Educación
La UBA presentó una guía para detectar el riesgo suicida en jóvenes
La Facultad de Psicología de la UBA lanzó una herramienta clínica destinada a profesionales de la salud para la identificación temprana de señales de alerta en adolescentes y adultos jóvenes. Los datos son contundentes: entre abril de 2023 y octubre de 2025 se registraron 22.249 intentos de suicidio en el país, y el grupo de 15 a 19 años encabeza las tasas más altas de notificación.
Por cada 25 intentos de suicidio, uno resulta en la consumación del acto. Esa estadística, tan precisa como perturbadora, es también la base de una afirmación que la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) convirtió en el eje de su nueva publicación: la prevención es posible, y para eso hacen falta herramientas concretas en manos de quienes trabajan en el primer contacto con los jóvenes en riesgo.
El documento, titulado Guía breve para la prevención, detección y abordaje de la conducta suicida en jóvenes, fue elaborado bajo la coordinación de Martín Etchevers, titular de la Secretaría de Investigaciones de esa facultad, junto a un equipo de investigadores. Su objetivo es asistir a los profesionales de la salud en la «prevención y detección rápida de señales de alerta de riesgo suicida en adolescentes y adultos jóvenes y en la implementación de respuestas inmediatas», según describe el propio documento.
Los números detrás de la urgencia
El contexto epidemiológico que rodea la presentación de esta guía es grave. Según los datos del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud citados por el documento, entre abril de 2023 y octubre de 2025 se notificaron 22.249 intentos de suicidio en la Argentina, de los cuales el 61% correspondió a mujeres. Sin embargo, la letalidad relativa es marcadamente mayor en varones: mientras que en mujeres la proporción de intentos con resultado mortal fue del 2,1%, en varones trepó al 10,8%, es decir, aproximadamente cinco veces más.
La franja etaria más afectada es la juventud. El grupo de 15 a 19 años registró 124 intentos cada 100.000 habitantes; el de 20 a 24 años, 114 cada 100.000. En el primer grupo, la tasa de intentos en mujeres duplicó a la de los varones, aunque ellos presentaron una proporción mayor de intentos con resultado mortal. Esta combinación de alta frecuencia en mujeres y alta letalidad en varones define un mapa de riesgo diferenciado que la guía busca precisamente abordar.
La guía también precisa la dimensión de la ideación suicida en relación con los intentos y la consumación: aproximadamente por cada 100 adolescentes con ideación suicida, entre 10 y 20 realizan un intento. «En general, la ideación suicida es mucho más frecuente que los intentos de suicidio, los cuales, a su vez, superan ampliamente la consumación del suicidio», señala el texto, lo que refuerza la importancia de intervenir en las etapas previas al intento.
Factores de riesgo y factores protectores
La guía no se limita a ofrecer datos estadísticos: propone un marco de análisis que contempla tanto los factores de riesgo como los factores protectores, y su interacción en cada caso clínico. Entre los primeros se identifican antecedentes familiares y personales de conducta suicida, rupturas interpersonales significativas, problemas económicos y financieros, acceso a métodos letales, consumo de sustancias y falta de redes de apoyo.
Del lado opuesto, los factores protectores incluyen el apoyo comunitario y familiar, el acceso a asistencia sanitaria de calidad, las creencias personales, la resiliencia y las habilidades de afrontamiento ante situaciones adversas. El entrecruzamiento de ambas dimensiones es lo que define el nivel de riesgo real de cada persona, y es sobre ese análisis que la guía estructura sus recomendaciones de intervención.
En términos prácticos, el documento establece indicadores de riesgo alto, moderado y bajo, e incluye recomendaciones de preguntas, evaluaciones y acciones para cada nivel. Se trata de una guía pensada para el trabajo clínico concreto: entrevistas, evaluaciones iniciales, derivaciones urgentes.
Un instrumento adaptado al contexto local
El equipo de Etchevers destacó que el trabajo «se basa en la mejor evidencia científica disponible hasta la fecha de su redacción, junto al aporte de destacados profesionales e investigadores» del país, y que para su elaboración se tuvieron en cuenta «las características del contexto específico» y se propusieron «instrumentos de evaluación adaptados y validados para Argentina». Este punto no es menor: la localización de las herramientas de detección es uno de los déficits históricos del campo de la salud mental en la región.
El propio documento anticipa que el conocimiento en esta área «evoluciona constantemente» y recomienda su revisión y actualización periódica para garantizar que refleje los avances científicos más recientes. La presentación de esta guía llega en un momento en que el debate sobre la salud mental juvenil gana visibilidad pública, pero en que los recursos sanitarios específicos siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del problema.
Lo que tenés que saber
- La Facultad de Psicología de la UBA presentó una guía clínica para la detección temprana del riesgo suicida en adolescentes y adultos jóvenes, coordinada por Martín Etchevers.
- Entre abril de 2023 y octubre de 2025 se notificaron 22.249 intentos de suicidio en Argentina; el 61% correspondió a mujeres, aunque la letalidad en varones es cinco veces mayor.
- El grupo de 15 a 19 años encabeza las tasas más altas de notificación, con 124 intentos cada 100.000 habitantes.
- La guía combina factores de riesgo y factores protectores para orientar la intervención clínica, con indicadores diferenciados por nivel de riesgo.
- Los instrumentos de evaluación fueron adaptados y validados específicamente para el contexto argentino.
CABA
Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri
El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.
El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.
Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.
Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.
El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.
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