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Gremiales

Liberaron al titular de ATE Mendoza tras una noche detenido por manifestarse

La Justicia fijó una caución de 50.000 pesos en la causa que se le inició.

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El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Roberto Macho, fue liberado esta noche tras haber sido detenido ayer e imputado por el fiscal Fernando Giunta en cinco hechos por «entorpecimiento de la circulación del transporte público», informaron fuentes judiciales.

La Justicia fijó una caución de 50.000 pesos en la causa que se le inició. El pedido de revisión de las actuaciones fue tratado por el magistrado Juan Manuel Pina González, quien resolvió que Macho dejara la penitenciaría de San Felipe, en Mendoza, al analizar los argumentos de las partes.

Ayer Macho, su pareja Adriana Iranzo, y otros tres compañeros fueron detenidos tras participar de asambleas ante el rechazo de la última propuesta de incremento salarial que realizó el gobierno provincial, cuando fueron trasladados a la Comisaría Tercera en Ciudad, pero sólo el titular de ATE fue encarcelado.

“Se los imputó por cinco causas del artículo 194, que es el entorpecimiento de la circulación del transporte público, que son los cortes de calle”, se informó desde Tribunales.

Por su parte, desde diversas organizaciones gremiales repudiaron las detenciones y apuntaron a que se trata de una muestra «de criminalización de la protesta social».

El Consejo Directivo Nacional de ATE, liderado por el sindicalista Hugo «Cachorro» Godoy, repudió en un comunicado la detención de los gremialistas, que fueron apresados luego de que «efectivos de la policía provincial cruzaron los patrulleros delante de los automóviles de los dirigentes», y expresó que el gremio «no permitirá que se criminalice y persiga las luchas de las y los trabajadores».

Macho y sus compañeros participaban ayer de asambleas ante el rechazo de la última propuesta de incremento salarial que realizó el Gobierno provincial, cuando fueron detenidos por la policía y trasladados a la comisaría tercera de la ciudad de Mendoza.

«La detención de los dirigentes en Mendoza da cuenta de una clara persecución política e ideológica», expresó en un comunicado el secretario adjunto nacional de ATE, Rodolfo Aguiar.“

Es una grave afectación del derecho constitucional de peticionar libremente ante las autoridades», subrayó Aguiar y exigió su «inmediata liberación».

La conducción provincial de ATE demanda «hace más de un mes» al gobernador mendocino Rodolfo Suárez un aumento de «emergencia» para los salarios de los trabajadores estatales.

En tanto, Mario Muñoz, uno de los dirigentes de ATE a nivel nacional, llegó esta mañana a Mendoza para encabezar una nueva marcha de protesta por el microcentro mendocino, que sumó a los reclamos salariales el pedido de libertad contra el dirigente detenido.Al pedido de liberación de los detenidos también se sumaron dirigentes de distintos espacios políticos.

«La criminalización de la protesta, en ninguno de sus formatos, puede ser considerada una opción por parte de los gobiernos», dijo vía Twitter el diputado del Frente de Todos (FdT) y secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky.

En el mismo sentido, se expresó la senadora del FdT y presidenta del Partido Justicialista (PJ) mendocino, Anabel Fernández Sagasti: «Criminalizar la protesta e ir contra el justo reclamo de los trabajadores es la verdadera cara de quién dice ser ‘dialoguista’ y democrático», tuiteó Fernández Sagasti junto a un comunicado del PJ de Mendoza.

«Las detenciones y encarcelaciones de líderes sindicales ejecutados por la Policía de Mendoza en las últimas horas son inaceptables y violan todos los principios democráticos», indicó el PJ mendocino.

Por su parte, la diputada por el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) Myriam Bregman consideró al hecho como «una locura antidemocrática» y pidió la «inmediata libertad» de los detenidos, mientras que su par Nicolás del Caño repudió el «accionar» de la Justicia y el Gobierno mendocino por «perseguir y encarcelar» dirigentes sindicales, sociales y políticos.

En tanto, desde el penal de San Felipe -donde permanece detenido- Macho envió un video: «Me han detenido por luchar con ustedes, por defender una causa que llevo en el corazón que es defender la reivindicación de los derechos de todos nosotros».

«Lo que tenemos que tener presente es que el gobierno de Rodolfo Suárez, al no poder parar este gran paro que se está llevando adelante y ya lleva 53 días, lo que ha intentado hacer es lo mismo que hicieron distintas dictaduras: tratar de llevar presos a los diferentes dirigentes sindicales y sociales», apuntó el líder sindical.

