DDHH
La lucha por la libertad de Milagro Sala: Hugo Yasky y Estela Díaz visitaron a la líder de la Tupac Amaru
El titular de la CTA y la funcionaria bonaerense «reafirmaron su compromiso» para lograr su liberación y fustigaron en duros términos el hecho de que aún esté «encarcelada de una manera absolutamente injusta e ilegal».
El diputado nacional del Frente de Todos y titular de la CTA, Hugo Yasky, junto con la ministra de la Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, visitaron este lunes a la dirigente social Milagro Sala en su domicilio de Jujuy, donde cumple su condena, para «reafirmar el compromiso con una compañera que está encarcelada de una manera absolutamente injusta e ilegal».
Durante el encuentro, del que participó también el secretario de Organización de la CTA de los Trabajadores, Gustavo Rollandi, se interiorizaron sobre el estado de salud de la dirigente de la Tupac Amaru, quien continúa con el proceso de recuperación por una trombosis venosa profunda en su pierna izquierda, por la que estuvo internada hasta hace unos días.
Además de abordar temas relacionados con lo político y judicial, se ratificó la voluntad de que Milagro Sala integre la conducción de la mesa de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que va a convocar a una elección para el 9 de noviembre a nivel nacional.
Yasky, Díaz y Rollandi almorzaron con Milagro Sala y luego, por la tarde, se reunieron con sindicatos y organizaciones sociales para conformar la CTA de los Trabajadores en Jujuy, con vistas a dicha elección.
«Hablamos de su futura incorporación cuando se renueve la conducción, ella ha dado su consentimiento», afirmó Yasky y señaló que «la compañera Sala va enorgullecer a la CTA con su participación».
Por otro lado, el diputado aludió a la marcha de mañana por el 70º aniversario del fallecimiento de Eva Perón, sobre el cual consideró que «tendrá una expresión de unidad y masividad porque los trabajadores y las trabajadoras argentinas aprendimos, y fue un legado que nos dejó, respecto a que donde había una necesidad necesariamente había que construir un derecho».
Además, se refirió a la situación que atraviesa el país y denunció que el Gobierno nacional «es víctima de una ofensiva muy profunda y muy agresiva a través de un golpe financiero de mercado y una corrida bancaria».
«Por eso la marcha va a tener un contenido muy particular porque se va a hacer recordando a Eva Perón pero también en medio de estas actitudes que intentan empujar a una devaluación», que llevaría a «pulverizar un salario que de por sí está caído», expresó el legislador.
En ese plano también criticó -aunque sin nombrarlo- a Aldo Rico, al señalar que «hay personajes como éste que de pronto aparecen debajo de las catacumbas, que quiso derrocar a (Raúl) Alfonsín y de buenas a primeras creen que llegó el momento de convocar a las fuerzas armadas a una guerra santa», por lo que «hay una pulseada enorme con algunos sectores autoritarios».
Sobre la salud de Milagro Sala, se mostraron «tranquilos porque está en buenas manos en términos de atención médica aunque su situación es delicada». «Esperamos que la evaluación sobre todo el tratamiento de esos coágulos sea favorable; ella está bien anímicamente, se cuida mucho y sabe que es una prueba que tiene que afrontar», afirmó Yasky.
Por su parte, Estela Díaz, quien es cofundadora del Comité por la Libertad de Milagro Sala desde el momento de su detención e integra la conducción de la CTA, afirmó: «He seguido muy de cerca su situación y estoy muy preocupada además por sus problemas de salud con tanto tiempo detenida de forma injusta».
En ese sentido, consideró que «lo que ocurre en Jujuy lesiona nuestra democracia», porque «sigue habiendo persecución a las organizaciones populares en la provincia», y aseguró que «hay una intervención directa del poder político sobre el poder judicial, y eso es lo que tiene detenida a Milagro y a otros compañeros».
