La Secretaría Nacional de Discapacidad tiene nuevo conductor. El Gobierno nacional designó este martes a Pablo Di Liscia al frente del organismo con una misión declarada: profundizar la auditoría sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral para identificar y dar de baja aquellos beneficios que fueron otorgados sin que sus titulares cumplan con los requisitos de vulnerabilidad y estado de salud exigidos.

Di Liscia reemplaza a Alejandro Vilches en un organismo que, en los últimos meses, atravesó uno de los momentos de mayor exposición pública de su historia reciente, en el marco del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se investigan nombramientos irregulares y presuntos desvíos de fondos. El nuevo secretario llega desde el sector privado y con antecedentes en la gestión pública bonaerense y porteña.

Un perfil técnico con paso por IOMA y el GCBA

Según informó Presidencia, Di Liscia presidió el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2019, organismo que gestiona la cobertura médica de más de 2,2 millones de afiliados. Antes de esa función, se desempeñó como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Su trayectoria se completa con más de dos décadas en el sector privado en roles ejecutivos.

El oficialismo presentó ese perfil como una garantía de capacidad técnica para encarar la reorganización interna del organismo. Sin embargo, el recorrido de Di Liscia en el IOMA corresponde a la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, lo que lo ubica políticamente dentro del espacio PRO, dato que el Gobierno eligió no destacar en el comunicado oficial.

La «eficiencia» como bandera, las personas con discapacidad como variable de ajuste

El Gobierno encuadró el cambio bajo la retórica habitual de la administración Milei: «optimización de prestaciones», «fortalecimiento de mecanismos de control» y «administración eficiente de los recursos públicos». En la práctica, esa narrativa se tradujo, durante toda la gestión libertaria, en recortes sistemáticos sobre el gasto social dirigido a los sectores más vulnerables.

El organismo que Di Liscia heredará acumula una historia reciente de turbulencias. La ANDIS fue el centro de uno de los escándalos más resonantes del año: irregularidades en nombramientos, sospechas de desvíos de fondos y vínculos con el entorno de funcionarios del Ejecutivo nacional. El propio Manuel Adorni, actual Jefe de Gabinete, está siendo investigado judicialmente en una causa donde la ANDIS aparece mencionada como parte de una trama de triangulaciones.

La meta que el nuevo secretario anunció como prioritaria, depurar el padrón de pensiones no contributivas por invalidez, viene siendo ejecutada desde el inicio de la gestión Milei con una agresividad que generó una ola de reclamos judiciales y movilizaciones de organizaciones de personas con discapacidad. Decenas de miles de beneficios fueron suspendidos o dados de baja sin las debidas garantías de audiencia previa, en una práctica que la justicia federal debió frenar en varios casos mediante medidas cautelares.

El argumento oficial de que se trata de eliminar el fraude no está en disputa per se; sí lo están los métodos, la escala y la falta de resguardos para quienes son dados de baja por error, un fenómeno que las organizaciones del sector documentaron reiteradamente. La pregunta que Di Liscia deberá responder en los próximos meses es si viene a corregir esos procedimientos o a acelerarlos.

Lo que tenés que saber

• Pablo Di Liscia fue designado este martes al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, en reemplazo de Alejandro Vilches.
• Di Liscia presidió el IOMA bonaerense entre 2017 y 2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal.
• El Gobierno anunció que su gestión priorizará la auditoría sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral para dar de baja beneficios fraudulentos.
• La ANDIS atraviesa un escándalo judicial por irregularidades en nombramientos y presuntos desvíos de fondos, contexto en el que asume el nuevo funcionario.
• Organizaciones de personas con discapacidad documentaron bajas masivas de beneficios sin garantías previas a lo largo de 2024 y 2025, muchas de las cuales fueron frenadas por la justicia federal.