Un grupo de legisladores provinciales del Frente de Todos concurrieron esta mañana al penal de San Felipe para interiorizarse sobre la detención del gremialista y denunciaron «disciplinamiento» por parte del gobierno provincial.

Según informaron, una de las detenidas -liberada hoy- es integrante del Consejo Partidario del Partido Justicialista.En ese sentido, aclararon que además de Macho y dirigentes de ATE también se libró una orden de detención contra Patricia Irrutia, quien ocupa la secretaría gremial del PJ, situación que generó máxima preocupación entre los legisladores de ese espacio.

«No es sólo persecución gremial, sino también política», denunciaron.

La delegación de legisladores que se acercó al penal estaba integrada por Néstor Márquez, Cecilia Juri, Florencia Canalí, Helio Perviú, y Adriana Cano, quienes no pudieron ver a Macho ya que se encuentra alojado en un pabellón de aislamiento por protocolo Covid.

«Queremos manifestar nuestra disconformidad absoluta con su detención. Creemos que tiene características políticas y de disciplinamiento por parte del Gobierno provincial a través de sus herramientas judiciales. Hay una cuestión selectiva en cuanto a la aplicación de la ley», denunció Márquez al salir del penal.

Gremiales

El PAMI en llamas: médicos, jubilados y trabajadores se rebelaron contra el vaciamiento

El cierre del paro de 72 horas de médicos de cabecera coincidió este miércoles con una masiva concentración de jubilados y trabajadores frente a la sede central del organismo, en rechazo a los recortes que impulsa el gobierno de Javier Milei. La columna se desplazó luego hacia el Congreso en la marcha semanal del sector.

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Paro y movilización en el PAMI: médicos y jubilados contra el ajuste de Milei

Los médicos y médicas de cabecera del PAMI, nucleados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), con el respaldo de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), completaron este miércoles un paro nacional de 72 horas que se extendió desde el lunes. La medida de fuerza generó la suspensión de consultas programadas, la interrupción de la emisión de recetas electrónicas y la falta de órdenes médicas. Solo se mantuvieron sin alteraciones los servicios de guardia y urgencias.

El eje del conflicto es la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, dictada el 9 de abril por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) bajo la gestión del gobierno de Milei. La normativa modificó el esquema de pagos a los médicos de cabecera: eliminó los honorarios por consulta presencial como fuente de ingreso y estableció como único pago una cápita fija de $2.100 por paciente por mes, reemplazando así el sistema mixto anterior que combinaba pago por cápita y por prestaciones realizadas.

Lejos de presentarse como un recorte, el gobierno del presidente Javier Milei definió la medida como un «ordenamiento» del sistema. Los médicos rechazaron de plano esa caracterización. Desde APPAMIA advirtieron que el cambio implica una reducción de sus ingresos de entre el 50% y el 52,5%, con estimaciones que indican que un médico que cobraba alrededor de $1.600.000 o $2.100.000 mensuales pasaría a percibir entre $800.000 y $1.400.000. «No es un aumento, es un recorte encubierto al trabajo médico», señalaron desde el gremio, según consignó MendoVoz.

El portal InfoGremiales detalló además que los médicos de cabecera se desempeñan sin relación de dependencia, con una carga horaria obligatoria de entre 25 y 28 horas semanales, sujetos a auditorías y asumiendo de su propio bolsillo todos los costos de funcionamiento de sus consultorios. La resolución fue dictada sin renegociación contractual previa, lo que abre la posibilidad de conflictos legales, según señalaron fuentes del sector consultadas por medios especializados.

«Se están muriendo los viejos»: jubilados en la calle

Mientras se desarrollaba el cierre del paro, el Plenario de Trabajadores Jubilados encabezó este miércoles una jornada de protesta frente a la sede central del PAMI en Avenida Corrientes 655, en la Ciudad de Buenos Aires. Desde las 11 de la mañana, bajo la lluvia y con el lema «Sin retribuciones dignas y suficientes no hay posibilidad de brindar salud de calidad», los manifestantes instalaron una olla popular y dieron una conferencia de prensa para denunciar el vaciamiento del organismo.

