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La Iglesia exige al Gobierno distribuir las 5 mil toneladas de alimentos retenidos

El pedido lo hizo el obispo Oscar Ojea, sostuvo que “en un tiempo de crisis alimentaria esto debe llamarnos a la reflexión”. El argumento oficial es que la comida está reservada para emergencias.

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El Argentino diario-Obispo Oscar Ojea.

La Iglesia, a través del obispo Oscar Ojea, presidente de la Confederación Episcopal Argentina, exigió al Gobierno que distribuya cinco mil toneladas de alimentos retenidos en depósitos del Ministerio de Desarrollo Social (ahora Capital Humano) desde diciembre.

Ojea señaló en un video difundido por redes sociales: “Nos hemos enterado sobre la existencia de dos depósitos en el Ministerio de Desarrollo Social que tienen cinco mil toneladas de alimentos guardados”. Agregó que “en un tiempo de emergencia alimentaria esto debe llamarnos a la reflexión”. El obispo insistió en que el gobierno debe distribuir estos alimentos “rápidamente”.

Emergencia Alimentaria y Respuestas del Gobierno

El gobierno argumentó que los alimentos están reservados para emergencias. Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Adolescencia, sostuvo que los alimentos permanecen sin distribuir desde diciembre porque están guardados “para situaciones de emergencia”. Sin embargo, Ojea replicó que el país está en una «emergencia» alimentaria, indicando que la situación actual justifica la distribución inmediata.

Situación Crítica en Almacenes

El ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, admitió recientemente que nunca distribuyó miles de kilos de leche en polvo, harina, aceite, yerba, puré de tomate y otros alimentos comprados por la gestión anterior. Estos alimentos están almacenados en dos galpones, uno en Caba y otro en Tucumán. Además de no distribuir los alimentos en medio de una crisis comparable a la de 2001, estos productos tienen fechas de vencimiento, lo que agrava la situación.

Desde que se conoció el tema, el gobierno libertario se vio obligado a dar explicaciones. Inicialmente, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo: “por supuesto que los alimentos se van a repartir, es una obviedad, van a llegar a la gente que le tiene que llegar”. Más tarde, Milei aseguró que los alimentos “sí se están repartiendo, pero hay gente que curra”. Finalmente, De la Torre afirmó que los alimentos son para “situaciones de catástrofe”.

Datos del Observatorio de la Deuda Social

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, confirmó que la indigencia en el país se agravó abruptamente, afectando al 18% de la población, el doble de lo registrado hace un año. Este porcentaje está muy por encima de la media, que tiende a estar por debajo del 10%. Comparado con los gobiernos de Macri y Cristina, cuando la indigencia estaba debajo del 6%, la situación actual es crítica.

En abril, el costo de una canasta alimentaria imprescindible para un adulto fue de 121 mil pesos. Una familia de dos adultos y dos niños necesitó ingresos por 373 mil pesos para poder comer.

Reacciones y Movilizaciones

La decisión de no entregar alimentos a los comedores es parte de una estrategia política del gobierno libertario para debilitar a los movimientos sociales. Federico Sturzenegger, asesor presidencial, postula que un gobierno liberal debe “empobrecer a los grupos de interés” para “cambiar el statu quo”. Este enfoque explica la postura del ministerio de Capital Humano, que se mantiene intransigente ante los reclamos de distribución de alimentos a las organizaciones sociales.

Pettovello firmó convenios de asistencia alimentaria con Aciera, el sector más conservador de la iglesia evangelista, y renovó acuerdos con Cáritas. Sin embargo, los datos de ejecución del presupuesto muestran una reducción del 45% en el gasto destinado a comedores.

Denuncias y Demandas Judiciales

Juan Grabois, dirigente social, inició junto con el Cels una demanda judicial para que el gobierno restablezca el envío de alimentos a los comedores. Respondió al argumento gubernamental de que la mitad de los comedores no existen, señalando que “es falso que auditaron los comedores que reciben alimentos del Estado: auditaron comedores que se inscribieron durante la pandemia”. Grabois agregó que encontraron “decenas de casos” en los que el ministerio “mintió impune y groseramente”.

Grabois también cuestionó la afirmación de que los alimentos están guardados para catástrofes: “¿Acaso el temporal de Bahía Blanca del 16 de diciembre no fue catástrofe suficiente para entregar los alimentos?”, preguntó.

Próximas Movilizaciones

Las organizaciones sociales evalúan la posibilidad de que el depósito de alimentos en Caba sea el escenario de su próxima movilización. La discusión pública sobre la asistencia alimentaria continuará en las calles en los próximos días.

