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Política 📢

El Gobierno impulsa “El Digesto” del Estado: más motosierra, recentralización y ajuste

La administración de Javier Milei prepara una batería de decretos que reestructurará organismos públicos, eliminará normas vigentes y profundizará el recorte de personal y funciones. El plan, bautizado “El Digesto”, estará a cargo de Federico Sturzenegger y será presentado en medio de la campaña electoral de Manuel Adorni.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni-Javier Milei.

Una reforma estructural bajo el sello de Sturzenegger

El Gobierno de Javier Milei avanza en un nuevo capítulo de su política de ajuste y achicamiento estatal. Federico Sturzenegger, ministro de Transformación y Desregulación del Estado, encabezó el diseño de un paquete de decretos que, bajo el nombre de “El Digesto”, buscará “depurar” el entramado normativo argentino y recentralizar estructuras públicas.

Según anticipó Sturzenegger en declaraciones a La Nación +, el proyecto apunta a revisar 700.000 decretos y 220.000 resoluciones, de las cuales apenas un 10% está digitalizado. “El objetivo que tenemos para fin de año es hacer una limpieza muy fuerte, que los argentinos sepan cuáles son las reglas que tenemos”, afirmó el funcionario, quien ya había impulsado políticas de liberalización durante su paso por el Banco Central en el gobierno de Mauricio Macri.

La presentación formal de esta iniciativa quedó en manos del vocero presidencial Manuel Adorni, suspendido de sus conferencias de prensa habituales desde abril pero reactivado ahora en el marco de su precandidatura a legislador porteño.

Qué busca eliminar el Digesto: organismos y derechos en la mira

El propio Milei reforzó el discurso oficial al describir el plan como “el shock regulatorio más grande de la historia de la humanidad”. En la práctica, implica la derogación de decretos, circulares, normas menores y, sobre todo, una revisión de organismos estatales descentralizados.

“El kirchnerismo generó organismos descentralizados que tienen la capacidad de cobrar y autofinanciarse, para eso inventaron trámites”, cuestionó Sturzenegger. A partir de esta crítica, el gobierno apunta a centralizar funciones bajo ministerios tradicionales, disolver áreas especializadas y suprimir estructuras de personal.

En términos concretos, la «refuncionalización» amenaza programas sociales, culturales, educativos y científicos que se sostienen a través de entes descentralizados, cuya autonomía resulta clave para evitar la discrecionalidad política.

Un ajuste enmascarado en tecnicismos

Aunque el Ejecutivo presenta esta iniciativa como una modernización administrativa, el trasfondo responde a un proceso de ajuste más profundo. Desde el arranque de su gestión, Milei impulsó recortes masivos en organismos como el CONICET, el INCAA y la Secretaría de Agricultura Familiar, entre otros, reduciendo miles de puestos de trabajo.

De acuerdo con un informe de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ya se contabilizan más de 16.000 despidos en el sector público en lo que va de 2025, a los que podrían sumarse nuevas cesantías a partir de esta reestructuración.

Organismos internacionales como la OIT (Organización Internacional del Trabajo) advirtieron sobre el impacto de los despidos masivos en la calidad de los servicios públicos y en el respeto de los derechos laborales básicos.

Campaña electoral y concentración de poder

El regreso de Manuel Adorni a escena, en plena campaña electoral, pone de relieve otra dimensión política del anuncio: la utilización de la gestión pública como plataforma electoralista. La «limpieza de normas» será presentada en paralelo al discurso de «eficiencia y austeridad» que Milei intenta instalar de cara a las elecciones legislativas de 2025.

Al concentrar funciones estatales y reducir instancias de control autónomo, la administración libertaria refuerza un modelo de gobernabilidad verticalista, dependiente casi exclusivamente del Ejecutivo, en desmedro de la participación democrática y la pluralidad institucional.

