Once años más de negocio asegurado y la posibilidad de estirarlo hasta 2056. Ese es el premio que el Gobierno de Javier Milei le otorgó a la concesionaria que controla el 90% del tráfico aéreo del país, propiedad del grupo empresario que durante años fue el empleador del propio Presidente. Por las terminales que opera Aeropuertos Argentina pasan cada año unos 43 millones de pasajeros, y ahora ese flujo seguirá en manos privadas por casi un cuarto de siglo más.

La extensión quedó oficializada este lunes mediante la Decisión Administrativa 27/2026, publicada en el Boletín Oficial, que aprueba la readecuación del contrato de concesión del Grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos. Se trata de 35 terminales, entre ellas Ezeiza, Aeroparque y Córdoba, administradas por Aeropuertos Argentina, empresa controlada por Corporación América, el holding de Eduardo Eurnekian. El plazo, que vencía el 13 de febrero de 2038, pasa ahora al 13 de febrero de 2049.

La pandemia, el argumento que sirve dos veces

El fundamento oficial del acuerdo vuelve a ser el mismo que en 2020. Según el texto de la norma, las partes coincidieron en que la pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno de entonces provocaron un desequilibrio real y extraordinario en la ecuación económica del contrato, que exigía un esfuerzo compartido. El problema es que ese mismo desequilibrio ya había sido compensado una vez.

Durante la gestión de Alberto Fernández, con el transporte aéreo paralizado, la entonces Aeropuertos Argentina 2000 obtuvo una prórroga de diez años, hasta 2038, a cambio de inversiones por US$ 606 millones. Esas obras, ejecutadas entre 2021 y 2026 en Aeroparque, Ezeiza y aeropuertos del interior como Tucumán y Formosa, habrían quedado prácticamente completadas este año. Con la nueva extensión, la crisis sanitaria termina por justificar veintiún años adicionales de concesión para el mismo operador.

La ambición inicial de la empresa era todavía mayor. Según informó el propio Gobierno, la compañía pretendía una extensión de 30 años prorrogable por otros 10, lo que habría llevado el contrato hasta 2078. Los análisis técnicos, económicos y financieros del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) redujeron ese horizonte a 2049. Se trata del mismo organismo que este año atravesó el escándalo de corrupción que llevó a prisión a su extitular, Facundo Leal.

Los US$ 600 millones y la letra chica

Como contraparte, Aeropuertos Argentina asumió un programa de inversiones por US$ 600 millones, IVA incluido, que se suma a los US$ 606 millones del acuerdo anterior. La empresa deberá acreditar antes del 30 de junio de 2027 que cuenta con los fondos, créditos o compromisos financieros para afrontarlo, y al menos el 75% de las obras tendrá que estar terminado antes del 31 de diciembre de 2031.

Esos recursos no saldrán del fondo fiduciario que se alimenta con el canon que la concesionaria paga al Estado, equivalente al 15% de sus ingresos totales por tasas aeroportuarias, alquileres comerciales, estacionamientos y otros servicios. Serán afrontados directamente por la compañía. Sin embargo, el acuerdo no incluye un listado detallado de las obras comprometidas. Según trascendió en el sector, una de las iniciativas con más chances de concretarse es una nueva terminal internacional de arribos en Ezeiza, aunque ese punto no figura como obligación específica.

Los siete años que separan 2049 de 2056 no son automáticos: quedan atados a la inversión adicional y a su amortización, y dependen de que la empresa cumpla las condiciones económicas y de ejecución de obras que fija la Decisión Administrativa.

Rentabilidad garantizada y reclamos cerrados

El corazón económico del acuerdo es la Tasa Interna de Retorno. De acuerdo con fuentes vinculadas a la negociación, el entendimiento fija para la concesionaria una TIR del 14,3%, por debajo del 17% que pretendía la empresa. En agosto, cuando las conversaciones estaban trabadas, desde el oficialismo habían calificado de exorbitante la tasa del 16,45% que regía entonces. La rebaja existe, pero lo que queda es una rentabilidad pactada de dos dígitos sobre un servicio público estratégico, en un país donde el mismo Gobierno aplica un ajuste feroz sobre salarios, jubilaciones y programas sociales.

El Ejecutivo rechazó incluir en el convenio los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los pedidos de la compañía. A la vez, el acuerdo contempla el cierre de los reclamos y disputas pendientes entre el Estado y la operadora. Según la versión oficial, la extensión de plazo se eligió para recomponer la ecuación del contrato sin aumentar tarifas ni limitar inversiones, dos alternativas que habrían impactado sobre los usuarios.

El ex empleado y el ex patrón

La relación entre Milei y Eurnekian atraviesa toda la negociación. El Presidente trabajó como economista jefe de Corporación América antes de llegar a la política, y por esos vínculos profesionales se apartó formalmente de las decisiones vinculadas con la concesionaria, sus accionistas y sociedades relacionadas. La excusación busca blindar la imparcialidad del acuerdo, pero no borra que el principal beneficiario de la renegociación es el grupo empresario que catapultó la figura pública del actual Presidente.

Aeropuertos Argentina, que emplea a unas 2.100 personas, no es el único actor del sistema. London Supply, de la familia Taratuty, mantiene las concesiones de los aeropuertos internacionales de Ushuaia, Trelew y El Calafate. Pero con este acuerdo, el grueso de la infraestructura aeroportuaria del país, la puerta de entrada de millones de viajeros y un recurso estratégico para la soberanía y la conectividad federal, queda comprometido en manos privadas hasta mediados de este siglo.

Lo que tenés que saber

• La Decisión Administrativa 27/2026 extendió la concesión de 35 aeropuertos de 2038 a 2049, con posible prórroga condicionada hasta 2056.
• Aeropuertos Argentina, de Corporación América (Eduardo Eurnekian), deberá invertir US$ 600 millones, con el 75% de las obras terminadas antes de fines de 2031.
• El acuerdo fija una Tasa Interna de Retorno del 14,3% para la concesionaria, que pretendía cerca del 17%.
• Es la segunda extensión justificada por la pandemia: en 2020 ya se había prorrogado el contrato por diez años a cambio de US$ 606 millones en obras.
• Milei, ex economista jefe de Corporación América, se apartó formalmente de las decisiones vinculadas con la empresa.