Lo que tenés que saber

• Marcela Pagano denunció una licitación de $700 millones en Olivos.
• El contrato es para mantenimiento y jardinería de la residencia presidencial.
• La acusación apunta a Karina Milei como responsable del proceso.
• Se cuestiona que dos empresas oferentes pertenecerían al mismo empresario.
• Se investiga un posible vínculo familiar entre actores involucrados.
• Se pidió suspender la adjudicación y resguardar el expediente.
• También se mencionan posibles delitos contra la administración pública.

Denuncia por una licitación millonaria en la Quinta de Olivos

La diputada nacional Marcela Pagano denunció un presunto esquema irregular en una licitación pública por $700 millones destinada al mantenimiento y jardinería de la Quinta de Olivos y la Casa de Gobierno.

La presentación judicial apunta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien responsabiliza por la adjudicación del proceso.

El contrato fue convocado para tareas de mantenimiento preventivo, correctivo y riego de espacios verdes de la residencia presidencial.

Las irregularidades señaladas en la licitación

Según la denuncia, dos empresas que participaron de la compulsa —La Mantovana y Grub— pertenecerían al mismo empresario, lo que habría simulado una competencia inexistente.

La presentación sostiene que ambas firmas estarían vinculadas a un mismo grupo económico, lo que pondría en duda la transparencia del proceso licitatorio.

Además, se menciona la posible existencia de vínculos familiares entre el empresario adjudicado y una funcionaria cercana a la estructura de la Secretaría General.

Señalamientos sobre el rol de la administración

La denuncia afirma que la responsabilidad del control del proceso recae en la autoridad que impulsó la licitación, al exigir la verificación de la independencia de los oferentes.

En ese marco, el escrito plantea que la participación de empresas vinculadas entre sí podría configurar una simulación de competencia dentro del proceso estatal.

También se menciona la posibilidad de que el servicio ya se estuviera prestando previamente sin contrato formal, lo que habría derivado en la regularización mediante la licitación.

Pedido judicial y medidas solicitadas

La diputada solicitó al juzgado interviniente suspender la adjudicación del proceso y resguardar el expediente administrativo completo.

También pidió el secuestro de documentación vinculada a la licitación y la aplicación de medidas cautelares sobre los bienes de los eventuales responsables.

La presentación incluye referencias a posibles delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes de funcionario público.