Educación
Paro universitario de 72 horas: “El gobierno incumple ilegalmente una ley votada en ambas Cámaras”
Gremios docentes denuncian que el Gobierno Nacional desfinancia la educación pública y mantiene los sueldos por debajo de la línea de pobreza. Advierten que la deuda salarial acumulada alcanza el 44% y que la precarización provoca un vaciamiento de los equipos de trabajo.
Paro y reclamo en las aulas
Las universidades nacionales iniciaron este miércoles un paro de 72 horas para exigir que el gobierno de Javier Milei aplique la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada el 21 de octubre pasado en el Congreso Nacional. La medida de fuerza, impulsada por diversos gremios docentes, busca visibilizar el reclamo por la recomposición salarial y la defensa de la educación pública.
El reclamo por salarios que no llegan
Pilar Barbas, secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA), declaró a Noticias Argentinas que los salarios «no fueron recompuestos» y que, a pesar de tres marchas federales, el Presidente se niega a cumplir con la ley. «Plata hay. Hay que dejar de decir que no hay plata porque este Gobierno decidió el desfinanciamiento de las universidades nacionales y públicas y los destinó a la deuda externa y a la SIDE», señaló.
Barbas enfatizó la necesidad de «continuar con la profundización en las protestas contra la reforma laboral y el plan que tiene esta gestión que es contra la universidad pública, contra los hospitales públicos y contra los derechos laborales».
Una deuda del 44% y salarios bajo la línea de pobreza
Ileana Celoto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), advirtió a Noticias Argentinas que la aplicación de la ley es urgente porque «es anticonstitucional no hacerlo». Según precisó, la deuda salarial acumulada alcanza el 44% de acuerdo a lo estipulado por la norma. «Ya es una deuda, no es un reclamo», sentenció.
La dirigente gremial detalló que las bajas remuneraciones están provocando una crisis en el personal universitario: «En muchos casos están por debajo de la línea de pobreza», advirtió. Esta situación se traduce en «pedidos de cambio de dedicación», es decir, reducción de horas de trabajo, lo que implica un vaciamiento de los equipos docentes.
«Estamos defendiendo la universidad pública, para que no quede como una cáscara vacía con equipos que ya no pueden llevar adelante las tareas para los cuales estuvieron designados», alertó Celoto sobre las consecuencias a largo plazo del desfinanciamiento.
«Salarios de miseria» y trabajo ad honorem
La diputada nacional por el Frente de Izquierda y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Mercedes de Mendieta, calificó las remuneraciones universitarias como «salarios de miseria». «Un docente que ingresa y que está siendo ayudante de primera, trabaja 10 horas por semana y cobra 2.000 pesos la hora. Además, hay cientos de compañeros que están ad honorem y que no cobran salarios», declaró a Noticias Argentinas.
De Mendieta sostuvo que la universidad argentina se mantiene gracias al «esfuerzo tremendo de los docentes, no docentes y de los estudiantes», quienes resisten a un «ajuste histórico» que persigue la privatización indirecta del sistema.
La legisladora acusó directamente al gobierno de Milei y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, de «incumplir de manera completamente ilegal una ley que fue votada por ambas Cámaras» y que «se conquistó con la movilización de la comunidad educativa».
Un llamado a la sociedad
«Llamamos a toda la sociedad a que nos apoye. Hay que luchar contra la impunidad de un Gobierno ultraderechista y sus cómplices que no quieren aplicar una ley conquistada y necesaria para el desarrollo del país», concluyó De Mendieta.
El paro de 72 horas, que comenzó este miércoles, representa una nueva instancia de protesta después de tres marchas federales que no lograron torcer la decisión del Ejecutivo de no aplicar la ley sancionada por el Congreso hace ya casi tres semanas.
Puntos clave:
• Las universidades nacionales iniciaron un paro de 72 horas para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento sancionada el 21 de octubre
• Los gremios denuncian una deuda salarial del 44% y sueldos por debajo de la línea de pobreza para el personal universitario
• La FUA señala que el gobierno destinó recursos a deuda externa y a la SIDE en lugar de financiar las universidades
• Docentes ayudantes cobran 2.000 pesos la hora y hay cientos de trabajadores ad honorem sin remuneración
• La medida busca frenar el vaciamiento de equipos docentes y la privatización indirecta del sistema universitario público
Educación
Paro universitario: docentes presionan al Gobierno por salarios y fondos
CONADU y sindicatos del sector realizarán una medida nacional el 27 y 28 de agosto. Reclaman recursos para las instituciones públicas y una actualización de haberes, mientras sigue la controversia política y judicial por la normativa vigente.
La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) confirmó un paro nacional de 48 horas para el 27 y 28 de agosto.
La medida cuenta con el respaldo de distintos sindicatos universitarios, entre ellos FEDUBA, y se inscribe en un conflicto que combina reclamos salariales con cuestionamientos por el financiamiento de las universidades públicas.
El frente sindical exige además que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación permanece en disputa luego de su ratificación por parte del Congreso tras el veto presidencial.
El financiamiento universitario es uno de los ejes del conflicto
Los gremios sostienen que las universidades no están recibiendo las transferencias presupuestarias previstas por la legislación ratificada por el Poder Legislativo.
Según el planteo sindical, la falta de esos recursos afecta los gastos necesarios para el funcionamiento cotidiano de las instituciones y también partidas destinadas a salarios y becas estudiantiles.
El reclamo se desarrolla en paralelo con una disputa judicial, debido a la existencia de fallos que ordenan el cumplimiento de la normativa.
Los sindicatos reclaman una nueva negociación salarial
El otro eje central de la protesta es la situación de los haberes docentes.
La conducción sindical cuestiona que las actualizaciones salariales otorgadas durante los últimos meses hayan sido definidas de manera unilateral y sin una reapertura de la paritaria formal.
Las entidades gremiales sostienen que los incrementos quedaron por debajo de la inflación acumulada y calculan una pérdida cercana al 30% del poder adquisitivo desde diciembre de 2023.
Para recuperar el nivel de compra de ese período, los sindicatos estiman que sería necesario un aumento superior al 50% sobre los salarios actuales.
La pérdida salarial afecta especialmente a las dedicaciones simples
De acuerdo con el reclamo sindical, el deterioro de los ingresos golpea con mayor intensidad a quienes tienen dedicaciones simples y semi-exclusivas.
Las dificultades también alcanzan a los cargos de dedicación exclusiva y se vinculan, según las organizaciones, con la pérdida de profesionales que optan por oportunidades laborales mejor remuneradas.
Representantes del sistema universitario advierten sobre la migración de docentes e investigadores con formación de posgrado hacia el sector privado o instituciones del exterior.
Universidades advierten por la salida de investigadores
La brecha salarial con otros ámbitos laborales es señalada como uno de los factores que favorecen el desplazamiento de profesionales altamente calificados.
Según las autoridades y representantes universitarios, esta situación impacta en la capacidad de las instituciones para sostener equipos de investigación, proyectos científicos y tecnológicos y actividades académicas.
El conflicto, por lo tanto, abarca tanto las condiciones laborales de los docentes como los recursos disponibles para el funcionamiento del sistema universitario.
Los gremios podrían profundizar las medidas
El paro de agosto se concretará mientras continúa la controversia por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.
Las organizaciones sindicales advirtieron que podrían profundizar el plan de lucha si no reciben respuestas concretas del Poder Ejecutivo.
La medida de 48 horas quedó establecida para el 27 y 28 de agosto, con reclamos vinculados al financiamiento universitario, los salarios docentes y el cumplimiento de la legislación vigente.
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