Derribar aeronaves, hundir buques, bloquear fondos, restringir operaciones cambiarias y habilitar a las Fuerzas Armadas a intervenir en seguridad interior. Esas son algunas de las facultades que el Gobierno de Javier Milei pretende que la Cámara de Diputados apruebe en apenas una semana, envueltas en la causa más consensuada de la política argentina: la soberanía sobre las Islas Malvinas funciona como paraguas para un paquete que excede largamente el reclamo territorial.

El debate del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional comenzará este miércoles a las 12 en el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, que presiden los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán. La meta del oficialismo es emitir dictamen el martes 6 de octubre y llevar la iniciativa al recinto al día siguiente, en una sesión donde también se tratarán la discapacidad y el endeudamiento de las familias, dos temas que incomodan a la Casa Rosada y que llegaron a la agenda por presión opositora.

El apuro no es casual. Cuando envió el proyecto al Congreso, a mediados de septiembre, el propio Milei invitó mediante un comunicado de la Oficina del Presidente «a toda la dirigencia política a poner una pausa a otras discusiones» y reclamó «máxima prioridad y celeridad». Según fuentes parlamentarias, el oficialismo quiere tener la ley sancionada antes del 13 de octubre, cuando arrancará el debate del Presupuesto 2027, en pleno año de campaña.

Penas de hasta 20 años y juicio en ausencia

El proyecto deroga la Ley 26.659, sancionada en 2011, y endurece las penas hasta 20 años de prisión para quienes exploten, o cooperen en la explotación, de recursos naturales en Malvinas y en los espacios marítimos e insulares circundantes, con inhabilitación para operar en la Argentina. La prohibición ya no se limita a los hidrocarburos: alcanza a cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos renovables y no renovables.

Además crea un registro público de infractores, prohíbe al Estado y a los particulares contratar con las personas o empresas inscriptas e incorpora el juicio en ausencia para los delitos que tipifica. Hasta acá, el texto profundiza una política de sanciones que la Argentina aplica desde hace más de una década.

Un Consejo con superpoderes en manos del Presidente

El corazón político de la iniciativa está en otro lado. El proyecto crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. El organismo coordinará las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, e intervendrá en la protección de infraestructuras críticas.

Ante una amenaza que califique como «grave e inminente», el Consejo podrá restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente los derechos aduaneros. Como último recurso, y tras agotar un protocolo de actuación, queda autorizado el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles.

Se trata de facultades de excepción concentradas en un órgano que preside el mismo jefe de Estado que las activa. La amplitud de las atribuciones abre interrogantes evidentes sobre los mecanismos de control parlamentario y judicial, en un Gobierno que hizo del decreto y del veto su principal forma de gestión.

Fuerzas Armadas puertas adentro y el delito de «desinformar»

El proyecto también redefine las funciones de la Defensa Nacional y autoriza su intervención en seguridad interior ante amenazas externas, tanto estatales como no estatales. Es un giro de fondo respecto del consenso democrático que, a través de la Ley de Defensa Nacional y la Ley de Seguridad Interior, separó las tareas militares de las policiales desde el retorno de la democracia. La categoría de amenaza «no estatal» es lo suficientemente amplia como para que su interpretación quede en manos del poder político de turno.

A eso se suman nuevos delitos: la revelación de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, la colaboración con operaciones clandestinas de inteligencia y la realización, por cuenta propia o con financiamiento extranjero, de acciones destinadas a alterar procesos electorales o a manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, además de promover o financiar actos de violencia o sabotaje. El texto también prohíbe los aportes de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas.

La figura de la «desinformación» llega de la mano de un oficialismo que convirtió el ataque a periodistas críticos en práctica cotidiana. Quién define qué es desinformación y qué es crítica legítima es la pregunta que el proyecto deja abierta. Por último, la iniciativa eleva a rango de ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), con inmovilización de bienes y prohibición de operar para quienes figuren en él.

La deuda de las familias, la agenda que el oficialismo esquivó

Mientras el Gobierno acelera su agenda de seguridad, el martes está previsto que el plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia emita dictamen sobre el endeudamiento, en cumplimiento del emplazamiento votado en la sesión del 26 de agosto. El tema llegó a comisión contra la voluntad del oficialismo, empujado por una mayoría que el Gobierno no pudo contener.

Según trascendió, tras varias rondas de negociación Unión por la Patria cerró una propuesta interna y la compartió con el resto de los bloques: una ley de emergencia por 180 días, prorrogable por un período igual, que fija un tope a la tasa de interés nominal que cobran tarjetas y billeteras virtuales, pone límites a gastos y comisiones y habilita planes de refinanciación de hasta 36 meses según los montos adeudados.

Los 133 votos que respaldaron el emplazamiento reunieron al núcleo opositor (Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal) y también a sectores que suelen acompañar al Gobierno: Argentina Federal, que agrupa a legisladores de Misiones y Salta; Elijo Catamarca; Independencia, de Tucumán; y la diputada Karina Maureira, de La Neuquinidad. El Frente de Izquierda, Elijo Catamarca e Independencia no tienen vocales en esas comisiones, pero sus votos serán decisivos cuando el proyecto llegue al recinto.

La dimensión del problema explica esa transversalidad. De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaborado con datos del Banco Central, unas 5,8 millones de personas están en mora con bancos o billeteras virtuales, y la irregularidad de las familias con las billeteras llegó al 29,6% en mayo de 2026, un récord que superó el pico de la pandemia. El crédito dejó de financiar consumo para financiar la supervivencia de millones de hogares golpeados por el ajuste.

Un Senado quieto y las PASO como piedra en el zapato

En la Cámara alta, la actividad quedará frenada esta semana. El Senado sancionó la reforma del Banco Central, aunque con modificaciones, por lo que el proyecto deberá volver a Diputados, y aprobó el régimen de Zonas Frías. La gran deuda pendiente del oficialismo es la reforma electoral, paralizada porque sus propios aliados de la UCR, el PRO y distintos espacios provinciales rechazan eliminar o suspender las PASO para las presidenciales de 2027.

El cuadro legislativo expone una paradoja: el Gobierno reclama unidad nacional para darse poderes de excepción, pero no consigue que sus socios lo acompañen en las reglas del juego electoral. Y mientras tanto, la agenda que atraviesa la mesa de millones de familias avanza por impulso de la oposición, no del Ejecutivo.

Lo que tenés que saber:

• El oficialismo busca dictamen el 6 de octubre y sanción el 7 del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que reemplaza la Ley 26.659.
• La iniciativa fija penas de hasta 20 años por explotar recursos en Malvinas e incorpora el juicio en ausencia.
• Crea un Consejo de Seguridad Nacional presidido por Milei con facultades para bloquear fondos, restringir operaciones cambiarias y autorizar derribos como último recurso.
• Unión por la Patria propone una emergencia de 180 días con tope a las tasas de tarjetas y billeteras y refinanciación de hasta 36 meses.
• La reforma electoral sigue trabada en el Senado porque la UCR, el PRO y bloques provinciales rechazan eliminar las PASO.