Puntos clave:

  • El Gobierno de Milei lanzará “El Digesto”, una revisión masiva de normas y decretos.
  • Federico Sturzenegger lidera el proyecto, que apunta a eliminar organismos descentralizados.
  • La medida implicará más despidos y recentralización de funciones estatales.
  • Manuel Adorni será el encargado de anunciar la iniciativa, en plena campaña electoral.
  • Organismos internacionales alertan sobre el deterioro de los derechos laborales y la calidad de los servicios públicos.

Cultura

Más destrucción de Milei: buscan derogar la Ley que protege a las librerías

Un anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado propone eliminar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera. Libreros, editoriales y entidades del sector alertaron que la medida favorecería la concentración del mercado, pondría en riesgo a las librerías independientes y afectaría la bibliodiversidad en la Argentina.

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El Gobierno nacional impulsa un anteproyecto para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y la iniciativa encendió las alarmas en toda la cadena del libro. Desde editoriales, librerías independientes y cámaras del sector advirtieron que la eliminación de la norma favorecería la concentración del mercado, reduciría la oferta editorial y pondría en riesgo cientos de comercios dedicados a la venta de libros en todo el país.

La iniciativa fue elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, y apunta a eliminar una legislación vigente desde hace más de dos décadas que establece el precio único de venta al público para los libros.

Qué establece la Ley de Defensa de la Actividad Librera

La Ley 25.542, sancionada en 2001 y vigente desde 2002, obliga a que cada libro tenga el mismo precio de venta en cualquier librería del país, independientemente del canal comercial donde se adquiera.

La norma contempla excepciones para determinadas operaciones, como descuentos de hasta el 10% durante ferias del libro o ventas a bibliotecas e instituciones culturales, y rebajas de hasta el 50% para compras destinadas a programas públicos de distribución gratuita. También excluye a libros usados, de colección, artesanales, descatalogados o importados a precio de saldo.

El objetivo de la ley fue evitar que grandes cadenas comerciales o plataformas con mayor poder económico utilicen los libros como producto de atracción mediante descuentos imposibles de igualar para las librerías independientes.

El sector advirtió por el impacto de la derogación

La posible eliminación de la norma recibió un amplio rechazo de las principales entidades vinculadas al mundo editorial.

Desde la Cámara Argentina del Libro (CAL) sostuvieron que el precio único «es la herramienta fundamental para proteger a las librerías independientes y a las editoriales pymes frente a la concentración del mercado», además de garantizar el acceso federal a la lectura y preservar la bibliodiversidad.

En la misma línea, la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI) consideró que la iniciativa constituye «un ataque contra la cultura» y remarcó que cada librería representa un espacio de encuentro, promoción de nuevos autores y desarrollo de la industria editorial.

La Fundación El Libro, organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, también expresó su preocupación y afirmó que la legislación permitió sostener durante más de veinte años una amplia red de librerías independientes en todo el territorio nacional, reconocida internacionalmente por su diversidad y alcance.

Advierten por el futuro de las librerías de barrio

Libreros de distintas provincias coincidieron en que la derogación pondría en desventaja a los comercios independientes frente a las grandes cadenas y plataformas de venta online.

María Eugenia Ajamil, responsable de Boutique del Libro de Ushuaia, sostuvo que la normativa permitió que libros de editoriales pequeñas llegaran a todos los rincones del país y alertó que, sin esa protección, «solo sobrevivirán los títulos más rentables».

En el mismo sentido, Giselle Ale, titular de Fray Mocho y Libros de la Arena, de Mar del Plata, recordó que la ley «no le cuesta un peso al Estado» y aseguró que garantiza condiciones equitativas de competencia entre librerías independientes, cadenas comerciales y plataformas digitales.

Desde el sector también remarcaron que la experiencia internacional muestra que, en los países donde se eliminó el precio único del libro, desaparecieron numerosas librerías independientes y el mercado quedó concentrado en pocos actores, con una oferta editorial más reducida y menos espacio para autores emergentes y editoriales de menor escala.

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