Educación
La Justicia ordenó aplicar de inmediato la ley de financiamiento universitario
El juez federal Martín Cormick suspendió el decreto presidencial que frenaba la actualización salarial docente y de becas, tras calificar la medida del Ejecutivo como «arbitraria y contraria a la Constitución».
★ La Justicia federal le ordenó este martes al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y dejó sin efecto, de forma cautelar, el decreto que había suspendido la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles.
La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo del juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades del sistema universitario, según informaron fuentes judiciales.
Decreto presidencial declarado inaplicable
El magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en cuanto condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a la definición previa de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso. Según el fallo, la suspensión dispuesta por el Ejecutivo aparece, en esta etapa preliminar del proceso, como una conducta arbitraria y contraria a la Constitución.
El juez sostuvo que, tras la insistencia legislativa de ambas cámaras prevista en el artículo 83 de la Constitución, «no admitiría, a priori, una variante suspensiva» para la promulgación y aplicación de la norma. La resolución hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las remesas destinadas al pago de salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles.
Perjuicios «graves de imposible reparación»
En sus fundamentos, Cormick señaló que el incumplimiento del deber normativo ocasiona «perjuicios graves de imposible reparación ulterior», al advertir sobre la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los ingresos del colectivo afectado. Añadió que esa situación compromete derechos laborales protegidos por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos.
El juez también rechazó el argumento del interés público esgrimido por el Gobierno y sostuvo que el deterioro salarial impacta no solo en los trabajadores universitarios, sino también en el derecho a enseñar y aprender. En ese sentido, indicó que el eventual ahorro fiscal tendría una incidencia reducida, estimada en alrededor del 0,23% del PBI.
Cuestionamiento a la división de poderes
La resolución cuestionó además la medida del Ejecutivo por considerar que podría vulnerar el principio de división de poderes, al intentar condicionar la vigencia de una ley insistida por el Congreso mediante una norma de jerarquía inferior.
El fallo aclaró que la medida se dicta en un estado preliminar del proceso y no implica adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión, pero consideró reunidos los requisitos legales para conceder la cautelar y ordenar el cumplimiento inmediato de la ley. La cautelar tendrá vigencia hasta el dictado de la sentencia definitiva.
Puntos clave:
• El Juzgado Federal 11 ordenó la aplicación inmediata de la ley de financiamiento universitario
• Se suspendió cautelarmente el decreto 759/2025 que condicionaba la ejecución de la ley
• El juez Cormick calificó la suspensión del Ejecutivo como «arbitraria y contraria a la Constitución»
• La medida protege la actualización salarial docente y la recomposición de becas estudiantiles
• El fallo advirtió sobre la vulneración del principio de división de poderes
Educación
Paro universitario: docentes presionan al Gobierno por salarios y fondos
CONADU y sindicatos del sector realizarán una medida nacional el 27 y 28 de agosto. Reclaman recursos para las instituciones públicas y una actualización de haberes, mientras sigue la controversia política y judicial por la normativa vigente.
La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) confirmó un paro nacional de 48 horas para el 27 y 28 de agosto.
La medida cuenta con el respaldo de distintos sindicatos universitarios, entre ellos FEDUBA, y se inscribe en un conflicto que combina reclamos salariales con cuestionamientos por el financiamiento de las universidades públicas.
El frente sindical exige además que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación permanece en disputa luego de su ratificación por parte del Congreso tras el veto presidencial.
El financiamiento universitario es uno de los ejes del conflicto
Los gremios sostienen que las universidades no están recibiendo las transferencias presupuestarias previstas por la legislación ratificada por el Poder Legislativo.
Según el planteo sindical, la falta de esos recursos afecta los gastos necesarios para el funcionamiento cotidiano de las instituciones y también partidas destinadas a salarios y becas estudiantiles.
El reclamo se desarrolla en paralelo con una disputa judicial, debido a la existencia de fallos que ordenan el cumplimiento de la normativa.
Los sindicatos reclaman una nueva negociación salarial
El otro eje central de la protesta es la situación de los haberes docentes.
La conducción sindical cuestiona que las actualizaciones salariales otorgadas durante los últimos meses hayan sido definidas de manera unilateral y sin una reapertura de la paritaria formal.
Las entidades gremiales sostienen que los incrementos quedaron por debajo de la inflación acumulada y calculan una pérdida cercana al 30% del poder adquisitivo desde diciembre de 2023.
Para recuperar el nivel de compra de ese período, los sindicatos estiman que sería necesario un aumento superior al 50% sobre los salarios actuales.
La pérdida salarial afecta especialmente a las dedicaciones simples
De acuerdo con el reclamo sindical, el deterioro de los ingresos golpea con mayor intensidad a quienes tienen dedicaciones simples y semi-exclusivas.
Las dificultades también alcanzan a los cargos de dedicación exclusiva y se vinculan, según las organizaciones, con la pérdida de profesionales que optan por oportunidades laborales mejor remuneradas.
Representantes del sistema universitario advierten sobre la migración de docentes e investigadores con formación de posgrado hacia el sector privado o instituciones del exterior.
Universidades advierten por la salida de investigadores
La brecha salarial con otros ámbitos laborales es señalada como uno de los factores que favorecen el desplazamiento de profesionales altamente calificados.
Según las autoridades y representantes universitarios, esta situación impacta en la capacidad de las instituciones para sostener equipos de investigación, proyectos científicos y tecnológicos y actividades académicas.
El conflicto, por lo tanto, abarca tanto las condiciones laborales de los docentes como los recursos disponibles para el funcionamiento del sistema universitario.
Los gremios podrían profundizar las medidas
El paro de agosto se concretará mientras continúa la controversia por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
Las organizaciones sindicales advirtieron que podrían profundizar el plan de lucha si no reciben respuestas concretas del Poder Ejecutivo.
La medida de 48 horas quedó establecida para el 27 y 28 de agosto, con reclamos vinculados al financiamiento universitario, los salarios docentes y el cumplimiento de la legislación vigente.
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