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Rodríguez Larreta anunció que quien reciba un plan social en la Ciudad deberá capacitarse y buscar trabajo: “Los planes así como están no funcionan; si me eligen Presidente el día uno termino con la intermediación»

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que quienes reciban un plan social en la Ciudad deberán capacitarse y buscar trabajo para recibirlo. Los beneficiarios del programa Ciudadanía Porteña deberán cumplir dos nuevas corresponsabilidades, que se suman a la obligación actual de mandar a los chicos a la escuela para recibir un adicional por hijo. Estas medidas buscan brindarles opciones laborales a los beneficiarios del programa y fomentar su inserción en el mercado laboral.

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El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, anunció hoy medidas para brindarles opciones laborales a los beneficiarios del programa Ciudadanía Porteña. “Los planes así como están no funcionan; si me eligen Presidente el día uno termino con la intermediación», aseguró.

Rodríguez Larreta sostuvo que en la situación económica actual, donde cuatro de cada diez argentinos son pobres, “no quedan dudas de que hay que asistir a quienes lo necesiten”, aunque aclaró que “hay discutir cuál es la mejor manera de hacerlo para que las personas tengan realmente más herramientas para salir adelante”.

“Cada vez hay más planes y cada vez hay más pobres. Y lo que es peor: los planes no están vinculados al trabajo. No promueven que las personas encuentren un empleo y salgan adelante. Hoy hay gente que elige no tomar un trabajo formal para evitar perder un plan. Es una locura. Esto debería ser al revés”, explicó.

El Jefe de Gobierno afirmó que “los planes sociales tienen que ser directos, temporales y deben tener una contraprestación para que quienes lo reciben puedan vivir mejor” y anunció que los beneficiarios del programa Ciudadanía Porteña deberán cumplir dos nuevas corresponsabilidades, que se suman a la obligación actual de mandar a los chicos a la escuela para recibir un adicional por hijo.

“La primera es la formación para el empleo. Vamos a ofrecer cursos y capacitaciones orientadas a las demandas del mundo laboral que van a ser obligatorias. Si el beneficiario no cumple con un mínimo de 40 horas de capacitación por año, pierde el programa”, señaló Rodríguez Larreta en el Centro Comunitario Haciendo Ruido, acompañado del jefe de Gabinete, Felipe Miguel; la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore; la ministra de Educación, Soledad Acuña; y el secretario de Asuntos Públicos, Waldo Wolff.

Sobre el segundo requisito, detalló: “Desde el gobierno vamos a acercarle a los beneficiarios distintas ofertas laborales relacionadas a sus intereses, su trayectoria y a los cursos que hayan elegido. Esto es lo más importante: ir a las entrevistas y aceptar los trabajos también va a ser obligatorio. Si hay más de dos ausencias sin justificación a entrevistas laborales o si se rechazan más de dos ofertas laborales, se da de baja el programa».

El Jefe de Gobierno sostuvo que “si el plan social no es un incentivo para aceptar un trabajo formal, con un salario mayor al mínimo y que queda cerca del domicilio, entonces se tiene que cortar porque no incentiva el trabajo”.

Además, adelantó que si es elegido Presidente replicará este sistema en todo el país “para que los planes no sean para siempre” y terminará desde el día uno con la intermediación: “Basta de organizaciones sociales que lucran y hacen política con las necesidades de los más vulnerables”.

Rodríguez Larreta aseguró que “el gobierno actual es un manual de todo lo que no hay que hacer” y señaló que “hay un modelo, una cultura política, un sistema de valores, que ya no dan para más”.

Por esa razón afirmó que no se puede seguir experimentando con ideas que fracasaron. “No hay más espacio para la improvisación. Ni tampoco hay espacio para más gritos. No voy a apagar este incendio con nafta. La única posibilidad de dejar atrás este presente terrible es con planificación, estabilidad e instituciones. Necesitamos más que nunca aquello que nos está faltando: tranquilidad, calma, serenidad, previsibilidad. Y trabajo, mucho trabajo”, explicó.

