⬛ La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, puso en marcha el Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE), un operativo de alcance federal diseñado para recolectar información exhaustiva sobre el personal docente y no docente. Este despliegue abarca instituciones de gestión estatal, privada, social y cooperativa en todos los niveles del sistema educativo, con la única excepción del ámbito universitario.

La iniciativa fue aprobada por el Consejo Federal de Educación (CFE) de forma unánime, mediante la Resolución CFE N°478/24, y tiene como fin “cuantificar y caracterizar al personal educativo del país”, según informaron las autoridades en el Palacio Sarmiento. El lanzamiento llega justificado en la necesidad de contar con datos frescos y robustos. “Desde 2004 no se contaba con datos consistentes, por lo cual los resultados de este relevamiento serán de utilidad para la implementación de políticas educativas sólidas”, subrayaron voceros del Ministerio.

El extenso cuestionario y la carga de datos personales

El proceso se divide en dos etapas. Inicialmente, los equipos directivos de las escuelas tienen a su cargo la revisión y carga de la nómina completa del personal que se desempeña en cada establecimiento. Esta tarea es imprescindible para habilitar la segunda fase, que inicia el próximo 10 de noviembre.

A partir de esa fecha, cada agente (docente o no docente) deberá completar un cuestionario individual de manera personal, a través de la aplicación MiArgentina o de la página web oficial del Gobierno Nacional.

El formulario individual es un documento de nueve secciones diseñado para ofrecer una “visión integral” de los trabajadores del sistema. Entre los principales aspectos que se relevarán se encuentran:

• Inserción institucional y situación laboral.
• Formación y trayectorias profesionales.
• Datos sociodemográficos.

Sin embargo, el ReNPE extiende la recolección de información a ámbitos que van más allá de lo estrictamente laboral o pedagógico, sumando secciones sobre “características del hogar, servicios de la vivienda y bienes”, así como “consumo culturales, actividades recreativas y de cuidado”. Las autoridades estimaron que completar el formulario toma aproximadamente media hora y que el proceso puede ser retomado en caso de quedar inconcluso.

Análisis de la implicancia laboral: la lupa sobre el “gasto”

La inclusión detallada de la “inserción institucional, situación laboral y trayectoria profesional” del personal educativo –desde docentes de aula hasta no docentes– adquiere una dimensión crítica en un contexto de ajuste fiscal y de reformas estructurales en el Estado. El argumento oficial de que faltan datos consistentes desde 2004 no solo justifica el censo, sino que también sienta las bases para una posible auditoría integral de los cargos.

En la práctica, la información recolectada permitirá al Poder Ejecutivo Nacional obtener un mapa de altísima resolución sobre la distribución de la masa salarial y el personal en el sistema educativo, diferenciando entre gestión estatal y privada. Esto podría funcionar como un instrumento de rastreo y posterior “racionalización” del personal en el sector público, alineándose con el discurso de «eficiencia» y reducción del «gasto» estatal que impulsa el actual gobierno. La falta de consistencia en los datos previos, tal como lo manifestaron los funcionarios, podría ser la excusa perfecta para justificar futuras reestructuraciones de personal o la baja de cargos.

Riesgos a la privacidad: bienes y consumos en una base estatal

Uno de los aspectos más cuestionables del ReNPE es la recolección de información sensible que excede por completo la función docente o no docente. Preguntar sobre «bienes,» «servicios de la vivienda» y «consumo culturales» transforma el relevamiento de un censo educativo en una suerte de radiografía socioeconómica y cultural del trabajador de la educación.

La información recopilada no será estática, sino que se integrará a la Base Nacional Homologada (BNH), la cual a su vez se incorporará al módulo de cargos y personal del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SINIDE). Esta centralización de datos tan detallados y sensibles, sobre la capacidad adquisitiva y los hábitos privados del personal, levanta serios interrogantes sobre la proporcionalidad de la medida y su resguardo legal. Los funcionarios destacaron que esto «reafirma el compromiso con una gestión educativa basada en la evidencia,» pero no precisaron bajo qué protocolos específicos de la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326) se protegerá el historial de bienes, consumos y detalles de la vivienda de miles de agentes.

Este tipo de bases de datos masivas sobre la vida privada de empleados públicos son vistas por organizaciones sociales y gremios como potenciales herramientas de control o de estigmatización laboral, cuyo uso final podría exceder los límites de la política educativa.

Puntos clave:

• El ReNPE fue lanzado por la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.
• El objetivo es relevar personal docente y no docente de todos los niveles no universitarios.
• El operativo fue aprobado por el Consejo Federal de Educación (CFE N°478/24) de forma unánime.
• El cuestionario, de nueve secciones, incluye datos sobre situación laboral, formación, pero también sobre características del hogar, bienes y consumo cultural de los encuestados.
• La información será centralizada e integrada a la Base Nacional Homologada (BNH) y al Sistema Integral de Información Digital Educativa (SINIDE).