En su comunicado, las organizaciones de jubilados fueron contundentes: «Milei, basta de robar en PAMI. ¡Se están muriendo los viejos! No puede haber un jubilado más sin sus medicamentos, sin su atención en Salud ni sin sus insumos. Rechazamos el vaciamiento del organismo, los despidos masivos y los cierres de las clínicas y exigimos el aumento de haberes», según difundió Ambito Financiero. Además, reclamaron la renuncia del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y exigieron que la conducción del PAMI sea electa, con una auditoría a cargo de trabajadores y beneficiarios.

A las 15 horas, la columna se trasladó hacia el Congreso de la Nación, en la movilización semanal que el sector realiza todos los miércoles, para reiterar el reclamo por un aumento de emergencia en todas las escalas de las jubilaciones y la restitución del 100% de cobertura en medicamentos crónicos.

El programa Remediar y una deuda que supera los 500.000 millones

El conflicto en el PAMI no se redujo al esquema de pagos a médicos. El portal El Ágora Digital y la agencia Télam informaron que el reclamo de los jubilados se enmarcar en una serie de recortes que impactan directamente sobre sus prestaciones. El más reciente fue la suspensión del programa Remediar, confirmada por el gobierno de Milei la semana pasada. Ese programa, creado hace 24 años, llegó a cubrir el 90% de las patologías frecuentes y crónicas, entre ellas diabetes, hipertensión y enfermedades respiratorias. Finalizó el 1° de abril, con una prórroga de dos meses, y será reemplazado por una cobertura de menor alcance, según informó la Dirección Nacional de Medicamentos en la última reunión del Consejo Federal de Salud (CoFeSa).

Según reportó el portal Tiempo Argentino, la deuda del PAMI con prestadores supera los 500.000 millones de pesos, lo que derivó en restricciones en clínicas y sanatorios, cupos para estudios diagnósticos y demoras de hasta cuatro meses para la asignación de turnos. En la provincia de Misiones, trabajadores denunciaron demoras en la provisión de medicamentos gratuitos y en servicios de oftalmología; ópticas de la provincia suspendieron prestaciones reclamando el pago de deudas acumuladas.

Frente a la escalada del conflicto, el Gobierno nacional anunció en las últimas horas la transferencia de 150.000 millones de pesos para regularizar pagos a prestadores. Sin embargo, el monto fue considerado insuficiente por organizaciones del sector, que advierten que la crisis estructural requiere medidas de fondo y no parches coyunturales.

El Congreso presiona al Ejecutivo

La tensión también llegó al ámbito legislativo. La senadora nacional por Córdoba Alejandra Vigo presentó en el Senado un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique de manera urgente la situación del PAMI, en particular frente al corte de prestaciones médicas que afecta a afiliados en todo el país. En paralelo, impulsó un proyecto de declaración para expresar la preocupación del Congreso por los recortes y la falta de pago de prestaciones que, según advirtió, están dejando sin cobertura a miles de adultos mayores, con impacto especial en la provincia de Córdoba, según informó Parlamentario.

Legisladores nacionales también solicitaron que las autoridades del organismo concurran al Congreso para dar explicaciones sobre los cambios en el sistema de atención.

El ajuste sobre los jubilados, en números

El escenario que expone el conflicto en el PAMI es una radiografía del ajuste estructural impulsado por el ministro de Economía Luis Caputo y respaldado por el presidente Javier Milei. El portal El Ciudadano de Rosario sintetizó el diagnóstico: con menos recursos, el sistema se debilita, crecen los problemas y el impacto vuelve a caer sobre los jubilados, quienes cada vez tienen más dificultades para acceder a la atención.

Desde APPAMIA, el plan de lucha no descarta avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado si el gobierno no deroga la Resolución 1107/2026, incrementa las retribuciones y reincorpora a los profesionales cesanteados.

Puntos clave

  • Los médicos de cabecera del PAMI completaron un paro nacional de 72 horas contra la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, que según APPAMIA recorta sus ingresos entre un 50% y 52,5%.
  • Jubilados y trabajadores movilizaron este miércoles frente a la sede central del PAMI en Avenida Corrientes 655, con olla popular y conferencia de prensa, y luego marcharon al Congreso.
  • El programa Remediar, que cubría el 90% de patologías crónicas frecuentes, fue suspendido por el gobierno de Milei a partir del 1° de abril.
  • La deuda del PAMI con prestadores supera los 500.000 millones de pesos, según Tiempo Argentino, con restricciones en clínicas, cupos para estudios y demoras de hasta cuatro meses.
  • La senadora Alejandra Vigo presentó un pedido de informes en el Senado y un proyecto de declaración ante la gravedad del recorte en prestaciones para adultos mayores.

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