DDHH
La lucha por la libertad de Milagro Sala: Hugo Yasky y Estela Díaz visitaron a la líder de la Tupac Amaru
El titular de la CTA y la funcionaria bonaerense «reafirmaron su compromiso» para lograr su liberación y fustigaron en duros términos el hecho de que aún esté «encarcelada de una manera absolutamente injusta e ilegal».
El diputado nacional del Frente de Todos y titular de la CTA, Hugo Yasky, junto con la ministra de la Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, visitaron este lunes a la dirigente social Milagro Sala en su domicilio de Jujuy, donde cumple su condena, para «reafirmar el compromiso con una compañera que está encarcelada de una manera absolutamente injusta e ilegal».
Durante el encuentro, del que participó también el secretario de Organización de la CTA de los Trabajadores, Gustavo Rollandi, se interiorizaron sobre el estado de salud de la dirigente de la Tupac Amaru, quien continúa con el proceso de recuperación por una trombosis venosa profunda en su pierna izquierda, por la que estuvo internada hasta hace unos días.
Además de abordar temas relacionados con lo político y judicial, se ratificó la voluntad de que Milagro Sala integre la conducción de la mesa de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que va a convocar a una elección para el 9 de noviembre a nivel nacional.
Yasky, Díaz y Rollandi almorzaron con Milagro Sala y luego, por la tarde, se reunieron con sindicatos y organizaciones sociales para conformar la CTA de los Trabajadores en Jujuy, con vistas a dicha elección.
«Hablamos de su futura incorporación cuando se renueve la conducción, ella ha dado su consentimiento», afirmó Yasky y señaló que «la compañera Sala va enorgullecer a la CTA con su participación».
Por otro lado, el diputado aludió a la marcha de mañana por el 70º aniversario del fallecimiento de Eva Perón, sobre el cual consideró que «tendrá una expresión de unidad y masividad porque los trabajadores y las trabajadoras argentinas aprendimos, y fue un legado que nos dejó, respecto a que donde había una necesidad necesariamente había que construir un derecho».
Además, se refirió a la situación que atraviesa el país y denunció que el Gobierno nacional «es víctima de una ofensiva muy profunda y muy agresiva a través de un golpe financiero de mercado y una corrida bancaria».
«Por eso la marcha va a tener un contenido muy particular porque se va a hacer recordando a Eva Perón pero también en medio de estas actitudes que intentan empujar a una devaluación», que llevaría a «pulverizar un salario que de por sí está caído», expresó el legislador.
En ese plano también criticó -aunque sin nombrarlo- a Aldo Rico, al señalar que «hay personajes como éste que de pronto aparecen debajo de las catacumbas, que quiso derrocar a (Raúl) Alfonsín y de buenas a primeras creen que llegó el momento de convocar a las fuerzas armadas a una guerra santa», por lo que «hay una pulseada enorme con algunos sectores autoritarios».
Sobre la salud de Milagro Sala, se mostraron «tranquilos porque está en buenas manos en términos de atención médica aunque su situación es delicada». «Esperamos que la evaluación sobre todo el tratamiento de esos coágulos sea favorable; ella está bien anímicamente, se cuida mucho y sabe que es una prueba que tiene que afrontar», afirmó Yasky.
Por su parte, Estela Díaz, quien es cofundadora del Comité por la Libertad de Milagro Sala desde el momento de su detención e integra la conducción de la CTA, afirmó: «He seguido muy de cerca su situación y estoy muy preocupada además por sus problemas de salud con tanto tiempo detenida de forma injusta».
En ese sentido, consideró que «lo que ocurre en Jujuy lesiona nuestra democracia», porque «sigue habiendo persecución a las organizaciones populares en la provincia», y aseguró que «hay una intervención directa del poder político sobre el poder judicial, y eso es lo que tiene detenida a Milagro y a otros compañeros».
Y denunció que se ha implementado en Jujuy «un sistema de injerencia directa sobre el poder judicial desde que Morales asumió la gobernación y eso está demostrado en innumerable cantidad de situaciones como el cambio del Superior Tribunal, pero además es algo personal contra Milagro».
Finalmente, la ministra bonaerense recordó que «hace pocos días vino el presidente» Alberto Fernández al sanatorio donde estaba internada para solidarizarse con Sala, y -remarcó- «eso para nosotros, como para Milagro, ha sido importante».
A fines de junio último, el Presidente Alberto Fernández visitó a a dirigente social y aseguró que Sala era víctima de una persecución social y que «ninguna sociedad funciona bien sin un estado de derecho que respete los derechos humanos. Prolongar detenciones preventivas es una forma de violar los derechos humanos».
Milagro Sala permanece detenida desde el 16 de enero de del 2016 y, desde ese momento, se multiplicaron los pedidos de distintas organizaciones por su libertad.
El 23 de noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) consideró que Sala permanecía detenida en condiciones incompatibles con su dignidad humana y que la ejecución de la medida privativa de libertad la estaba sometiendo a angustia o dificultades mayores al sufrimiento intrínseco a toda detención, y dictó una medida provisional en ese sentido.
Desde entonces, la Corte IDH no sólo mantiene vigente la medida provisional sino que, además, recibe información periódica que denuncia la falta de independencia del Poder Judicial de la provincia y el impacto que tiene la persecución penal en la integridad física y psíquica de Sala.
DDHH
Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado
El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.
Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.
El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.
Qué dio por probado la Corte
El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.
Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.
Lo que deberá hacer Myanmar
La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.
El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.
Un techo que se rompió
El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.
El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.
El capítulo argentino
La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.
Lo que tenés que saber
- La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
- Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
- Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
- Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
- En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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