Educación
El Consejo Interuniversitario Nacional exigió al Gobierno que transfiera gastos de funcionamiento
A tres semanas de la multitudinaria movilización, Javier Milei sólo ordenó la transferencia a la UBA, dejando fuera a 60 universidades a nivel federal.
A tres semanas de la histórica Marcha Universitaria Federal, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exigió al gobierno de Javier Milei que “inmediatamente” efectivice un incremento del 270 % del presupuesto de gastos de funcionamiento para todas las universidades nacionales del país –tal como hizo con la UBA- y ratificó el reclamo por aumento salarial de docentes y no docentes, la actualización de los montos de las becas estudiantiles y el sostenimiento del sistema científica y tecnológico.
“Resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda”, advirtieron los rectores nacionales en un comunicado difundido este miércoles.
«No es solo un problema de recursos, es también de principios”, sostuvieron los rectores.
Para el CIN, “la actualización en un 270 % del presupuesto de gastos de funcionamiento y de un 300 % para hospitales a la Universidad de Buenos Aires implica el reconocimiento por parte del gobierno nacional de uno de los aspectos del problema -y su grave magnitud- que todo el sistema universitario viene planteando desde enero de este año”.
“Por lo tanto –agregaron los rectores-, habiendo el gobierno confirmado con sus actos que los recursos están, exigimos inmediatamente una resolución que garantice un incremento igual al otorgado a la Universidad de Buenos Aires para todas las universidades públicas de la Nación.”
Además, el Consejo sostuvo que “con la misma urgencia, seguiremos bregando por paritarias para las y los trabajadores de las universidades que recompongan la pérdida del poder adquisitivo del salario, por el sostenimiento y el fortalecimiento del sistema científico y tecnológico, por la actualización del monto destinado a becas estudiantiles y por la recuperación de las obras de infraestructura hoy paralizadas”.
“Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios”, sostuvieron los rectores.
Y subrayaron: “Reunido en la sede del CIN en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Comité Ejecutivo resuelve quedar en sesión permanente a la espera de una respuesta urgente a esta solicitud y, si no la hubiera, definir las acciones a seguir en defensa de la Universidad Pública Argentina”.
UBA levanta la emergencia presupuestaria
Luego del impacto que tuvo en la Casa Rosada la multitudinaria marcha universitaria, que reunió a estudiantes, docentes y no docentes, y comunidad en general en todo el país, el Gobierno tuvo que dar marcha atrás con su intransigencia en girar más recursos a las casas de estudios superiores, cuyos presupuestos fueron congelados desde 2023 a pesar de una inflación interanual de más de 200%, lo que pone en riesgo su funcionamiento a partir del segundo semestre.
La primera respuesta del presidente Milei a la masiva movilización fue un posteo en sus redes sociales que tensó aún más la cuerda con la comunidad universitaria. “Lágrimas de zurdos”, escribió, para tratar de subestimar la expresión multitudinaria en defensa de la universidad pública. Pero pocos días después, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, intentaron poner paños fríos y mantuvieron un encuentro con el rector de la UBA, Ricardo Gelpi.
Hacia fines de abril, en varias facultades de la UBA se dictaba clases con pasillos a oscuras y sin la utilización de ascensores por las exorbitantes facturas de luz. Y se advirtió que centros sanitarios dependientes de esa universidad, como el Hospital de Clínicas, tendrían que interrumpir la atención de pacientes por falta de presupuesto.
A partir del encuentro entre Pettovello y Torrendell con Gelpi, la UBA recibió un refuerzo del 270% para gastos de funcionamiento y de 300% para los hospitales universitarios y los integrantes del Consejo Superior –integrado por el rector, los decanos, profesores, estudiantes y graduados de las 13 facultades- decidieron suspender la emergencia presupuestaria declarada el 10 de abril pasado.
“Las sumas indicadas, si bien se encuentran por debajo del presupuesto óptimo para el funcionamiento pleno de la Universidad, posibilitan una programación presupuestaria, imposible hasta el momento”, indicaron en un comunicado. No obstante, reiteraron “el estado de alerta y profunda preocupación en materia de recomposición salarial” para docentes y no docentes.
