Denuncia
Denuncia: el 20% de escuelas porteñas tiene problemas edilicios y el 10% no tiene calefacción
Según un mapa de establecimientos educativos con problemas de infraestructura, unos 200 edificios tienen filtraciones, caídas de mampostería, baños clausurados, inconvenientes en el cableado eléctrico y falta de suministro de agua, “lo que afecta el normal desarrollo de la actividad escolar y pone en riesgo a integrantes de las comunidades educativas”.
El 20% de las escuelas de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires tiene problemas edilicios y el 10% no tiene calefacción, denunciaron hoy docentes, estudiantes, miembros de cooperadoras y sindicalistas que conforman la Multisectorial por la Escuela Pública, quienes reclamaron «soluciones concretas» al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.
Según un mapa de establecimientos educativos con problemas de infraestructura, unos 200 edificios tienen filtraciones, caídas de mampostería, baños clausurados, inconvenientes en el cableado eléctrico y falta de suministro de agua, “lo que afecta el normal desarrollo de la actividad escolar y pone en riesgo a integrantes de las comunidades educativas”.
Además, un total de 112 escuelas públicas de un total de 950 no tiene calefacción, ya sea por falta del suministro de gas o porque no funcionan los artefactos, lo que perjudica a más de 100.000 alumnos y alumnas durante los meses de invierno con bajas temperaturas, según advirtió el informe de la Multisectorial por la Escuela Pública.
La mayor parte de los edificios escolares considerados en riesgo o en condiciones peligrosas están en los barrios del sur de la Ciudad, como Villa Lugano, Soldati, Barracas o La Boca, y en el caso de la falta de calefacción el 40 por ciento corresponde al nivel primario, donde concurren niñas y niños de 6 a 12 años, y otro 10 por ciento son jardines de infantes.
En la presentación del mapeo, realizado en las puertas de la Escuela Normal Superior Número 4 del barrio de Caballito, el secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo López, denunció una “permanente” reducción de la inversión educativa durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta” en la ciudad y advirtió que “en los últimos 15 años pasó de 27 a 17 por ciento”.
“La derecha odia que en la escuela pública el conocimiento no sea una mercancía, porque los chicos son sujetos de derecho. Nos atacan porque nosotros educamos e incluimos. Durante estos 15 años de gestión no nos pudieron doblegar”, sentenció el dirigente gremial.
En declaraciones, López se preguntó: “¿Por qué maltratan permanentemente a los docentes y no maltratan a los jueces y fiscales de la Ciudad?” e inmediatamente respondió: “Porque el Poder Judicial de la Ciudad custodia privilegios y el sistema educativo amplía derechos”.
En ese marco, el secretario adjunto de UTE ratificó que el miércoles a partir de las 17 se realizará una marcha desde la esquina de Ayacucho y Córdoba hasta la Legislatura porteña “en defensa de la educación pública”.
En relación al estado de las escuelas públicas porteñas, el referente de Cooperadores en Movimiento, Pablo Cesaroni, advirtió que “estamos en emergencia edilicia” y aseveró que “la situación es peor que antes de la pandemia”, tras lo cual sostuvo que los problemas de infraestructura “afectan la normal actividad escolar y ponen en riesgo a la comunidad”.
“Hay un abandono de la educación pública y esta emergencia es responsabilidad del gobierno de la Ciudad, tienen que dar respuestas. Necesitamos urgente un plan de obras y el aumento del presupuesto”, aseveró en declaraciones a esta agencia.
Por su parte, Pablo Francisco, secretario de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo de UTE, denunció que durante las gestiones de Macri y Larreta “nunca se ejecutó más del 60 por ciento del presupuesto en infraestructura escolar” y alertó que durante el primer trimestre de este año sólo se lleva ejecutado “el 10 por ciento del presupuesto de infraestructura escolar y el 10 por ciento del presupuesto para mantenimiento”.
El dirigente afirmó que la comunidad de la escuela 2 de Villa Lugano realizó hoy un “frazadazo” ante la falta de gas que impide tener calefacción en el edificio, lo que se suma al problema de ratas, en tanto que advirtió que el desmoronamiento de una obra lindante a una escuela de Villa Ortúzar ocurrida este fin de semana y cuyo peligro venía siendo denunciado por la asociación cooperadora, “podría haber sido una tragedia”.
