tener presente es que el gobierno de Rodolfo Suárez, al no poder parar este gran paro que se está llevando adelante y ya lleva 53 días, lo que ha intentado hacer es lo mismo que hicieron distintas dictaduras: tratar de llevar presos a los diferentes dirigentes sindicales y sociales», apuntó el líder sindical.
Un grupo de legisladores provinciales del Frente de Todos concurrieron esta mañana al penal de San Felipe para interiorizarse sobre la detención del gremialista y denunciaron «disciplinamiento» por parte del gobierno provincial.
Según informaron, una de las detenidas -liberada hoy- es integrante del Consejo Partidario del Partido Justicialista.En ese sentido, aclararon que además de Macho y dirigentes de ATE también se libró una orden de detención contra Patricia Irrutia, quien ocupa la secretaría gremial del PJ, situación que generó máxima preocupación entre los legisladores de ese espacio.
«No es sólo persecución gremial, sino también política», denunciaron.
La delegación de legisladores que se acercó al penal estaba integrada por Néstor Márquez, Cecilia Juri, Florencia Canalí, Helio Perviú, y Adriana Cano, quienes no pudieron ver a Macho ya que se encuentra alojado en un pabellón de aislamiento por protocolo Covid.
«Queremos manifestar nuestra disconformidad absoluta con su detención. Creemos que tiene características políticas y de disciplinamiento por parte del Gobierno provincial a través de sus herramientas judiciales. Hay una cuestión selectiva en cuanto a la aplicación de la ley», denunció Márquez al salir del penal.
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Negocio redondo: Milei confisca el salario, las fintechs de sus amigos cobran la deuda
Un informe de ATE Capital revela que entre noviembre de 2023 y junio de 2026 el salario real de los empleados públicos nacionales cayó un 40,5%. La mora crediticia se multiplicó 3,4 veces y ya alcanza al 18,63% de los trabajadores estatales, que debieron recurrir a fintechs y financieras con tasas usurarias para pagar alimentos, alquiler y servicios.
Casi uno de cada cinco empleados del Estado argentino está en mora con alguna entidad financiera. No por especulación ni por mal manejo del dinero, sino porque el salario que percibe no alcanza para cubrir los gastos básicos del mes.
Ese es el dato central del informe «Endeudados por Milei», elaborado por la Asociación de Trabajadores del Estado de Capital Federal (ATE Capital) y difundido en septiembre de 2026, que cruza datos salariales del sector público con la evolución de la mora crediticia registrada por el Banco Central entre 2023 y 2026.
El documento, coordinado por el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, establece una correlación directa entre la política salarial del gobierno de Javier Milei y el colapso financiero personal de cientos de miles de trabajadores. El propio Presidente lo reconoció públicamente: «El salario del sector público cae, es una consecuencia buscada de este modelo».
40,5% de caída real del salario en dos años y medio
El informe construye una línea de tiempo precisa. En noviembre de 2024, con una inflación acumulada del 166% desde el inicio de la gestión y aumentos salariales otorgados del 87%, el poder adquisitivo de los estatales ya había caído un 29,7% y la mora se ubicaba en el 5,7%. En diciembre de 2025, la brecha se amplió: inflación acumulada del 259,2% contra un incremento salarial del 121,2%, lo que implicó una pérdida del 38,4% del salario real y una mora del 14,4%. En junio de 2026, el cuadro llegó a su punto más crítico: inflación acumulada del 319,8%, aumentos del 149,8% y un salario real que se redujo al 59,5% del valor que tenía al inicio de la gestión. La mora trepó al 18,63%.
La quita acumulada en dos años y medio, señala el informe, supera a la que sufrieron los trabajadores estatales durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, período que ya había sido considerado uno de los más duros para el empleo público en la historia reciente.