Por último, sostuvo: “Vamos a cambiarlo todo. Sin atajos ni títulos marketineros. Vamos a salir de esta. Juntos. No hay nadie, les aseguro, que sea capaz de sacar este país adelante solo. Nos han robado el presente. Evitemos que nos roben también el futuro”.

Cómo se implementará la medida, paso a paso

En una primera etapa, estas nuevas corresponsabilidades serán para aquellos beneficiarios de Ciudadanía Porteña -el programa de transferencia directa del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat para los hogares vulnerables de la Ciudad- que tengan entre 25 y 60 años, sin hijas e hijos a cargo, y que no posean empleo registrado. Se trata de un universo de alrededor de 10 mil personas.

Los titulares que cumplan con los requisitos deben actualizar sus datos. El trámite es obligatorio y se podrá realizar de hasta el 31 de mayo de forma virtual o presencial en la sede del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, con turno previo. Si para ese momento no lo hizo, se aplicará la suspensión del beneficio.

A partir de esa actualización, en la que brindarán datos sobre su trayectoria educativa, experiencia laboral e intereses a desarrollar, se definirá el perfil sociolaboral de cada uno para acercarles ofertas de formación y empleo adecuadas.

Las capacitaciones serán brindadas por la Agencia de Aprendizaje, dependiente del Ministerio de Educación. Los beneficiarios van a tener que acreditar un mínimo de 40 horas de formación para el empleo cada 12 meses. El cumplimiento se verificará con chequeos trimestrales.

En los casos en los que no se presente certificado o no haya constancia en las bases de datos de formación del GCBA, se suspenderá el programa hasta que el beneficiario acredite inscripción o cursada regular.

Las capacitaciones laborales disponibles son: colocador de placas de roca de yeso; pintor de obra; operador de herramientas de presentaciones digitales; operador de herramientas de marketing digital; gomero balanceador; tester de aplicaciones; bartender profesional; camarero y mozo de salón; reparador de celulares y tablets; y operador de gestión y procesamiento de datos.

Se cursan de forma híbrida, con clases presenciales y virtuales. Quienes deseen inscribirse deben comunicarse a go.formacionprofesional@bue.edu.ar.

Luego, a través de intermediación laboral, la Ciudad acercará ofertas de trabajo acordes al perfil del beneficiario para que puedan integrarse al mercado formal y así generar más ingresos y autonomía. Los titulares deberán presentarse a las entrevistas y no podrán ausentarse sin justificación a más de dos. Caso contrario, se lo suspenderá hasta que la persona realice una nueva entrevista sociolaboral.

En el caso de que la persona rechace dos ofertas laborales sin acreditar motivo justificado se le suspenderá el beneficio hasta tanto solicite el alta nuevamente y realice al menos una actividad de fortalecimiento de las habilidades blandas.

Las justificaciones para rechazar ofertas laborales pueden ser: que la remuneración ofrecida sea menor a un salario mínimo (o su proporción en caso de tratarse de empleos con menor carga horaria); que la distancia del lugar de trabajo requiera más de dos colectivos/tren para llegar o un viaje mayor a dos horas; o motivo de salud con la presentación del certificado correspondiente.

«Nuestra visión es que la asistencia debe ser temporal y el rol del Estado dar oportunidades para que las personas que necesitan una ayuda momentánea, puedan salir definitivamente adelante. Las oportunidades implican responsabilidades. Si queremos salir adelante en la Argentina tenemos que volver a poner como prioridad la cultura del esfuerzo y la responsabilidad», afirmó Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad.

“En un país con 40% de pobres, tenemos que asistir a quienes más lo necesitan. Lo que queremos discutir es cuál es la mejor manera de hacerlo, para que las personas tengan realmente más herramientas para salir adelante. Lo que estamos buscando con esta medida es que las personas que hoy necesitan asistencia nuestra estén mejor preparadas para encontrar un trabajo en el mercado laboral actual. Por eso van a formarse en sectores que demanden trabajo, y les vamos a acercar oportunidades de empleo en el sector privado. Para nosotros, esta es una medida concreta porque todo el mundo habla de pasar de planes sociales a trabajo, pero nadie plantea cómo”, remarcó María Migliore, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat.

