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El Parlasur aprobó tratar la expulsión de Pepín Rodríguez Simón

En la sesión ordinaria 85° del Parlasur, que se llevó a cabo este lunes y se transmitió en vivo por el canal de YouTube del organismo, integrantes de la delegación argentina solicitaron la expulsión inmediata de Rodríguez Simón.

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El Parlamento del Mercosur (Parlasur) aprobó este lunes una propuesta para que en la próxima sesión se trate la expulsión del parlamentario y ex asesor judicial macrista Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, a quien recientemente la Corte Suprema de Justicia de Uruguay decidió no darle refugio en el país para continuar con la extradición solicitada por Argentina.

En la sesión ordinaria 85° del Parlasur, que se llevó a cabo este lunes y se transmitió en vivo por el canal de YouTube del organismo, integrantes de la delegación argentina solicitaron la expulsión inmediata de Rodríguez Simón.

Además, se pidió incluir la sentencia de la Corte Suprema de Justicia uruguaya al dictamen de la comisión de Asuntos Internos y Presupuesto.

La semana pasada, la Corte declaró «inadmisible» el recurso de Casación interpuesto por Rodríguez Simón, quien buscaba que ese tribunal habilitara su solicitud de refugio político, lo que le hubiera garantizado no tener que regresar a la Argentina donde es reclamado por la jueza María Servini, quien lo llamó a indagatoria por supuesto hostigamiento al Grupo Indalo.

La parlamentaria Cecilia Britto, del Frente de Todos (FdT), señaló en la sesión de este lunes que el caso de Rodríguez Simón “nos está poniendo en una situación de gravedad institucional” y en ese sentido solicitó la “expulsión inmediata” del ex asesor judicial macrista.

Solicitó también que “la sentencia de la Corte uruguaya se incorpore al dictamen de comisión y tratar en forma urgente la expulsión inmediata de Simón por inhabilidad moral e incumplimiento del artículo 30 del reglamento del Parlasur”.

“No podemos seguir construyendo la confianza y la solvencia del Parlasur teniendo permanentemente la cuestión de este prófugo de la justicia argentina”, añadió Britto.

En tanto, el presidente del Parlasur, Gustavo Penadés, propuso la inclusión de esta solicitud en el orden del día de la próxima sesión, en el informe de la comisión de Asuntos Internos y Presupuesto, dado que por reglamento no podía tratarse en la jornada de hoy.

La propuesta obtuvo 50 votos afirmativos sobre 53.

Al respecto, el parlamentario Gastón Harispe (FdT) celebró esta resolución y lo consideró un “avance” en el caso.

“El tema está agotado, especialmente después de que la Corte Suprema uruguaya se expidió. Ahora hablamos de avanzar en un consenso democrático entre las fuerzas con representación de todos los países, para terminar con el tema. Pepín es un collar de melones para todo el Parlasur”, indicó Harispe.

La próxima sesión ordinaria tiene fecha para el 29 de mayo y “en el medio, trabajaremos un consenso entre todas las fuerzas democráticas con representación en el Parlasur. Tenemos tiempo y confianza en la justeza del planteo”, expresó el parlamentario.

En tanto, durante la sesión, la parlamentaria María Luisa Storani, de la UCR, pidió a Rodríguez Simón «que se presente en la justicia argentina”.

“En Argentina estamos viviendo en Estado de derecho, que respete la justicia uruguaya y la argentina. El bloque de la UCR exige que se presente”, añadió.

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Otra denuncia por corrupción: licitación de $700 millones en la Quinta de Olivos

La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación millonaria destinada al mantenimiento de espacios verdes en la Quinta de Olivos. La presentación apunta a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario.

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El Argentino Diario-Karina Milei.

Lo que tenés que saber

  • Marcela Pagano denunció una licitación de $700 millones en Olivos.
  • El contrato es para mantenimiento y jardinería de la residencia presidencial.
  • La acusación apunta a Karina Milei como responsable del proceso.
  • Se cuestiona que dos empresas oferentes pertenecerían al mismo empresario.
  • Se investiga un posible vínculo familiar entre actores involucrados.
  • Se pidió suspender la adjudicación y resguardar el expediente.
  • También se mencionan posibles delitos contra la administración pública.

Denuncia por una licitación millonaria en la Quinta de Olivos

La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación pública por $700 millones destinada al mantenimiento y jardinería de la Quinta de Olivos y la Casa de Gobierno.

La presentación judicial apunta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien responsabiliza por la adjudicación del proceso.

El contrato fue convocado para tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de espacios verdes de la residencia presidencial.

Las irregularidades señaladas en la licitación

Según la denuncia, dos empresas que participaron de la compulsa —La Mantovana y Grub— pertenecerían al mismo empresario, lo que habría simulado una competencia inexistente.

La presentación sostiene que ambas firmas estarían vinculadas a un mismo grupo económico, lo que pondría en duda la transparencia del proceso licitatorio.

Además, se menciona la posible existencia de vínculos familiares entre el empresario adjudicado y una funcionaria cercana a la estructura de la Secretaría General.

Señalamientos sobre el rol de la administración

La denuncia afirma que la responsabilidad del control del proceso recae en la autoridad que impulsó la licitación, al exigir la verificación de la independencia de los oferentes.

En ese marco, el escrito plantea que la participación de empresas vinculadas entre sí podría configurar una simulación de competencia dentro del proceso estatal.

También se menciona la posibilidad de que el servicio ya se estuviera prestando previamente sin contrato formal, lo que habría derivado en la regularización mediante la licitación.

Pedido judicial y medidas solicitadas

La diputada solicitó al juzgado interviniente suspender la adjudicación del proceso y resguardar el expediente administrativo completo.

También pidió el secuestro de documentación vinculada a la licitación y la aplicación de medidas cautelares sobre los bienes de los eventuales responsables.

La presentación incluye referencias a posibles delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionario público.

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