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El Gobierno prorrogó las declaraciones juradas de funcionarios

En medio de las denuncias contra Manuel Adorni por presunto enriquecimiento, la Oficina Anticorrupción extendió el plazo de presentación. La medida se oficializó mediante el Boletín Oficial.

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La Oficina Anticorrupción oficializó la extensión del plazo para que los funcionarios públicos presenten sus declaraciones juradas anuales. La fecha límite pasó del 31 de mayo al 31 de julio, según lo estableció la Resolución 3/2026 publicada en el Boletín Oficial bajo la firma de la titular del organismo, Gabriela Zangaro.

La decisión administrativa ocurrió en un contexto de fuerte cuestionamiento hacia el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El funcionario enfrentó diversas denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y la supuesta omisión de inmuebles en sus presentaciones patrimoniales previas ante los organismos de control.

Adecuación con el calendario fiscal

Desde el organismo justificaron la prórroga por la necesidad de coordinar los vencimientos con el calendario de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. El comunicado oficial indicó que la medida buscó brindar un plazo factible para que los declarantes completen la información requerida sin incurrir en incumplimientos técnicos.

Causas judiciales archivadas

En paralelo, la Justicia federal decidió archivar una de las causas que involucró al vocero presidencial por el viaje de su esposa en el avión oficial. El juez Daniel Rafecas determinó que el traslado no configuró un delito ni implicó un gasto extra para el Estado, fallo que el Gobierno celebró activamente en sus redes sociales.

Puntos clave:

  • * La Oficina Anticorrupción extendió el plazo de DDJJ hasta julio.
  • * La medida benefició a los funcionarios bajo la lupa patrimonial.
  • * Manuel Adorni enfrentó denuncias por bienes no declarados.
  • * El organismo alegó motivos técnicos vinculados al calendario de ARCA.
  • * El juez Rafecas archivó la causa por el uso del avión presidencial.

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Cuadernos: declaró el ex funcionario de la AFIP tras el insólito error judicial que citó a un homónimo

El Tribunal Oral Federal 7 convocó por equivocación a un contador homónimo antes de escuchar al verdadero Juan Carlos Santos, ex subdirector de Grandes Contribuyentes de la AFIP. En su declaración, el exfuncionario colaboró en la reconstrucción de las maniobras que usaban empresarios para extraer fondos en efectivo de contratos de obra pública.

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El-Argentino-Causa Cuadernos
El fisco llegó hasta Andorra y no pudo ir más lejos: lo que reveló el exfuncionario de la AFIP en el juicio de los Cuadernos.

El juicio por la causa Cuadernos registró este martes un nuevo episodio ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7): declaró el ex subdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Juan Carlos Santos, quien colaboró en la reconstrucción del funcionamiento de la AFIP durante 2018 y 2019, cuando el organismo recibió oficios judiciales vinculados a la investigación por sobornos en contratos de obra pública. La audiencia se concretó luego de que la Justicia incurriera en un error que ya tiene estado público: el pasado 7 de julio, el tribunal citó a otro Juan Carlos Santos que no tenía ninguna vinculación con la causa.

Un error que llegó por WhatsApp

El episodio de la confusión fue narrado por el propio homónimo involuntario ante el juez Enrique Méndez Signori. El contador, de 73 años, se presentó en los tribunales de Comodoro Py y afirmó sin rodeos: «Se equivocaron de Juan Carlos Santos». Al preguntarle el tribunal si le habían explicado los motivos de la citación, la respuesta fue contundente: «No, nadie me llamó ni me explicó nada. Me llegó un WhatsApp, que me iban a citar. Estaba en el exterior, con mi hija, y me tuve que volver para esto».

El episodio expone una irregularidad procesal llamativa en un juicio de alto perfil como el de los Cuadernos: la notificación de un testigo a través de un mensaje de WhatsApp, sin identificación precisa del convocado ni explicación del objeto de la citación. El verdadero Juan Carlos Santos, en cambio, ya tenía antecedentes de colaboración con la Justicia federal; había declarado anteriormente en la causa Oil Combustibles durante la pandemia.

Lo que Santos vino a reconstruir

En su declaración ante el TOF 7, el ex subdirector de Grandes Contribuyentes se abocó a reconstruir el desempeño de la AFIP en los años 2018 y 2019, período en que el organismo tramitó oficios judiciales vinculados a la investigación central. En ese marco, funcionarios de la actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) describieron ante el tribunal los mecanismos que utilizaban empresarios investigados para extraer dinero en efectivo de contratos de obra pública adjudicados durante gestiones del kirchnerismo.

Las operatorias detectadas por el fisco seguían un patrón sistemático: las empresas contratadas por el Estado recibían adelantos o pagos parciales y derivaban esos fondos a proveedores que emitían facturas sin contraprestación comprobada. Esos egresos quedaban registrados contablemente como gastos comerciales ordinarios vinculados a obras, lo que permitía que el dinero saliera del circuito formal sin respaldo documental.

Las empresas y el dinero que llegó hasta Andorra

Entre las firmas señaladas en el juicio figuran Isolux, Fainser, Sacde (ex IECSA) y Esuco, todas integrantes de uniones transitorias de empresas (UTE) para proyectos de infraestructura. Una de las maniobras más detalladas involucra a Isolux, adjudicataria en 2007 de la construcción de la Usina Termoeléctrica de Río Turbio por más de 2.000 millones de pesos. Según testimoniaron exagentes de la AFIP, parte de los fondos del contrato fueron canalizados a través de intermediarios en Nueva York hacia cuentas en la Banca Privada de Andorra.

«Nos informaron que la plata había sido derivada a través de un intermediario en Nueva York a la Banca Privada de Andorra. Hasta ahí llegó nuestra labor investigativa», declaró una de las testigos ante el tribunal. El circuito descripto combina evasión tributaria, uso de paraísos fiscales y triangulaciones a través de entidades offshore, en lo que los investigadores identificaron como una estructura de salida de divisas organizada y sostenida en el tiempo.

El juicio por la causa Cuadernos continúa acumulando testimonios que, lejos de sostener el relato que inspiró la investigación original, revelan la complejidad técnica de los mecanismos de desvío de fondos públicos y los límites que el propio organismo recaudador encontró para seguir el rastro del dinero.

Puntos clave

  • El TOF 7 citó por error a un homónimo del testigo convocado, quien debió interrumpir un viaje al exterior para presentarse en Comodoro Py.
  • Juan Carlos Santos, ex subdirector de Grandes Contribuyentes de la AFIP, declaró sobre el período 2018-2019 y los oficios judiciales relacionados con la causa Cuadernos.
  • Funcionarios de ARCA describieron ante el tribunal maniobras de empresas para extraer efectivo de contratos de obra pública mediante facturas sin respaldo.
  • Isolux habría derivado fondos desde contratos estatales a través de intermediarios en Nueva York hacia la Banca Privada de Andorra, según el testimonio de exagentes del fisco.
  • Las empresas implicadas incluyen a Fainser, Sacde (ex IECSA) y Esuco, que integraban UTE para proyectos de infraestructura pública.
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