«Acompañamos a jóvenes y adultos impulsando su potencial para que puedan adaptarse, reconvertirse y generar nuevas posibilidades de inserción en el mundo del trabajo a través de las diferentes ofertas de cursos de formación que ofrece la Agencia de Aprendizaje. Queremos que todos los vecinos de la Ciudad puedan progresar y que cuenten con las herramientas necesarias para conseguir empleo o mejorar el que ya tienen. Hay que escuchar a las personas y hay que dar soluciones concretas que no son siempre fáciles. Por eso, celebro esta iniciativa que tiene por finalidad vincular a la educación con el mundo del trabajo para generar empleo genuino y de calidad, recuperando la cultura del esfuerzo y el mérito para salir adelante», señaló Soledad Acuña, ministra de Educación.

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Economía 💲

Cómo la eliminación de organismos descentralizados concentró poder de Maccarone sobre la obra pública

La motosierra concentró poder en manos equivocadas. El desguace institucional impulsado por Milei no solo «achicó el Estado», sino que las decisiones estratégicas quedaron a merced de un empresario del sector que ahora “regula”.

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El Argentino Diario-Martín Maccarone-Luis Toto Caputo.

⬛ La eliminación masiva de ministerios y organismos descentralizados que llevó adelante Javier Milei durante su primer año de gestión no fue solo una política de «achique» del Estado. Fue, también, una operación de concentración de poder que terminó facilitando que un ex empresario constructor como Martín Maccarone controle desde las sombras toda la obra pública nacional.

La ecuación es simple pero devastadora: se eliminaron 13 Ministerios, se cerraron organismos estatales y se recortaron presupuestos destinados a Ciencia, Cultura y Educación, entre otras áreas, pero toda esa capacidad operativa no desapareció. Se concentró en pocas manos, específicamente en la órbita del Ministerio de Economía que comanda Luis «Toto» Caputo.

El mapa del desguace institucional

La lista de organismos eliminados o fusionados bajo la órbita de Economía es extensa y reveladora. A través del Boletín Oficial N°35702, el Gobierno que encabeza Javier Milei oficializó la disolución, transformación y fusión de 21 organismos públicos de distintas áreas del Estado, afectando dependencias vinculadas a salud, transporte, agroindustria, industria y seguridad.

El caso más emblemático es el del ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento), un organismo que ha jugado un papel central en la ejecución de obras públicas en todo el país. Por medio de la publicación del Decreto 1020/2024 en el Boletín Oficial, se estableció que el ENOHSA quedará oficialmente disuelto dentro de treinta días, por lo que sus recursos materiales y financieros serán transferidos al ámbito de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.

La justificación oficial fue técnica: «en el contexto actual, resulta necesario reducir la superposición de funciones entre diversos entes, garantizar una mayor coordinación en las políticas de administración de los recursos hídricos y promover una gestión más ágil y centralizada de las obras y proyectos hídricos». Sin embargo, el resultado práctico fue concentrar el control de obras hídricas y sanitarias en manos del núcleo duro de Economía.

El costo humano del ajuste concentrador

Los números del ajuste son elocuentes sobre la magnitud del poder transferido. El presidente Javier Milei sigue avanzando con el cierre de organismos nacionales. Este jueves dispuso la disolución del Ente de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), un organismo clave para las obras públicas sanitarias, que implicó 230 trabajadores y 116 obras con incertidumbre.

Según proyecciones realizadas antes de asumir, unas 118.118 personas quedarían, en principio, sin puesto laboral, si se eliminan esos ministerios y los organismos descentralizados según los números de las reparticiones que difunde el Indec. Pero el poder operativo de esas 118 mil personas no se esfumó: se canalizó hacia la nueva estructura centralizada.

La arquitectura del control concentrado

La eliminación del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Transporte y de organismos como ENOHSA, ONABE y partes de ADIF no fue casual. Todo ese poder decisorio se reconcentró en la flamante Secretaría Coordinadora de Infraestructura que comanda Maccarone desde Economía.