También insistieron en “la urgente necesidad de arribar a un pronto acuerdo” entre el Poder Ejecutivo y el CIN en cuanto a las partidas aún no actualizadas y/o discontinuadas vinculadas, en especial, a las áreas de Ciencia y Tecnología, Extensión Universitaria y a los Programas de infraestructura universitaria”.
Por último, el Consejo Superior de la UBA se manifestó a favor de la sanción de “una Ley de Financiamiento Universitario que establezca parámetros objetivos en la distribución del presupuesto de las universidades nacionales, así como también un criterio de actualización que permita mantener año a año, y a lo largo del mismo, el poder adquisitivo de las asignaciones presupuestarias realizadas”.
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, dijo que el refuerzo presupuestario que recibió su universidad se logró “gracias a que la sociedad se expresó con contundencia en defensa de las universidades públicas” y subrayó que “es importante que esta corrección sea para todo el sistema y no solo para la UBA, sentarnos a discutir un presupuesto para el 2025 que contemple los reajustes inflacionarios necesarios, y que se sancione una ley de financiamiento universitario”.
Educación
Paro universitario: docentes presionan al Gobierno por salarios y fondos
CONADU y sindicatos del sector realizarán una medida nacional el 27 y 28 de agosto. Reclaman recursos para las instituciones públicas y una actualización de haberes, mientras sigue la controversia política y judicial por la normativa vigente.
La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) confirmó un paro nacional de 48 horas para el 27 y 28 de agosto.
La medida cuenta con el respaldo de distintos sindicatos universitarios, entre ellos FEDUBA, y se inscribe en un conflicto que combina reclamos salariales con cuestionamientos por el financiamiento de las universidades públicas.
El frente sindical exige además que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación permanece en disputa luego de su ratificación por parte del Congreso tras el veto presidencial.
El financiamiento universitario es uno de los ejes del conflicto
Los gremios sostienen que las universidades no están recibiendo las transferencias presupuestarias previstas por la legislación ratificada por el Poder Legislativo.
Según el planteo sindical, la falta de esos recursos afecta los gastos necesarios para el funcionamiento cotidiano de las instituciones y también partidas destinadas a salarios y becas estudiantiles.
El reclamo se desarrolla en paralelo con una disputa judicial, debido a la existencia de fallos que ordenan el cumplimiento de la normativa.
Los sindicatos reclaman una nueva negociación salarial
El otro eje central de la protesta es la situación de los haberes docentes.
La conducción sindical cuestiona que las actualizaciones salariales otorgadas durante los últimos meses hayan sido definidas de manera unilateral y sin una reapertura de la paritaria formal.
Las entidades gremiales sostienen que los incrementos quedaron por debajo de la inflación acumulada y calculan una pérdida cercana al 30% del poder adquisitivo desde diciembre de 2023.
Para recuperar el nivel de compra de ese período, los sindicatos estiman que sería necesario un aumento superior al 50% sobre los salarios actuales.
La pérdida salarial afecta especialmente a las dedicaciones simples
De acuerdo con el reclamo sindical, el deterioro de los ingresos golpea con mayor intensidad a quienes tienen dedicaciones simples y semi-exclusivas.
Las dificultades también alcanzan a los cargos de dedicación exclusiva y se vinculan, según las organizaciones, con la pérdida de profesionales que optan por oportunidades laborales mejor remuneradas.
Representantes del sistema universitario advierten sobre la migración de docentes e investigadores con formación de posgrado hacia el sector privado o instituciones del exterior.
Universidades advierten por la salida de investigadores
La brecha salarial con otros ámbitos laborales es señalada como uno de los factores que favorecen el desplazamiento de profesionales altamente calificados.
Según las autoridades y representantes universitarios, esta situación impacta en la capacidad de las instituciones para sostener equipos de investigación, proyectos científicos y tecnológicos y actividades académicas.
El conflicto, por lo tanto, abarca tanto las condiciones laborales de los docentes como los recursos disponibles para el funcionamiento del sistema universitario.
Los gremios podrían profundizar las medidas
El paro de agosto se concretará mientras continúa la controversia por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
Las organizaciones sindicales advirtieron que podrían profundizar el plan de lucha si no reciben respuestas concretas del Poder Ejecutivo.
La medida de 48 horas quedó establecida para el 27 y 28 de agosto, con reclamos vinculados al financiamiento universitario, los salarios docentes y el cumplimiento de la legislación vigente.
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