Educación
Sobreseyeron al adolescente que mató a un chico de 13 años en colegio de San Cristóbal
El juez José Boaglio sobreseyó a Gino C., de 15 años, acusado de matar a Ian Cabrera, de 13, en una escuela de Santa Fe. Seguirá institucionalizado y bajo seguimiento, mientras la nueva ley penal juvenil, que Bullrich celebró con un “se terminó la impunidad”, no alcanza a su caso.
El adolescente que mató a un compañero de 13 años e hirió a otros ocho alumnos en una escuela de San Cristóbal no será juzgado. La Justicia lo sobreseyó porque el hecho ocurrió antes de que entrara en vigencia la baja de la edad de imputabilidad.
El juez de Menores José Boaglio sobreseyó a Gino C., de 15 años, acusado del crimen de Ian Cabrera, de 13, ocurrido el 30 de marzo en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, provincia de Santa Fe. La defensa, a cargo de los abogados Mariana Oroño y Federico Kiener, había solicitado que fuera declarado no punible por haber cometido el hecho a los 15 años. El magistrado resolvió que el ataque ocurrió antes de que entrara en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Sobreseído, pero con la autoría atribuida
La resolución no le quita al adolescente la responsabilidad sobre la autoría: se le atribuyó formalmente el hecho, pero no puede ser juzgado ni condenado por su edad. Sobreseer no equivale a cerrar el caso sin consecuencias. Según trascendió, Gino C. continuará institucionalizado y con medidas de seguimiento.
Esas medidas no son nuevas. La Justicia de Menores las dispuso el 3 de abril, a pocos días del ataque, y luego las prorrogó por 90 días, con alojamiento en un instituto de la ciudad de Santa Fe, régimen de libertad vigilada y acompañamiento psicológico, tras analizar informes interdisciplinarios sobre su evolución. En la audiencia de atribución de cargos de julio, los fiscales del Ministerio Público de la Acusación Carlos Vottero y Luis Schiappa Pietra dijeron que no tenían pretensión punitiva porque el adolescente es no punible ante la ley.
Una ley promulgada antes del ataque, pero todavía sin vigencia
El nuevo Régimen Penal Juvenil, la Ley 27.801, fue aprobado por el Senado el 27 de febrero, con 44 votos afirmativos y 27 negativos, y promulgado por el Gobierno de Javier Milei mediante el Decreto 138/2026, con vigencia a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial. Cuando ocurrió el ataque, el 30 de marzo, la norma ya estaba promulgada, pero todavía no regía.
La ley entró en vigencia el 5 de septiembre. Desde esa fecha, los adolescentes de 14 y 15 años pueden ser imputados por delitos, con penas de hasta 15 años. El oficialismo había impulsado originalmente una edad de imputabilidad de 13 años y aceptó subirla a 14 en la negociación con los bloques dialoguistas.
Ese día, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, escribió en su cuenta de la red social X: “Desde hoy no importa la edad: si delinquis, las pagás”. La promesa de que la edad ya no importa no alcanzó al adolescente de San Cristóbal, que cometió el hecho cuando la ley todavía no regía.
Lo que el expediente muestra más allá de la edad
El debate sobre la imputabilidad suele plantearse como una opción entre castigo e impunidad. El caso de San Cristóbal muestra un escenario más complejo: el adolescente estuvo bajo control judicial desde los primeros días, alojado en un instituto y con seguimiento interdisciplinario, aun sin posibilidad de juicio.
Las autoridades nacionales comunicaron, tras el ataque, que se detectó en el país la presencia de culturas subdigitales ligadas a conductas violentas, que no están relacionadas con el bullying, e indicaron que el hecho de San Cristóbal se vincula con el grupo denominado True Crime Community (TCC). Los fiscales, por su parte, apuntaron a una planificación atravesada por vínculos en redes sociales.
Un diagnóstico que habla de redes, subculturas y planificación previa remite a la prevención, un terreno al que una pena más severa llega siempre después del hecho.
Un segundo adolescente, imputado y en libertad
En la causa hay un segundo adolescente, de 16 años, que sí era punible bajo el régimen anterior y fue imputado como partícipe secundario del homicidio de Ian Cabrera y de dos tentativas de homicidio. Según los fiscales, habría tenido un rol activo antes del ataque. El juez de Cámara Matías Drivet revocó su prisión preventiva el 14 de mayo y ordenó su liberación con condiciones: debe fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe, tiene prohibido usar redes sociales y no puede ingresar a San Cristóbal. La imputación se mantiene.
Lo que tenés que saber
- El juez de Menores José Boaglio sobreseyó a Gino C., de 15 años, acusado del crimen de Ian Cabrera, de 13.
- El sobreseimiento se dictó porque el hecho ocurrió antes de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil.
- Se le atribuyó formalmente el hecho, pero no puede ser juzgado ni condenado por su edad.
- Según trascendió, seguirá institucionalizado y con medidas de seguimiento.
- La Ley 27.801 rige desde el 5 de septiembre y baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Educación
CONADU Histórica inicia un paro de una semana por la ley de financiamiento, días después del Papa
La federación docente realiza un paro hasta el miércoles 18 y reclama el cumplimiento de la ley, la deuda salarial y un Presupuesto 2027 que la respete. El oficialismo busca llevar ese proyecto al recinto de Diputados el 18 o el 25 de noviembre.