Puntos Destacados

  • La Iglesia exige al gobierno distribuir cinco mil toneladas de alimentos retenidos.
  • El obispo Oscar Ojea argumentó que el país está en una «emergencia» alimentaria.
  • Los alimentos están almacenados desde diciembre en depósitos de Caba y Tucumán.
  • El gobierno sostiene que los alimentos están reservados para emergencias.
  • La indigencia afecta al 18% de la población, el doble de lo registrado hace un año.
  • La reducción del 45% en el gasto destinado a comedores ha generado protestas.
  • Juan Grabois y el Cels demandaron judicialmente al gobierno para restablecer el envío de alimentos.

Seguridad 🚨

Santa Fe les cobra a los padres de los amenazadores: “Cara la jodita”, la reacción ante la boleta de $6 millones

La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.

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Santa Fe entregó la primera multa a padres por amenazas escolares: más de $6 millones

★ El gobierno de Santa Fe concretó la primera notificación de cobro a los responsables de amenazas escolares en la provincia: los padres de un menor identificado como autor de una intimidación recibieron una boleta por $6.024.944. La reacción del adulto notificado no tardó en circular: «Cara la jodita», dijo al recibir el documento, en una frase que el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se encargó de difundir en su conferencia de prensa.

La primera notificación y sus alcances

El operativo de notificación fue realizado este lunes por la Policía de la Provincia de Santa Fe en la ciudad capital. El ministerio de Justicia y Seguridad provincial notificó a ambos progenitores del menor identificado como autor de una de las amenazas a escuelas, en carácter de responsables solidarios del gasto operativo.

La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.

La maquinaria ya tiene 58 casos identificados

Cococcioni precisó que a la fecha ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica a más de 70 personas involucradas, dado que varios casos cuentan con más de un autor o más de un adulto responsable.

«A medida que la Fiscalía valida las identidades, sean mayores o menores, punibles o no, se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones», explicó el ministro.

El mecanismo no distingue entre imputables e inimputables: lo que se cobra es el costo del operativo de seguridad desplegado por la amenaza, no una sanción penal directa sobre el menor. La obligación recae sobre los adultos responsables, independientemente de la situación legal del alumno.

Una medida en medio de una crisis nacional

Como informó este medio en coberturas anteriores, la ola de amenazas escolares sacudió al país en las últimas semanas, extendiéndose a al menos doce provincias con mensajes de formato casi idéntico: «Mañana tiroteo, no vengan».

El fenómeno se disparó tras el crimen de Ian Cabrera, el estudiante asesinado el 30 de marzo de 2026 en San Cristóbal, Santa Fe, en un hecho que conmocionó a la sociedad argentina y reabrió el debate sobre la violencia escolar y la imputabilidad de menores.

La True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que exalta las masacres escolares, fue señalada por la justicia santafesina y la Subsecretaría de Asuntos sobre el Terrorismo Internacional (SAIT) como uno de los vectores de propagación del fenómeno.

Frente a la crisis, las respuestas de los distintos gobiernos provinciales fueron dispares: desde reuniones interministeriales sin resultados concretos hasta operativos de allanamiento con adolescentes imputados. Santa Fe optó por una vía que combina la presión económica sobre los adultos responsables con la acción judicial sobre los menores identificados.

El debate de fondo que la boleta no resuelve

El gobierno santafesino presenta la medida como un efecto disuasorio. Sin embargo, el instrumento no apunta a las causas estructurales del fenómeno: la fragilidad de los entornos digitales que amplifican este tipo de conductas, la ausencia de programas de contención en las escuelas o la demora en la implementación efectiva de la Ley 27.801, que modificó el régimen penal juvenil pero cuya entrada en vigor plena aún está sujeta a un período de adecuación institucional de 180 días.

La frase del padre notificado, «cara la jodita», condensa en tres palabras lo que el Estado santafesino quiere transmitir: que las amenazas tienen un costo real y mensurable. Lo que resta ver es si ese costo alcanza para modificar conductas en un fenómeno que excede ampliamente el bolsillo familiar.

Puntos clave:

  • El gobierno de Santa Fe entregó la primera notificación de cobro a padres de un menor responsable de una amenaza escolar, por un monto de $6.024.944.
  • La notificación otorga un plazo de cinco días para abonar; vencido ese término, el caso pasa a la Fiscalía de Estado.
  • El ministerio identificó a responsables en 58 hechos, con más de 70 personas involucradas en total.
  • La medida impone la obligación de pago sobre los adultos como responsables solidarios, independientemente de la situación penal del menor.
  • El fenómeno de amenazas escolares se inscribe en una crisis nacional vinculada al crimen de Ian Cabrera y a la proliferación de la True Crime Community en entornos digitales.
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