Gremiales
Se cumplió otro paro y movilización de estatales contra el ajuste de Milei
ATE aseguró hoy en un comunicado que la huelga tuvo «un fuerte impacto nacional e incluyó numerosas movilizaciones»; ratificó que «el Gobierno de Javier Milei debe saber que la conflictividad en el sector público escalará».
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Frente de Sindicatos Estatales y de Gremios de Empresas del Estado paralizaron hoy las tareas en todo el país y realizaron asambleas y movilizaciones en rechazo de las políticas económicas y salariales del Gobierno y en demanda de la reincorporación de los despedidos, entre otros reclamos, y aseguró que la nueva huelga nacional tuvo un acatamiento superior al 90%.
El gremio que conduce Rodolfo Aguiar aseguró hoy en un comunicado que la huelga tuvo «un fuerte impacto nacional e incluyó numerosas movilizaciones»; ratificó que «el Gobierno de Javier Milei debe saber que la conflictividad en el sector público escalará» y sostuvo que la ATE «no quiere que le vaya bien al presidente libertario porque con sus ideas, si le va bien a él, le irá muy mal a todos los argentinos».
La nueva jornada nacional de lucha contempló marchas, protestas y cortes de ruta en todo el país, en tanto en la ciudad de Buenos Aires los trabajadores estatales se concentraron frente al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) porque según los anuncios oficiales «el organismo corre serio peligro de cierre».
«Hay una escalada de la conflictividad en el Estado. El deterioro de los ingresos en el sector público es grave, por lo que no se tolerará amenazas de despidos ni se permitirá que cierre ningún organismo», dijo Aguiar, para quien «se viven tiempos en los que es preciso continuar poniéndole el cuerpo a la unidad, que debe ser muy sincera».
Para el sindicalista, «no hay que juntarse por espanto ni es posible que nos junte Milei, sino que es preciso encontrarse en las virtudes porque solo espalda con espalda será posible defender los 70 mil empleos que se pondrán en juego el 31 de marzo» próximo.
«Además, es espalda con espalda la manera de defender al Estado y las políticas públicas», señaló Aguiar en relación con la necesidad de fortalecer el Frente de Sindicatos Estatales, integrado por la ATE, junto con el que impulsó la protesta nacional de hoy.
Aguiar adelantó que el sector continuará profundizando los planes de lucha y puntualizó que los gobernadores e intendentes deben proteger del ajuste a los trabajadores porque esa será «la única manera de garantizar el funcionamiento del Estado».
Los estatales se movilizaron esta mañana hacia el Inadi, en San José y Avenida de Mayo y, luego, marcharon hacia varios hospitales y otros organismos públicos.
La huelga comenzó a la medianoche, por lo que fueron afectadas la administración pública nacional, las provinciales y las municipales, en tanto los hospitales funcionan con guardias mínimas y los organismos de atención a jubilados (como PAMI y Anses) atienden solo emergencias, mientras otros servicios como recolección de residuos, barrido de calles o mantenimiento de espacios verdes también fueron alcanzados por la medida de fuerza.
Además, la huelga que realizan los porteros de escuelas y auxiliares de educación coincide con el paro docente, por lo que en ese sector la adhesión es total, dijo la ATE.
Aguiar rechazó nuevamente hoy «la magra oferta salarial del Gobierno en la última paritaria, que fue apenas del 12% ante una inflación del 20,6%», y ratificó el estado de alerta ante «posibles nuevos despidos, privatizaciones y cierre de organismos como el Inadi, anunciado por el vocero presidencial Manuel Adorni y ratificado por Milei».
Los estatales, entre otros puntos, exigen «un aumento salarial por arriba de la inflación, la reincorporación de los despedidos sin causa, el pase a planta permanente de los precarizados y un incremento de emergencia para jubilados y pensionados», y rechazan el cierre del Inadi y las privatizaciones y demandan la vigencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), en tanto a la medida de fuerza adhirió también la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) por salarios y condiciones laborales.
«El brutal ajuste que atraviesa a las provincias y municipios impacta de lleno en los 1.700 hospitales, en las más de 6 mil unidades sanitarias y en el medio millón de trabajadores de la salud pública de todo el país», explicó la organización, mientras el titular de la Ate Córdoba, Federico Giuliani, denunció que los estatales sufren «un ajuste feroz».
La ATE nacional también ratificó hoy que «el autoritarismo de Milei preocupa y aumenta, ya que todas las medidas económicas que impulsa se orientan a destruir los salarios y las jubilaciones, por lo que el gremio no puede naturalizar ese grave deterioro»; aseveró que el Gobierno hace de la violencia «su práctica política» y adelantó que la organización sindical frenará sus iniciativas ejerciendo los derechos de huelga y movilización.
«El poder de compra de salarios y jubilaciones está por el piso, por lo que el acatamiento al paro superó el 90% en las 23 provincias y Buenos Aires. Ello se corresponde con los elevados niveles de agresión oficial hacia los estatales. En solo tres meses se destruyeron las condiciones de vida de millones de trabajadores y jubilados», aseguró el sindicato..
En un nuevo documento, la ATE sostuvo que «no hay antecedentes de un shock de ajuste tan potente y que abarque a todos los sectores de la sociedad», y enfatizó que hay «un presidente que celebra la inflación, festeja el superávit a costa del empobrecimiento de los jubilados y se pone contento con el cierre del Inadi, pero debe saber que ascenderá la conflictividad y que no se abandonará la calle hasta terminar con su sonrisa», añadió.
