El debate sobre la auditoría de las universidades nacionales en Argentina generó posturas enfrentadas entre el Gobierno y la Universidad de Buenos Aires (UBA), además de la opinión de expertos constitucionalistas. Daniel Sabsay, abogado constitucionalista de renombre, rechazó la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en el control de los fondos universitarios, argumentando que afecta la autonomía universitaria al dependiente del Poder Ejecutivo. Por su parte, el Gobierno, a través del jefe de Gabinete Guillermo Francos, defendió esta fiscalización, mientras que la UBA reafirmó su compromiso de transparencia dentro del marco legal.

La Autonomía Universitaria en Juego

Daniel Sabsay expresó en sus redes sociales su desacuerdo con que la SIGEN audita las cuentas de las universidades nacionales, señalando que este organismo depende del Poder Ejecutivo, lo cual «afecta su autonomía». Según el jurista, la Auditoría General de la Nación (AGN), entidad que responde al Congreso, sería el organismo adecuado para realizar esta tarea. En palabras de Sabsay, “los fondos de las universidades no pueden ser controlados por la SIGEN que depende del Ejecutivo y eso afecta su autonomía. Debe hacerlo la Auditoría General de la Nación que depende del Congreso”.

Para Sabsay, la intervención de la SIGEN sería incompatible con la Ley de Educación Superior que garantiza la autonomía de las instituciones universitarias. A su entender, la autonomía implica que los recursos asignados por el Estado no deben ser monitoreados por un organismo que depende del Poder Ejecutivo, ya que podría influir en la gestión interna de las casas de estudio.

La Posición del Gobierno: Control de Fondos Públicos

El Gobierno sostuvo que la SIGEN tiene plena legitimidad para auditar las universidades, calculando en el criterio de que los fondos públicos deben ser monitoreados por el propio Estado que los otorga. Francos manifestó en diálogo con Radio Rivadavia que no considera que exista “una imposibilidad jurídica” que impida a la SIGEN auditar a las universidades. Según el jefe de Gabinete, la postura de los críticos oscila “entre el capricho y la intención de ocultar los gastos”.

Francos, además, apuntó que “todos sabemos que hay gastos en la Universidad que se utilizan para la política”, razón por la cual considera esencial realizar auditorías mediante la SIGEN. A su criterio, este tipo de control cuenta con un amplio respaldo social: “La gente quiere que se hagan las auditorías”, declaró el funcionario.

La Respuesta de la UBA: Transparencia y Cumplimiento Normativo

Desde la Universidad de Buenos Aires, el rector Ricardo Gelpi y el secretario de Hacienda, Matías Ruiz, se mostraron abiertos a las auditorías, siempre que se realizan en un marco respetuoso de las leyes vigentes. Gelpi comentó que, ante el contexto de desfinanciamiento, la universidad realiza “un esfuerzo enorme”, similar al de otras instituciones públicas como el Conicet, con la que mantienen una estrecha colaboración.

Ruiz, por su parte, detalló que la UBA presenta informes de gastos mensuales al Ministerio de Capital Humano con un nivel de detalle máximo y reiteró que la universidad nunca se negó a ser auditada. «De hecho, queremos que sean siempre dentro del marco de las leyes», aseveró, refiriéndose a una consulta propuesta externa por la propia universidad para aumentar la transparencia. Además, Ruiz cuestionó la eficacia de la SIGEN en este aspecto, afirmando que “la SIGEN no aporta transparencia porque hay informes que la universidad presenta que no son publicados”. En cambio, sostuvo que la UBA publica sus auditorías en su sitio web, accesibles para el público y para el Poder Ejecutivo.

El Debate: ¿Autonomía o Supervisión?

La controversia entre el Gobierno y las universidades toca el núcleo de la autonomía universitaria en Argentina y plantea el interrogante de hasta qué punto los fondos asignados por el Estado pueden ser monitoreados sin comprometer la independencia de las instituciones educativas. La UBA y otros actores del sector defienden su derecho a ser auditados bajo organismos independientes del Ejecutivo, mientras que el Gobierno insiste en que la fiscalización de la SIGEN garantice un uso adecuado y transparente de los recursos públicos.