Del banco a la fintech: el circuito de la usura
La caída del salario real empujó a los trabajadores estatales fuera del sistema bancario tradicional y hacia alternativas financieras de mayor costo. El Banco Nación concentra 24.407 estatales en mora (8,56% de sus clientes del sector), pero las cifras más alarmantes se registran en las plataformas no bancarias: Tarjeta Naranja tiene 16.766 casos con una tasa de mora del 23,75%; MercadoLibre, 16.349 (13,19%); Naranja Digital, 9.653 (31,86%); y Moni Online presenta el caso más extremo, con 3.531 estatales en mora sobre un total de 5.832 clientes de ese segmento, lo que equivale al 60,53% de incobrabilidad.
Catalano fue contundente al señalar el mecanismo: «El ajuste brutal del gobierno sobre el salario de los estatales no sólo nos endeuda, sino que nos empuja fuera del sistema bancario. Terminamos cayendo en las plataformas que, oh causalidad, pertenecen a amigos del gobierno que hacen un negocio usurario amparado en la desregulación que el propio Milei impulsa. De un lado nos roban confiscando el salario, del otro nos esperan con tasas usurarias. Negocio redondo».
El informe también destaca que el 80,7% de quienes están en situación irregular ya no registra simples atrasos, sino que se encuentra en las categorías de riesgo alto o irrecuperable (Situaciones 4 y 5 del BCRA), lo que hace imposible la regularización o refinanciación de esas deudas con los ingresos actuales.
Fuerzas de seguridad y provincias del norte, los más golpeados
El informe revela una concentración del problema en los sectores de Seguridad y Defensa: el Ejército encabeza el ranking con una mora del 30,1%; el Servicio Penitenciario Federal registra el 28,5%; la Policía Federal, el 24,2%; Gendarmería, el 24,1%; Prefectura, el 21,9%; la Fuerza Aérea, el 21,8%; el Estado Mayor Conjunto, el 21,4%; y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el 20,7%. Los organismos civiles se ubican, en general, por debajo del 20%.
La distribución territorial también expone una brecha brutal entre el interior del país y la Ciudad de Buenos Aires. En el norte y la Patagonia la mora supera el 25%: La Rioja lidera con el 29,38%, seguida por Formosa (28,69%), Santa Cruz (28,55%), Corrientes (26,50%), Salta (26,33%), Misiones (26,26%), Neuquén (25,88%), Santiago del Estero (25,51%) y Catamarca (25,12%). En el centro del país, Buenos Aires tiene el 19,35%; Córdoba, el 19,19%; Santa Fe, el 16%; y CABA, el 9,56%. En la Capital la tasa de mora es menos de un tercio que en La Rioja.
El mayor volumen de mora en términos absolutos se concentra en los trabajadores con cargas familiares de entre 36 y 55 años: 5.088 agentes civiles de la franja etaria de 36 a 45 años y 4.730 de 46 a 55 años están en situación irregular.
Las exigencias del gremio
Frente al cuadro documentado, ATE Capital formuló un conjunto de demandas: reapertura libre de las paritarias para recomponer el 40,5% de poder adquisitivo arrebatado, actualización de la canasta de referencia del IPC, condonación de las deudas generadas en condiciones de emergencia salarial, y establecimiento de topes legales a las tasas que las entidades no bancarias aplican sobre los haberes estatales. El reclamo apunta directamente a la política de ingresos del Gobierno, a la que el propio Catalano calificó como «confiscatoria».
- El salario real de los empleados públicos nacionales cayó un 40,5% entre noviembre de 2023 y junio de 2026.
- La mora crediticia en el sector se multiplicó 3,4 veces, pasando del 5,43% en julio de 2024 al 18,63% en junio de 2026.
- El 80,7% de los estatales en mora está en riesgo alto o irrecuperable según las categorías del BCRA.
- Moni Online registra el 60,53% de incobrabilidad entre sus clientes estatales; Naranja Digital, el 31,86%.
- Las fuerzas de Seguridad y Defensa concentran las tasas más altas de mora, con el Ejército encabezando la lista en el 30,1%.
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