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Educación

Trotta dió detalles sobre la vuelta a clases en provincias y protocolos en todo el país

Tras acordar los protocolos sanitarios, las provincias ya están delineando el regreso a las aulas.

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Tras acordar los protocolos sanitarios, las provincias ya están delineando el regreso a las aulas, hay entre seis y siete provincias que en agosto podrían volver a las aulas. «La vuelta en el resto del territorio va a marcar la vuelta en la Ciudad (CABA)», afirmó el ministro, quien también manifestó su expectativa que «a fines de agosto principios de septiembre se pueda volver a clases presenciales».

Cómo en otras oportunidades Trotta afirmó «los primeros que van a volver son los que empiezan y terminan, y luego se irán dividiendo los grados para mantener el distanciamiento». Se priorizará la salud implementando medidas de higiene y desinfección, «aplicando los protocolos hay que disminuir el riesgo».

Pasada esta cuarentena estricta tendremos más certeza de los plazos

Las 24 jurisdicciones del país aprobaron esta semana los protocolos para la vuelta a las clases presenciales con un sistema «bimodal» que alternará la enseñanza presencial y a distancia y dos nuevos modelos de aula que plantearán la división de alumnos por grupos o el «aula burbuja» lo cual quiebra el formato tradicional vigente desde principios del siglo pasado y las autoridades provinciales anticipan cómo se aplicará en cada distrito.

El ministro de Educación de la Nación destacó las medidas que está implementando el Estado Nacional y señaló que por su parte se encuentra en permanente diálogo con los docentes para aliviar posibles tensiones. Dentro de las medidas que se están llevando a cabo para asegurar un retorno a las escuelas seguro resaltó la capacitación docente, la implementación de protocolos y el diálogo con los sindicatos.

Hasta que no tengamos la certeza que no ponemos en riesgo al docente ni a nuestros hijos no vamos a volver a las aulas

Por su parte, el ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, Matías Cánepa, aseguró que «este protocolo regirá en toda la Nación para una vuelta escalonada de clases presenciales que será reducida pero que permitirá mejorar los procesos de aprendizajes».

Cánepa formuló estas afirmaciones tras participar ayer de la 97 Asamblea del Consejo Federal de Educación (CFE), presidida por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta; y de la que formaron parte las 24 jurisdicciones, representantes de sindicatos docentes, legisladores nacionales y asesores.

Por otro lado en Tucumán, el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, destacó que desde su cartera se realiza un «trabajo mancomunado con el Ministerio de Salud para la planificación de las clases presenciales en la provincia cuando las condiciones sanitarias lo permitan».

El funcionario afirmó que si bien las medidas son tomadas a nivel nacional, «cada provincia puede adaptar las recomendaciones de acuerdo a la situación epidemiológica local» pero prefirió no dar una fecha sobre el posible regreso de los alumnos a las aulas.

En tanto desde San Luis,el ministro de Educación provincial, Andrés Dermechkoff, anticipó hoy que al finalizar las vacaciones de invierno se analizará el estatus sanitario de la provincia y se tomará la decisión sobre el reinicio de las clases presenciales.

Por eso, la cartera sanitaria recorrió las escuelas para intentar que estén en condiciones para el regreso: «Sabemos que la virtualidad la vamos a mantener, estamos en condiciones de decir cuáles serían los primeros cursos en volver, pero son factores que no podemos analizar hoy sino en agosto cuando terminen las vacaciones, previstas desde el 8 al 31 de julio», recordó el ministro.

Mientras que, en Río Negro, con respecto al protocolo aprobado, la ministra de Educación, Mercedes Jara Tracchia, dijo que «fue construido con mucho consenso».

Entre los requisitos, Tracchia mencionó que «la idea es que haya en las escuelas alcohol en gel, alcohol al 70% y que se puedan organizar los edificios con señalamientos que indiquen cómo utilizar los distintos espacios. A ello se agregan medidas de distanciamiento mínimo de 2 metros».

«Los docentes, deberán usar tapabocas y máscaras y, en función de esas condiciones, vamos a necesitar desde lo pedagógico hacer un reordenamiento, por lo que vamos a trabajar en grupos reducidos, con un esquema bimodal, donde articularemos entre la presencialidad y la virtualidad, entre otros aspectos», subrayó.

La ministra de Salud de Santa Fe, Adriana Cantero, aseguró hoy «que si la situación sanitaria es favorable las clases se reiniciarán entre agosto y septiembre».

Y, sobre el desplazamiento del personal docente y los alumnos, Cantero precisó «que en las grandes ciudades se tendrá en cuenta el horario pico del transporte público. Probablemente el horario de entrada sea entre las 8 y 8.30 para salir antes de lo que era habitual».

En Chubut, la ministra de Educación, Florencia Perata, confirmó a Télam que se está «trabajando para constituir un consejo asesor que tamice el protocolo de Nación para adaptarlo a nuestra provincia con tres representantes de educación, tres de salud y dos 2 del sindicalismo».

Perata se mostró de acuerdo con el principio de combinar la actividad presencial con la educación a distancia porque, según la ministra, «esto permitirá dos cosas: evitará el contacto con distancias de 2 metros y disminuirá el número de alumnos en cada aula».

En Mendoza, también el director General de Escuelas (DGE), José Thomas, señaló que «no hay fecha confirmada para la vuelta a clases» y explicó las medidas que se aplicaran bajo protocolo.

«Se estudió cómo preparar las escuelas; cómo garantizar la seguridad y la higiene mientras los chicos empiezan con alguna presencialidad escalonada», agregó.

Además, expresó que cuando reinicien las clases «será de los padres la decisión de mandar a sus hijos a la escuela de manera escalonada bajo un sistema bimodal presencial o no presencial de clases».

Por último, el presidente del Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos, Martín Müller, resaltó que está «muy satisfecho por el trabajo en conjunto» previo a la Asamblea del Consejo Federal de Educación nacional. A su vez, señaló que la vuelta a las aulas se dará «cuando las condiciones sanitarias y epidemiológicas lo permitan».

CABA

Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri

El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.

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El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.

Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.

Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.

El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.

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