“Basta de marketing, necesitamos soluciones concretas. No hay más tiempo, Buenos Aires es la ciudad más rica del país. Exigimos a Larreta y a (la ministra de Educación, Soledad) Acuña que escuchen a la comunidad”, reclamó.
Por último, Zoe Varela, secretaria general del Centro de Estudiantes de la escuela de Teatro Niní Marshall reclamó “decisión política” del gobierno porteño para solucionar los problemas de infraestructuras de los establecimientos educativos y advirtió que “así no se puede estudiar”.
“¿Qué escuela de calidad quieren construir así?”, se preguntó la estudiante, para luego pedir a las autoridades porteñas que “demuestren que las declaraciones mediáticas que hacen sobre la educación son verdaderas decisiones políticas y arreglen las escuelas”.
Buenos Aires
El video se hizo viral y agresor está identificado pero la Justicia no actúa, mientras una mujer espera protección
Un video que muestra una paliza brutal a una mujer se viralizó en las últimas horas, el agresor ya fue identificado y la asociación civil Madres que rompen el silencio exigió medidas urgentes al Departamento Judicial de Azul, denunciando una peligrosa demora institucional ante pruebas audiovisuales contundentes.
Las imágenes son inequívocas: un hombre revisa el teléfono de su pareja, la confronta y le propina una brutal paliza mientras ella ruega que se detenga. El video, filmado en la localidad bonaerense de Tapalqué, se viralizó en las últimas horas y permitió identificar al agresor, presuntamente Rodrigo Carrica. Pese a la existencia de pruebas audiovisuales contundentes, la respuesta judicial tardó en llegar; una demora que organizaciones de mujeres calificaron como violencia institucional.
La asociación civil Madres que rompen el silencio, con sede en Río Negro, tomó conocimiento directo del caso y se constituyó en interlocutora ante las autoridades del Departamento Judicial de Azul, el fuero con competencia sobre Tapalqué. La organización presentó el material probatorio disponible, que incluye los registros fílmicos y fotográficos de la agresión, y exigió una respuesta estatal inmediata.
El reclamo: medidas urgentes ante la demora judicial
La entidad formalizó un reclamo ante el Departamento Judicial de Azul con tres exigencias centrales: la intervención urgente para revisar y agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales locales; el dictado inmediato de medidas de protección y restricción perimetral eficaces para resguardar la integridad psicofísica de la víctima; y el cese absoluto de las dilaciones burocráticas frente a la existencia de pruebas audiovisuales explícitas.
«No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian», advirtió la organización, que también alertó sobre el riesgo concreto que implica cada hora de demora en casos donde la víctima convive o tiene contacto con su agresor. Madres que rompen el silencio comunicó que se mantendrá en estado de alerta comunitaria hasta que las garantías constitucionales y de seguridad sean cumplidas de manera efectiva.

Violencia institucional por omisión
La denuncia pone sobre la mesa un problema estructural del sistema judicial argentino frente a la violencia de género: la brecha entre la disponibilidad de prueba y la velocidad de la respuesta institucional. La organización usó una categoría precisa para nombrarlo: «la violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro». En ese encuadre, la inacción no es un vacío neutral sino un acto que habilita la continuidad de la agresión.
El caso de Tapalqué no es un hecho aislado. La Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece con claridad el deber del Estado de actuar con la debida diligencia frente a situaciones de riesgo. El incumplimiento de ese mandato en contextos donde existe material probatorio disponible no solo representa una falla procesal, sino una responsabilidad estatal en los términos de los estándares internacionales de derechos humanos.
Lo que tenés que saber:
- Un video viral muestra a un hombre, presuntamente Rodrigo Carrica, golpear brutalmente a su pareja en Tapalqué, provincia de Buenos Aires.
- La asociación civil Madres que rompen el silencio denunció una alarmante demora de la Justicia local a pesar de contar con pruebas audiovisuales contundentes.
- La organización exigió al Departamento Judicial de Azul medidas urgentes de protección, restricción perimetral y cese de dilaciones burocráticas.
- La entidad advirtió que la omisión y la demora judicial son en sí mismas una forma de violencia institucional que prolonga el peligro para la víctima.
- La organización anunció que se mantendrá en estado de alerta hasta que se garantice efectivamente la seguridad de la mujer agredida.
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