Educación
Polémica por el machista y retrógado código de vestimenta de la UADE: ¿qué prohíbe?
La universidad privada reforzó una norma interna que regula la indumentaria de estudiantes en clases presenciales y virtuales. Argumentó que busca promover la “convivencia y el respeto mutuo”, pero las críticas la acusan de machismo, elitismo y control disciplinario.
La Universidad Argentina de la Empresa (UADE) difundió un instructivo que reavivó un viejo debate sobre los límites del control institucional en los espacios educativos. En nombre de la “convivencia, la inclusión y el respeto mutuo”, la casa de estudios impuso una serie de restricciones a la vestimenta de su alumnado, entre ellas la prohibición de minifaldas, tops, musculosas cavadas y shorts deportivos.

La medida, que según la institución “rige desde el año 2000” y ahora se “refuerza”, provocó un inmediato rechazo entre estudiantes, docentes y usuarios en redes sociales que la calificaron de “machirula”, “rancia” y “arcaica”.
“A partir de esta semana, las mujeres y los hombres que estudian en la UADE ya no podrán ir vestidos de carne. Más arcaico, rancio y antidemocrático, no se consigue”, ironizó un estudiante en X (ex Twitter).
El instructivo y su retórica de la “convivencia”
El texto difundido en WebCampus y por cartelería interna detalla qué prendas son consideradas “no adecuadas para el ámbito universitario”. La lista incluye:
- Tops, musculosas cavadas y camisetas deportivas.
- Shorts deportivos, trajes de baño y minifaldas.
- Calzado de playa (ojotas o Crocs).
- Accesorios que cubran el rostro, como gorros o capuchas.
- Prendas con “mensajes ofensivos o alusiones políticas, religiosas o deportivas”.
En contraposición, la UADE sugiere vestimentas supuestamente “adecuadas” como remeras y camisas “sin escotes”, pantalones largos, faldas y vestidos “de largo adecuado (altura de la rodilla)” y calzado cerrado.
La disposición, además, extiende los mismos criterios al entorno virtual, solicitando que los y las estudiantes mantengan una “presentación personal acorde a la investidura académica” incluso durante las clases por videollamada.
Rechazo estudiantil y denuncias por machismo
La reacción no se hizo esperar. En redes sociales y foros internos de la universidad, decenas de estudiantes manifestaron su repudio.
“Estaba con la remera más tranqui de la vida y me retaron por el nuevo código porque ‘se me veía la panza’. ¿En qué siglo estamos?”, denunció una alumna.
Otras voces señalaron que la normativa reproduce estereotipos de género y patrones patriarcales de control sobre los cuerpos femeninos, bajo un discurso de formalidad que disfraza la censura.
“El problema no es la ropa: es la mirada. Regular la indumentaria de las mujeres en nombre del respeto es una forma de disciplinamiento”, expresó una estudiante de abogacía en diálogo con este medio.
Educación privada y moral conservadora
La UADE no es la primera institución que adopta códigos de vestimenta restrictivos, pero su caso cobra relevancia por el carácter privado y empresarial de la universidad, que históricamente promueve un modelo académico asociado a la formación corporativa y la estética del mercado.
Para especialistas en sociología de la educación, esta decisión se inscribe en una lógica de “normalización visual” que busca homogeneizar la apariencia del estudiantado bajo parámetros de clase, género y moral conservadora.
“El discurso de la ‘buena presencia’ fue siempre una herramienta de exclusión social. Lo que UADE llama respeto, en realidad es control simbólico sobre la identidad y la corporalidad de les jóvenes”, analizó la socióloga Mariana Menéndez (UBA).
La referencia a la prohibición de ropa con “alusiones políticas o religiosas” también generó preocupación en ámbitos académicos y de derechos humanos, donde se interpreta como una restricción a la libertad de expresión y al pluralismo ideológico dentro del aula.
Del dress code al control disciplinario
El instructivo no detalla sanciones concretas, aunque menciona que “el personal responsable de cada sede podrá intervenir” ante incumplimientos. En la práctica, eso abre la puerta a situaciones de hostigamiento o discriminación, en particular hacia mujeres, personas LGBT+ y estudiantes no conformes con los estándares tradicionales de vestimenta.
En los pasillos y grupos internos de WhatsApp, la medida fue leída como un intento de reforzar el disciplinamiento corporal y simbólico dentro de la comunidad universitaria.
“Pretenden que nos vistamos como si estuviéramos en una oficina del siglo pasado. La universidad debería fomentar pensamiento crítico, no vigilancia estética”, sostuvo un alumno de Comunicación.
El debate que vuelve: ¿educar o uniformar?