Por último, el gremio se solidarizó con «los gobernadores (como el de Chubut y otros) que son atacados por el Ejecutivo nacional, ya que es testigo de cómo el brutal ajuste empobrece de forma acelerada a millones de trabajadores en provincias y municipios».
Espectáculos 🎭
BTS en La Plata: una disputa gremial pone en riesgo los recitales
El sindicato de controladores de admisión levantó las asambleas y la movilización tras un “principio de entendimiento”, luego de que la provincia dictara una conciliación obligatoria. Detrás del conflicto hay un reclamo de fondo: que las empresas contratadas por la productora apliquen el convenio de la actividad y no el de seguridad privada.
La discusión sobre qué convenio colectivo corresponde aplicar a quienes controlan el ingreso del público puso en riesgo, a pocas horas del debut, los tres recitales de BTS en La Plata. Los trabajadores de control de admisión advirtieron que podían tomar medidas de acción directa durante los shows si las empresas contratadas no aplicaban el convenio de su actividad.
El reclamo fue formalizado por el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA), que conduce Leandro Nazarre, mediante un comunicado en el que se declaró en “estado de alerta y movilización”. El gremio apuntó contra GPS Prevención SRL, MGF Seguridad SRL y SAKERHET CORP SA (Tech), empresas contratadas por la productora DF Entertainment SA, a las que acusó de pretender aplicar un convenio de seguridad privada que consideró “ajeno a la actividad de Control de Admisión y Permanencia”. Las presentaciones de la banda surcoreana están previstas el 21, el 23 y el 24 de octubre en el Estadio Diego Armando Maradona, con capacidad para unas 53.000 personas.
Qué reclama el gremio
Según el comunicado, las compañías deberían aplicar el convenio de SUTCAPRA, que, de acuerdo al sindicato, “mejora las condiciones laborales y salariales de los controladores”. El gremio adelantó además la posibilidad de “medidas de acción directa durante los shows” y, en una nota enviada al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, anticipó “asambleas y movilizaciones en las inmediaciones del estadio” para visibilizar el problema.
El secretario de Prensa de SUTCAPRA, Cristian Rolón Gatti, defendió la representatividad de su organización: “tenemos personería gremial en La Plata”, sostuvo, y afirmó que la UPSRA “no tienen personería en esta actividad”. El gremio se creó en 2004 para representar al personal de Control de Admisión y Permanencia (CAP), una actividad que hasta entonces no estaba nucleada en ningún sindicato, y busca diferenciarse de la seguridad privada.
La respuesta de la UPSRA
La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), fundada en 1970 y conducida por Ángel Alberto García, rechazó el planteo. En un comunicado sostuvo que el Convenio Colectivo de Trabajo 507/07 es el “único instrumento legal vigente” para regular las condiciones laborales de los trabajadores de seguridad privada y que es de cumplimiento obligatorio para todas las empresas del sector, “sin excepciones”.
El sindicato fue más lejos: calificó de “inadmisible” que SUTCAPRA intente instalar “un discurso que genera confusión y desconcierto” y advirtió que “no vamos a permitir que se utilicen espacios públicos para desinformar”. La disputa, entonces, enfrenta a dos organizaciones que se reivindican representantes de quienes trabajan en los recitales, con los propios trabajadores en el medio.
La provincia intervino con una conciliación obligatoria
El Ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Jorge Walter Correa en el gobierno de Axel Kicillof, dictó de manera urgente una conciliación obligatoria con una audiencia virtual convocada para el miércoles a las 10. Rolón Gatti contó que funcionarios de los ministerios de Seguridad y de Trabajo de la provincia se comunicaron con el gremio y dudó de los tiempos: “No sé si estamos a tiempo”, reconoció antes de la audiencia, y reclamó que las empresas comparecieran para aclarar la situación.
Todas las partes acudieron a la cita y, a horas del primer show, el sindicato levantó las asambleas y la movilización que había anunciado. “Hay un principio de entendimiento”, afirmó Rolón Gatti, y aclaró que continúan “en conversaciones y en negociación”. Todavía quedaba por verse si lo acordado se cumplía durante los tres conciertos.
Un conflicto que no es nuevo
Según Rolón Gatti, no es la primera vez que SUTCAPRA y la UPSRA chocan por esta cuestión. El gremio suele convocar al Ministerio de Trabajo bonaerense a las empresas que prestan servicios en los recitales y, amparado en la ley nacional 26.370 y la ley provincial 13.964, intenta demostrar por qué deben aplicar su convenio. El dirigente recordó el antecedente del Lollapalooza: las empresas de control de admisión reconocieron la legitimidad de SUTCAPRA cuando aplicaron el convenio de la actividad y pagaron las acreencias sindicales a la institución.
El episodio expone que cada megaevento reabre la misma discusión, y que la responsabilidad de la productora y de las empresas contratadas frente al marco laboral correspondiente sigue en el centro de la escena. Mientras dos gremios discuten la representación, son los controladores quienes dependen de que se aplique un convenio u otro para definir sus condiciones de trabajo y de salario.
Lo que tenés que saber:
- SUTCAPRA denunció que empresas contratadas por DF Entertainment SA pretendían aplicar un convenio de seguridad privada en los recitales de BTS.
- El gremio se declaró en “estado de alerta y movilización” y anticipó la posibilidad de medidas de acción directa durante los shows.
- La UPSRA respondió que el convenio 507/07 es el único vigente para la seguridad privada y de cumplimiento obligatorio.
- El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó una conciliación obligatoria urgente con audiencia virtual el miércoles a las 10.
- SUTCAPRA levantó las asambleas y la movilización por un “principio de entendimiento”, aunque la negociación continúa.
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