La CONADU Histórica inició este jueves un paro nacional de una semana en las universidades públicas, que se extenderá hasta el miércoles 18 de noviembre. La federación reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago de la deuda salarial que, según denuncia, el Estado nacional mantiene con la docencia universitaria y preuniversitaria, y un Presupuesto 2027 que respete esa norma. La medida llega cuatro días después del discurso de León XIV en el Palacio Libertad, que pidió robustecer la universidad.
La decisión se tomó el viernes 6 de noviembre, en un Congreso Extraordinario con 81 representantes de asociaciones de base, que aprobaron la semana de paro por amplia mayoría. La Asociación Gremial Docente de la UBA remarcó que el proyecto de presupuesto del año próximo debe respetar lo que establece la ley.
El Congreso también resolvió, por unanimidad, una huelga de 24 horas el día en que se trate el Presupuesto 2027 en el Parlamento. Además, pondrá en consulta nacional la posibilidad de afectar los exámenes de diciembre y debatirá medidas para el inicio del ciclo 2027 si el Gobierno sigue sin aplicar la ley. El personal nodocente de la FATUN suma paros de 24 horas este jueves y el lunes 16, en el mismo reclamo.
El oficialismo busca firmar el dictamen del Presupuesto 2027 y llevarlo al recinto de Diputados el 18 o el 25 de noviembre, según se informó. Esta tarde se reúne con los bloques aliados, que reclaman cambios; el radicalismo insistirá con el financiamiento universitario. Si el debate fuera el 18, coincidiría con el último día de la semana de paro.
La ley, el veto y la Justicia
La Ley 27.795 fue ratificada por amplias mayorías en el Congreso después del veto presidencial. El Poder Ejecutivo la promulgó con el Decreto 759/2025, pero condicionó su aplicación a que se definieran las fuentes de financiamiento y las partidas presupuestarias. El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional esa cláusula y ordenó cumplir la norma. El Gobierno apeló y, el 9 de octubre, el magistrado concedió el recurso: ahora decide la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Según esa resolución, seguía vigente la cautelar que ordena recomponer salarios docentes y becas. La CONADU Histórica sostiene que el Gobierno la continúa incumpliendo.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostiene que el Gobierno incumple. En un documento que su presidente, Franco Bartolacci, entregó al Papa en Roma el 23 de octubre, afirmó que el Ejecutivo “desconoce los otros dos poderes de la República” al ignorar la ley y desoír los fallos que ordenan su cumplimiento inmediato. El conflicto tuvo su expresión callejera en la quinta Marcha Federal Universitaria, el 15 de octubre, frente al Congreso.
El Presupuesto 2027 y los salarios
El CIN pidió 11 billones de pesos para 2027, un 33% más que lo previsto en el proyecto del Poder Ejecutivo. Bartolacci, que además es rector de la Universidad Nacional de Rosario, advirtió ante los legisladores: “Si no logramos modificaciones razonables al proyecto de presupuesto presentado por el gobierno nacional, va a ser realmente muy difícil que las universidades abramos nuestras puertas el año que viene, ni más ni menos que eso”. Su vicepresidente, Anselmo Torres, agregó: “Ni siquiera alcanzaría para los salarios”.
En una entrevista reciente, Bartolacci situó el reclamo salarial en el centro del conflicto. Dijo que alrededor del 70% de los trabajadores docentes y nodocentes de la educación superior cobra menos de 850.000 pesos mensuales. “Eso te provoca muchas cosas: renuncias, perdés recursos humanos muy valiosos (…). Cuando no tenés renuncia, tenés cada vez más extendido el pluriempleo, porque ante la dificultad salarial, para poder vivir incorporan otros trabajos”, explicó. Y sumó: “Mucho cansancio, malestar en la comunidad, por la situación salarial por supuesto, pero también por el destrato y la desconsideración del gobierno nacional”.
El mensaje del Papa y la discusión en el Congreso
El domingo 8 de noviembre, en su primer discurso ante las autoridades, en el Palacio Libertad, León XIV dijo: “Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños”. Y agregó: “Crear las condiciones para que puedan proyectar libremente su vida en Argentina exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación”. El texto no menciona la ley, el presupuesto ni los salarios universitarios.
Bartolacci participó el lunes 9 del encuentro del Papa con instituciones y el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. “Está muy bien aplaudir efusivamente un mensaje cargado de afirmaciones trascendentes sobre casi todos los temas importantes que enfrenta el país. Pero valorar el mensaje exige algo más: escucharlo más atentamente y hacerlo carne en nuestras prácticas cotidianas”, señaló. En el Congreso, el diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, reclamó: “Que haya partidas para educación, que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario”.
Lo que tenés que saber:
- La CONADU Histórica paró desde este jueves y hasta el miércoles 18 de noviembre, por una resolución del Congreso Extraordinario del 6 de noviembre.
- Reclama que se cumpla la Ley 27.795, el pago de la deuda salarial y un Presupuesto 2027 acorde a esa norma.
- Habrá otra huelga de 24 horas el día en que el Congreso trate el Presupuesto; el oficialismo apunta al 18 o al 25 de noviembre. Los exámenes de diciembre quedaron en consulta.
- La Justicia declaró inconstitucional la cláusula que condicionaba la ley; el Gobierno apeló y la Cámara decide.
- El CIN pidió 11 billones para 2027, un 33% más que el proyecto oficial, y Bartolacci advirtió que sin cambios será muy difícil abrir las universidades.
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