Esta operación de ingeniería institucional tiene precedentes históricos preocupantes. La concentración de poder estatal en pocas manos, especialmente cuando esas manos provienen del sector privado que ahora deben regular, genera las condiciones perfectas para conflictos de interés y capturas regulatorias.

Los antecedentes del desguace como concentración

El plan incluye la eliminación de la secretaría de Vivienda y Hábitat de organismos descentralizados, y el achicamiento de la dotación de personal de los ministerios, empresas y entes públicos, según confirmó La Nación en enero de 2025. Esta nueva etapa de ajuste busca achicar un 30% el Estado, pero nuevamente el poder no desaparece, sino que se reconcentra.

El proceso comenzó desde el primer día de gobierno. Milei oficializó el primer decreto de necesidad y urgencia y modificó la estructura central dentro del Gobierno, estableciendo las bases legales para esta concentración de poder que luego permitiría el funcionamiento de figuras como Maccarone.

La funcionalidad política del desguace

Lo que el gobierno presenta como «eficiencia» y «achique del Estado» opera, en la práctica, como una concentración de poder decisorio sin precedentes en décadas. La eliminación de controles y contrapesos institucionales facilita que un ex empresario constructor pueda operar «de los dos lados del mostrador» sin los filtros que antes existían.

La crítica de los dirigentes opositores señala precisamente esta contradicción: para el gobierno del presidente Javier Milei una de las razones que motivaron la disolución es que el ente elude el control de gastos que existe en la administración nacional. Pero el resultado práctico es que ahora existe menos control, no más.

Las obras que quedaron en el limbo

El caso del ENOHSA es paradigmático de cómo esta concentración afecta la obra pública concreta. Una empresa estatal que tenía como objetivo planificar, ejecutar y administrar obras de infraestructura hídrica y sanitaria en todo el país quedó disuelta, y sus funciones pasaron a depender de la estructura que controla Maccarone.

En Mendoza, por ejemplo, el cierre definitivo del Ente Nacional De Obras Hídricas De Saneamiento (ENOHSA) dejó seis obras importantes en estado de incertidumbre, que ahora dependen de las decisiones que tome la nueva estructura centralizada.

La concentración como facilitadora de conflictos

La operación de Milei generó las condiciones perfectas para que figuras como Maccarone pudieran operar con poderes extraordinarios y mínimos controles. Al eliminar organismos con capacidad técnica específica y reconcentrar sus funciones en Economía, se creó un embudo decisorio que beneficia a quien controla ese embudo.

Esta arquitectura institucional no es casual. Responde a una lógica política que privilegia la concentración de poder por sobre los controles y contrapesos democráticos. El resultado es que un ex empresario constructor puede hoy manejar toda la obra pública nacional desde un despacho en Economía, sin la supervisión técnica específica que antes existía en organismos especializados.

El futuro del modelo concentrador

La misión está a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, según reveló La Nación, lo que indica que esta lógica de concentración continuará profundizándose. Cada organismo eliminado es poder que se reconcentra en el núcleo duro del gobierno.

La pregunta que surge es si esta concentración de poder es compatible con una gestión transparente y democrática de los recursos públicos. Los casos como el de Maccarone sugieren que no: cuando se eliminan controles y se concentra poder en manos de ex empresarios del sector que ahora regulan, los conflictos de interés se vuelven estructurales.

El «achique del Estado» de Milei resultó ser, paradójicamente, una concentración de poder estatal sin precedentes. Y figuras como Martín Maccarone son el producto directo de esa concentración.

Puntos clave

• Milei eliminó 13 ministerios y 21 organismos descentralizados, concentrando su poder decisorio en Economía
• La eliminación del ENOHSA, ONABE y partes de ADIF transfirió el control de obra pública a la estructura que maneja Maccarone
• El desguace institucional eliminó controles y contrapesos específicos, facilitando conflictos de interés
• Más de 118.000 empleados perdieron sus puestos, pero su poder operativo se reconcentró en pocas manos
• La arquitectura del «achique» resultó ser una concentración de poder que beneficia a figuras como el «funcionario fantasma»

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