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Educación

Paro universitario de 72 horas: “El gobierno incumple ilegalmente una ley votada en ambas Cámaras”

Gremios docentes denuncian que el Gobierno Nacional desfinancia la educación pública y mantiene los sueldos por debajo de la línea de pobreza. Advierten que la deuda salarial acumulada alcanza el 44% y que la precarización provoca un vaciamiento de los equipos de trabajo.

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Paro y reclamo en las aulas

Las universidades nacionales iniciaron este miércoles un paro de 72 horas para exigir que el gobierno de Javier Milei aplique la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada el 21 de octubre pasado en el Congreso Nacional. La medida de fuerza, impulsada por diversos gremios docentes, busca visibilizar el reclamo por la recomposición salarial y la defensa de la educación pública.

El reclamo por salarios que no llegan

Pilar Barbas, secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA), declaró a Noticias Argentinas que los salarios «no fueron recompuestos» y que, a pesar de tres marchas federales, el Presidente se niega a cumplir con la ley. «Plata hay. Hay que dejar de decir que no hay plata porque este Gobierno decidió el desfinanciamiento de las universidades nacionales y públicas y los destinó a la deuda externa y a la SIDE», señaló.

Barbas enfatizó la necesidad de «continuar con la profundización en las protestas contra la reforma laboral y el plan que tiene esta gestión que es contra la universidad pública, contra los hospitales públicos y contra los derechos laborales».

Una deuda del 44% y salarios bajo la línea de pobreza

Ileana Celoto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), advirtió a Noticias Argentinas que la aplicación de la ley es urgente porque «es anticonstitucional no hacerlo». Según precisó, la deuda salarial acumulada alcanza el 44% de acuerdo a lo estipulado por la norma. «Ya es una deuda, no es un reclamo», sentenció.

La dirigente gremial detalló que las bajas remuneraciones están provocando una crisis en el personal universitario: «En muchos casos están por debajo de la línea de pobreza», advirtió. Esta situación se traduce en «pedidos de cambio de dedicación», es decir, reducción de horas de trabajo, lo que implica un vaciamiento de los equipos docentes.

«Estamos defendiendo la universidad pública, para que no quede como una cáscara vacía con equipos que ya no pueden llevar adelante las tareas para los cuales estuvieron designados», alertó Celoto sobre las consecuencias a largo plazo del desfinanciamiento.

«Salarios de miseria» y trabajo ad honorem

La diputada nacional por el Frente de Izquierda y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Mercedes de Mendieta, calificó las remuneraciones universitarias como «salarios de miseria». «Un docente que ingresa y que está siendo ayudante de primera, trabaja 10 horas por semana y cobra 2.000 pesos la hora. Además, hay cientos de compañeros que están ad honorem y que no cobran salarios», declaró a Noticias Argentinas.

De Mendieta sostuvo que la universidad argentina se mantiene gracias al «esfuerzo tremendo de los docentes, no docentes y de los estudiantes», quienes resisten a un «ajuste histórico» que persigue la privatización indirecta del sistema.

La legisladora acusó directamente al gobierno de Milei y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, de «incumplir de manera completamente ilegal una ley que fue votada por ambas Cámaras» y que «se conquistó con la movilización de la comunidad educativa».

Un llamado a la sociedad

«Llamamos a toda la sociedad a que nos apoye. Hay que luchar contra la impunidad de un Gobierno ultraderechista y sus cómplices que no quieren aplicar una ley conquistada y necesaria para el desarrollo del país», concluyó De Mendieta.

El paro de 72 horas, que comenzó este miércoles, representa una nueva instancia de protesta después de tres marchas federales que no lograron torcer la decisión del Ejecutivo de no aplicar la ley sancionada por el Congreso hace ya casi tres semanas.

Puntos clave:

• Las universidades nacionales iniciaron un paro de 72 horas para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento sancionada el 21 de octubre

• Los gremios denuncian una deuda salarial del 44% y sueldos por debajo de la línea de pobreza para el personal universitario

• La FUA señala que el gobierno destinó recursos a deuda externa y a la SIDE en lugar de financiar las universidades

• Docentes ayudantes cobran 2.000 pesos la hora y hay cientos de trabajadores ad honorem sin remuneración

• La medida busca frenar el vaciamiento de equipos docentes y la privatización indirecta del sistema universitario público

Educación

La Justicia suspende la esencialidad docente y frena la reforma laboral del Gobierno

Un fallo con alcance nacional suspendió la aplicación del artículo 101 de la Ley 27.802, que imponía un 75% de funcionamiento en paros docentes. La medida fue impulsada por UDA y deja en pausa un punto central de la reforma laboral.

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Lo que tenés que saber

  • 75% de servicio mínimo exigía la norma durante huelgas
  • 1 artículo clave (101) fue suspendido por la Justicia
  • 1 fallo nacional frena la aplicación de la reforma docente
  • 2 actores sindicales (UDA y CGT) respaldaron la medida
  • Aplicación inmediata en todo el sistema educativo

La Justicia frena la esencialidad en educación

Un fallo de la Justicia laboral suspendió de manera provisoria la aplicación de la reforma laboral en el sector docente. La decisión deja sin efecto la declaración de esencialidad del servicio educativo contemplada en la Ley N.º 27.802.

La resolución fue firmada por el juez José Ignacio Ramonet, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N.º 74, tras un planteo presentado por la Unión Docentes Argentinos (UDA).

El eje del conflicto: el artículo 101

El punto central del fallo es la suspensión del artículo 101, que establecía que la educación debía considerarse un servicio esencial.

La normativa obligaba a garantizar un mínimo del 75% de actividad durante huelgas, lo que fue cuestionado por los sindicatos por limitar el derecho a la protesta.

Postura sindical y declaraciones

El titular de la UDA, Sergio Romero, cuestionó la medida al afirmar: “Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo”.

Además, sostuvo que la reforma era “mezquina y sin consenso” y consideró que la suspensión judicial protege derechos laborales fundamentales.

Respaldo de la CGT y escenario gremial

La CGT acompañó el reclamo y celebró la decisión judicial. La central ya había logrado frenar otros aspectos de la reforma en instancias anteriores.

Este nuevo fallo profundiza el conflicto entre el Gobierno y los sindicatos, en un contexto de discusión sobre condiciones laborales y regulación del derecho a huelga.

Alcance de la medida y próximos pasos

La suspensión tiene alcance nacional y aplicación inmediata, lo que implica que el artículo no podrá implementarse mientras se resuelve el fondo de la cuestión.

Se trata de una medida provisoria que mantiene abierto el debate judicial y político sobre el futuro de la reforma laboral docente.

Conclusión

La Justicia suspendió el artículo 101 de la Ley 27.802, que exigía un 75% de actividad en huelgas. La medida tiene alcance nacional, fue impulsada por UDA y respaldada por la CGT, y deja en pausa la esencialidad del servicio educativo.

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