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Educación

Docentes aceptaron el 45,4% de aumento ofrecido por el Gobierno nacional

“Hoy firmamos el acuerdo paritario docente con un aumento salarial del 45,4% a partir del 1 de marzo en el marco de este espacio de debate, negociación y de diálogo social en el que planteamos una agenda de trabajo común por voluntad política del gobierno y de las organizaciones sindicales docentes”, explicó Perczyk a través de un comunicado difundido por la cartera educativa.

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El-Argentino-Suteba-Roberto Baradel

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, firmó este viernes con los gremios docentes el acuerdo paritario que contempla un aumento salarial del 45,4% en cuatro tramos, lo que eleva el salario mínimo de una maestra y maestro a $50.000 a partir del 1 de marzo y a $60.000 en septiembre.

“Hoy firmamos el acuerdo paritario docente con un aumento salarial del 45,4% a partir del 1 de marzo en el marco de este espacio de debate, negociación y de diálogo social en el que planteamos una agenda de trabajo común por voluntad política del gobierno y de las organizaciones sindicales docentes”, explicó Perczyk a través de un comunicado difundido por la cartera educativa.

El funcionario recordó que “desde que asumió este gobierno nos comprometimos a que los salarios de las y los trabajadores no solo le ganen a la inflación sino que también se recuperen».

«Ese fue el compromiso del presidente de la Nación (Alberto Fernández) y el que cumplimos con esta propuesta que hicimos nueve días antes de que comiencen las clases y que ahora fue aceptada para todas y todos los docentes”, resaltó el ministro de Educación.

Y al respecto, remarcó: «Queremos que el 2 de marzo todas las chicas y todos los chicos recuperen el derecho a una presencialidad plena y a la normalidad; y que sea un ciclo de reparación de estos dos años que fueron muy difíciles”.

La propuesta de la cartera educativa nacional acordada por los gremios consta de un salario mínimo docente nacional garantizado fijado en la suma de $50.000 a partir del 1 de marzo del corriente año, lo que significa un incremento del 21,21% integrado de la siguiente manera: 5% en concepto de recomposición del acuerdo paritario correspondiente al año 2021 y 16,21% referido al corriente acuerdo paritario del año 2022.

Además, otorga un aumento del 8,08% el 1 de junio para que el salario alcance $53.333; el mismo porcentaje en agosto para llegar a $56.666 y otro 8,08% en septiembre para que el salario mínimo sea de $60.000, lo que representa un incremento del 45,4% de la pauta salarial correspondiente. También incluye una cláusula de revisión en septiembre.

El acuerdo fue aceptado por los cinco gremios docentes de representación nacional -CTERA, UDA, CEA, SADOP y AMET- en el marco de la reunión de la que participaron también la Secretaria de Educación, Silvina Gvirtz; el Secretario del Consejo Federal de Educación, Marcelo Mango y el Jefe de Asesores de la cartera educativa, Mario Caputo.

CABA

Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri

El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.

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El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.

Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.

Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.

El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.

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