Educación
Estudiantes de la UBA alertan: «Arancelar a extranjeros es privatizar la educación»
El rechazo al arancelamiento se da en un contexto de tensiones por otras medidas de ajuste, como el recorte de medicamentos y la intención del Gobierno de cobrar servicios hasta ahora gratuitos.
Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) expresaron su preocupación ante la propuesta del Gobierno de implementar aranceles para extranjeros no residentes que accedan a la educación universitaria y servicios de salud públicos. Consideran que esta medida representa un avance hacia la privatización de bienes públicos fundamentales, como la educación y la salud.
Críticas a la propuesta del Gobierno
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que el Ejecutivo evalúa cobrar un arancel a los extranjeros no residentes que utilicen hospitales y universidades públicas. Ante esta situación, alumnos de la UBA rechazaron la iniciativa durante un móvil del programa De Una en C5N.
«Es abrir una puerta muy oscura. Empiezan por los extranjeros, pero luego pueden ir por aquellos que no puedan pagar. Esto es un paso hacia la privatización», afirmó un estudiante de sexto año de Medicina, quien también denunció la medida como un acto discriminatorio hacia los migrantes.
«Un sueño para muchos extranjeros»
Los estudiantes destacaron el valor de la gratuidad educativa en la UBA, no solo para los argentinos sino también para los extranjeros. «Es hermoso compartir aula con compañeros de América Latina que vienen a cumplir un sueño, ya que en sus países la educación superior es muy costosa», comentó el joven universitario.
Por otro lado, una estudiante brasileña residente en Argentina expresó su desacuerdo con la medida, aunque reconoció la posibilidad de implementar aportes razonables: «Si se cobra, ya no puede llamarse Facultad pública y gratuita. Aun así, me encanta que Argentina reciba a todos los extranjeros».
El rechazo al arancelamiento se da en un contexto de tensiones por otras medidas de ajuste, como el recorte de medicamentos y la intención del Gobierno de cobrar servicios hasta ahora gratuitos. Los estudiantes advierten que estas políticas impactarán negativamente en la inclusión y la equidad en el acceso a derechos básicos.
Educación
La motosierra ahoga a los hospitales de la UBA mientras el Gobierno ensaya un nuevo relato trucho
El oficialismo busca desmentir la parálisis de los hospitales universitarios con una transferencia de fondos que la casa de altos estudios sostiene que se trata de deuda acumulada.
El Gobierno prepara un relato de números truchos para asfixiar aún más a la UBA
★ La administración de Javier Milei prepara un comunicado oficial para responder a la Universidad de Buenos Aires (UBA) tras la denuncia sobre la posible parálisis de sus hospitales por falta de fondos. Según trascendió, funcionarios del área de Educación trabajan en un texto que intenta exhibir que el Presupuesto 2026 contempla 79 mil millones de pesos para los centros de salud universitarios y que dichos montos ya fueron transferidos.
La estrategia de la caja única y el manejo federal
Desde el entorno libertario indicaron que las partidas se distribuyeron bajo un criterio federal hacia hospitales de todo el país y no exclusivamente para los de la UBA. Las fuentes oficiales consultadas afirmaron que la universidad pretende que la totalidad del presupuesto quede en sus manos para un manejo a discreción, buscando así desacreditar el reclamo porteño.
En paralelo, el oficialismo inició contactos con rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para intentar fisurar el frente universitario y obtener testimonios que avalen la vigencia del flujo de dinero. Esta maniobra ocurre en un contexto donde el propio Gobierno prioriza el cumplimiento de compromisos financieros externos, como el pago de 171 millones de dólares a fondos buitre anunciado recientemente.
La deuda real: insumos y mantenimiento bajo amenaza
Por su parte, las autoridades de la UBA aseguraron que la gestión de Milei no transfirió los fondos de enero, febrero, marzo y abril, lo que generó una deuda acumulada de 20.000 millones de pesos. Este bache financiero afecta directamente la compra de insumos, el mantenimiento edilicio y la prestación de servicios básicos en entidades críticas como el Hospital de Clínicas.
Desde la universidad señalaron que el Ejecutivo está incumpliendo su propio presupuesto y la Ley de Financiamiento Universitario, transformando un conflicto administrativo en una crisis sanitaria. El ajuste sobre el sistema científico y educativo contrasta con la celeridad del ministro Luis Caputo para captar 700 millones de dólares en bonos destinados a pagar a acreedores privados, evidenciando un orden de prioridades que relega la salud pública.
Un conflicto que escala hacia la Marcha Federal
La crisis en los hospitales universitarios se suma al deterioro estructural de otros servicios públicos auditados por la propia universidad. Un informe reciente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA documentó que el sistema de transporte del AMBA opera con 2.500 unidades menos que en 2019, mientras el boleto sufrió aumentos superiores al 1.200% bajo la actual gestión.
Este martes a las 8.30, las autoridades universitarias brindarán una conferencia de prensa en las escalinatas del Hospital de Clínicas para detallar la gravedad de la situación. El conflicto estalla a solo una semana de la Marcha Federal Universitaria, donde se espera un rechazo masivo al ajuste salarial y a la nueva normativa de financiamiento, en un clima social donde el 64,5% de los argentinos reprueba la gestión libertaria según sondeos recientes.
Puntos clave:
- El Gobierno afirma que transfirió 79 mil millones de pesos para hospitales universitarios en 2026.
- La UBA denuncia una deuda acumulada de 20.000 millones de pesos por falta de giros desde enero.
- Autoridades de la salud brindarán una conferencia de urgencia en el Hospital de Clínicas.
- El oficialismo presiona a los rectores del CIN para validar su postura sobre el reparto de fondos.
- El conflicto se enmarca en un ajuste general que ya afecta al transporte y los salarios docentes.
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