El episodio reabre la discusión sobre los límites entre la educación formal y la regulación moral. ¿Qué tipo de ciudadanía se forma en una institución que asocia respeto con recato y profesionalismo con homogeneidad?
En tiempos en que el movimiento feminista y los colectivos de diversidad sexual disputan sentidos sobre el cuerpo y la libertad, el código de vestimenta de la UADE parece retroceder varias décadas.
Educación
Fallo de la Corte a favor del financiamiento universitario: docentes y estudiantes reclamaron que Milei cumpla la Ley
Docentes, estudiantes y autoridades de las universidades nacionales destacaron la decisión de la Corte Suprema que dejó firme la cautelar para garantizar el financiamiento universitario. Consideraron que el fallo representa un límite a las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei y reivindicaron las masivas movilizaciones en defensa de la educación pública.
La comunidad universitaria celebró el fallo de la Corte Suprema que ratificó la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con los artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso tras el rechazo al veto del presidente Javier Milei.
La resolución del máximo tribunal, firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó un planteo presentado por el Poder Ejecutivo al considerar que no existía una sentencia definitiva para habilitar la intervención de la Corte. De esta manera, quedó firme la cautelar que ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la norma, vinculados a la actualización de los salarios docentes y no docentes y al financiamiento de programas destinados a los estudiantes.
«Lo esperábamos con ansias»
Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) calificaron la decisión judicial como un paso fundamental en la defensa de la universidad pública.
La secretaria general del gremio, Clara Chevalier, sostuvo que el fallo era esperado por toda la comunidad educativa y cuestionó la postura del Gobierno nacional.
«La comunidad esperaba este fallo con ansias. El Gobierno decidió tomarnos como enemigos y viene atacando a la universidad pública desde que empezó. La Ley de Financiamiento Universitario fue construida entre todos los sectores de la universidad y aprobada por el Congreso», afirmó.
La dirigente explicó que la medida cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) busca restablecer la situación presupuestaria y salarial vigente hasta noviembre de 2023, mientras continúa el tratamiento de la cuestión de fondo.
«Esto se ganó en las calles»
Uno de los pronunciamientos más contundentes llegó desde el movimiento estudiantil.
El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Avellaneda, Gonzalo Suárez, aseguró que la resolución judicial es consecuencia de la movilización sostenida de la comunidad universitaria.
«Cuando recibimos la noticia lo celebramos con el puño. Más allá del pronunciamiento de la Corte, sabemos que este resultado es por la presión en las calles de los gremios y de todos los sectores que acompañaron el reclamo. Esto se ganó en las calles y en la resistencia de las universidades contra este Gobierno que nos desfinancia y nos ajusta», expresó.
Los rectores reclamaron que el Gobierno cumpla el fallo
El rector de la Universidad Nacional de La Matanza, Daniel Martínez, sostuvo que el pronunciamiento de la Corte pone fin a la discusión judicial sobre la cautelar y afirmó que ahora el Ejecutivo debe cumplir con la resolución.
«La última instancia es la Corte Suprema. Al Gobierno le queda cumplir con el fallo. Es un acto de justicia para docentes, no docentes y estudiantes», señaló.
Martínez también advirtió sobre el fuerte deterioro salarial que atraviesa el sistema universitario.
Según explicó, gran parte del personal docente y no docente percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza, luego de una pérdida del poder adquisitivo cercana al 50% desde el inicio de la gestión libertaria.
«Muchos trabajadores deben buscar un segundo empleo para poder subsistir. Eso termina deteriorando el funcionamiento de las universidades y afecta directamente la calidad educativa», remarcó.
Becas congeladas y preocupación por la deserción
Desde el sector estudiantil también advirtieron sobre el impacto que tiene el ajuste presupuestario en la permanencia de los alumnos.
Suárez denunció que las Becas Progresar acumulan varios meses sin abonarse y reclamó una actualización de los montos para afrontar los costos de estudiar.
«Hoy la principal causa de abandono universitario es económica. Muchos estudiantes no pueden pagar el transporte, comprar apuntes o incluso comer durante la jornada de cursada», sostuvo.
Un límite judicial al Gobierno
Para los representantes universitarios, el fallo constituye un freno institucional frente a las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.
Chevalier consideró que la decisión de la Corte refleja el amplio consenso social en defensa de la educación pública y sostuvo que el Poder Ejecutivo deberá adecuar su conducta a la ley vigente.
«El pueblo argentino demostró que quiere una universidad pública, gratuita, federal y de calidad. Ahora el Gobierno deberá decidir si cumple con la ley y con lo que resolvió la Justicia», concluyó.
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