El Estado nacional se desprende de dos de las usinas más importantes del sistema eléctrico argentino. Las termoeléctricas Manuel Belgrano, en Campana, y José de San Martín, en Timbúes, suman alrededor de 1.650 megavatios de ciclo combinado y abastecen los dos corredores de mayor demanda del país: el norte del AMBA y el Litoral. A partir de este lunes, las acciones que el Estado conserva en ellas, junto con las de la Central Guillermo Brown, quedaron formalmente a la venta.

La decisión quedó plasmada en el Decreto 1107/2026, publicado en el Boletín Oficial, que autoriza la segunda etapa de privatización de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) y dispone licitaciones públicas nacionales e internacionales para transferir la totalidad de sus participaciones accionarias en Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. (TMB), Termoeléctrica José de San Martín S.A. (TSM) y Central Termoeléctrica Guillermo Brown S.A. (CTGB). La norma se apoya en la declaración de ENARSA como empresa sujeta a privatización establecida por la Ley Bases (27.742), en la Ley de Reforma del Estado (23.696) y en los decretos reglamentarios 695/2024 y 286/2025.

Qué se vende y en qué condiciones

El decreto autoriza la venta del 65,01% del capital social de TMB y del 68,83% de TSM, es decir, todas las acciones que hoy pertenecen a ENARSA. En el caso de la Central Guillermo Brown, la licitación recién podrá convocarse una vez liquidado el fideicomiso que la financió y cuando ENARSA quede incorporada formalmente como accionista; el plazo de extinción de ese fideicomiso vence el 30 de septiembre de 2026. La Secretaría de Energía deberá intervenir, a través de los órganos societarios de la compañía, para completar ese trámite.

El resto del capital de las tres sociedades está en manos de las generadoras privadas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que integraron originariamente el fondo FONINVEMEM. El texto oficial excluye de manera expresa un Programa de Propiedad Participada para los trabajadores y descarta cualquier preferencia, pero ordena que los pliegos respeten los derechos de preferencia que los socios privados tienen en los estatutos de cada empresa. En otras palabras, los accionistas privados que ya están adentro tendrán una posición de ventaja para quedarse con la porción estatal.

El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación y trabajará junto con la Unidad Ejecutora Especial Temporaria «Agencia de Transformación de Empresas Públicas» en la confección de los pliegos y la ejecución de los llamados. El decreto no precisa todavía fechas de convocatoria, condiciones económicas ni requisitos para los oferentes.

Usinas que nacieron de una política de Estado

Las centrales que ahora se ofrecen al mercado no surgieron de la inversión privada. Fueron construidas bajo el FONINVEMEM, el programa impulsado en 2004 durante la presidencia de Néstor Kirchner, que transformó las acreencias que las generadoras tenían con el sistema eléctrico en nueva potencia de base. En abril de 2006 se firmaron los fideicomisos de las centrales Manuel Belgrano y Timbúes para administrar su financiamiento hasta la habilitación comercial y el recupero de las inversiones mediante contratos de abastecimiento con CAMMESA. El Estado aportó recursos propios para completar las obras y cerrar los ciclos combinados, en un esquema que también incluyó créditos de la ANSES y un recargo tarifario pagado por los usuarios.

En 2021, la participación estatal en ambas sociedades fue asignada a la entonces Integración Energética Argentina S.A., hoy ENARSA. El 1 de junio de 2026 se firmaron los convenios de extinción y transferencia de los fideicomisos, un paso previo indispensable para poner las acciones a la venta. Antes de eso, el oficialismo introdujo en la Ley de Presupuesto 2026 (27.778) un artículo que eximió del Impuesto a las Ganancias la transferencia de los activos desde los fideicomisos hacia las sociedades operadoras, al tratarla como una reorganización societaria y no como una venta gravada.

Los socios que ya están adentro

La cláusula que preserva los derechos de preferencia no es un tecnicismo. Según los propios estados contables de la compañía, difundidos por un portal especializado en política, Central Puerto, la empresa de Nicolás «Nicky» Caputo, es el principal accionista privado de ambas usinas, con el 10,8% de Manuel Belgrano y el 9,6% de San Martín, además de controlar la central Vuelta de Obligado, también en Timbúes. El mismo grupo que se benefició con la exención impositiva queda ahora en la primera fila para ampliar su control sobre las centrales. El proyecto de Presupuesto 2027 extiende ese tratamiento de reorganización a los fideicomisos de Guillermo Brown y Vuelta de Obligado.

Según estimaciones que circulan en el mercado, el paquete estatal de cada sociedad rondaría los US$300 millones. El ministro de Economía, Luis Caputo, incluyó ambas centrales en la lista de activos con los que el Tesoro aspira a reunir US$2.000 millones hacia fin de año, una meta de privatizaciones que se inscribe en los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. Según trascendió, para los primeros meses de 2027 el Palacio de Hacienda prevé avanzar también con la venta de Vuelta de Obligado.

Un desguace por etapas

Las termoeléctricas son la continuación de un recorrido que el Gobierno viene ejecutando pieza por pieza. La primera etapa del desarme de ENARSA incluyó la concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue, por la que el propio Gobierno informó un ingreso de US$700 millones, y la venta del 50% de Citelec, controlante de Transener, adjudicada al consorcio Genneia y Edison Energía por US$356.174.811. Detrás de ese consorcio aparecen el banquero Jorge Brito y los hermanos Neuss, señalados como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo. En paralelo, el Ejecutivo avanza con la venta del 90% de AySA.

La lógica se repite: infraestructura que el Estado financió, construyó y sostuvo durante años pasa a manos de grupos privados con vínculos estrechos con el poder, mientras la recaudación se destina a cumplir metas fiscales pactadas con el FMI. El Estado resigna así su capacidad de intervenir en la generación eléctrica de los corredores que concentran la mayor parte de la actividad industrial del país, y con ello una herramienta central de la soberanía energética. Todo esto ocurre, además, por decreto y sin que el Congreso discuta cada una de las operaciones.

Lo que tenés que saber:

• El Decreto 1107/2026 autorizó la venta del 65,01% de Termoeléctrica Manuel Belgrano y del 68,83% de Termoeléctrica José de San Martín, en manos de ENARSA.
• La participación en la Central Guillermo Brown se licitará después de liquidado su fideicomiso, cuyo plazo de extinción vence el 30 de septiembre de 2026.
• No habrá Programa de Propiedad Participada para los trabajadores, pero los pliegos deberán respetar los derechos de preferencia de los socios privados.
• Las centrales fueron construidas bajo el FONINVEMEM, el programa lanzado en 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner.
• Central Puerto, de Nicolás Caputo, es el principal accionista privado de ambas usinas.