Y denunció que se ha implementado en Jujuy «un sistema de injerencia directa sobre el poder judicial desde que Morales asumió la gobernación y eso está demostrado en innumerable cantidad de situaciones como el cambio del Superior Tribunal, pero además es algo personal contra Milagro».
Finalmente, la ministra bonaerense recordó que «hace pocos días vino el presidente» Alberto Fernández al sanatorio donde estaba internada para solidarizarse con Sala, y -remarcó- «eso para nosotros, como para Milagro, ha sido importante».
A fines de junio último, el Presidente Alberto Fernández visitó a a dirigente social y aseguró que Sala era víctima de una persecución social y que «ninguna sociedad funciona bien sin un estado de derecho que respete los derechos humanos. Prolongar detenciones preventivas es una forma de violar los derechos humanos».
Milagro Sala permanece detenida desde el 16 de enero de del 2016 y, desde ese momento, se multiplicaron los pedidos de distintas organizaciones por su libertad.
El 23 de noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) consideró que Sala permanecía detenida en condiciones incompatibles con su dignidad humana y que la ejecución de la medida privativa de libertad la estaba sometiendo a angustia o dificultades mayores al sufrimiento intrínseco a toda detención, y dictó una medida provisional en ese sentido.
Desde entonces, la Corte IDH no sólo mantiene vigente la medida provisional sino que, además, recibe información periódica que denuncia la falta de independencia del Poder Judicial de la provincia y el impacto que tiene la persecución penal en la integridad física y psíquica de Sala.
DDHH
La Justicia suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil en la Provincia de Buenos Aires
Un juzgado de Lomas de Zamora frenó por 60 días la aplicación de la ley que reduce a 14 años la edad de imputabilidad. La jueza advirtió sobre una posible vulneración de derechos y cuestionó si el Estado cuenta con recursos suficientes para implementar el nuevo sistema.
La Justicia bonaerense suspendió la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La decisión fue adoptada por el Juzgado de Responsabilidad Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, que interrumpió por 60 días la entrada en vigencia de la normativa que establece un régimen penal específico para adolescentes desde los 14 años.
La resolución fue firmada por la jueza Marta Elba Pascual, quien planteó que la implementación inmediata del nuevo sistema podría generar una afectación grave de derechos fundamentales de adolescentes privados de su libertad.
El fallo puso el foco en una cuestión central: si el Estado cuenta actualmente con las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias para ampliar la cantidad de adolescentes sometidos al sistema penal sin vulnerar los estándares constitucionales y convencionales vigentes.
La advertencia de la Justicia
La magistrada señaló que antes de aplicar el nuevo régimen resulta necesario determinar si existen condiciones objetivas que permitan garantizar los derechos de los adolescentes alcanzados por la normativa.
En particular, advirtió sobre la posibilidad de que el Estado no cuente con suficientes recursos ni establecimientos adecuados para alojar a los jóvenes que eventualmente sean privados de su libertad.
El fallo también alertó sobre el posible incremento de la población adolescente detenida. Según la jueza, aunque el aumento podría producirse de manera progresiva, algunos cambios en los parámetros para disponer detenciones y prisiones preventivas podrían generar un impacto inmediato.
La suspensión tendrá una duración de 60 días.
Qué establece el nuevo Régimen Penal Juvenil
La nueva normativa establece un sistema específico para adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por delitos.
La edad mínima de imputabilidad fue establecida por el Congreso mediante la Ley 27.801, publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. La norma fijó un plazo de 180 días para su entrada en vigencia.
Posteriormente, el Gobierno reglamentó el régimen mediante el Decreto 875/2026, firmado el 4 de septiembre, que designó al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal.
Entre sus funciones se encuentran la implementación del régimen, el seguimiento de los adolescentes, la asistencia a las víctimas y la articulación con las distintas jurisdicciones.
El régimen contempla distintas medidas según la gravedad del hecho y las características de cada caso. Entre ellas se encuentran:
- Amonestaciones.
- Restricciones de contacto o circulación.
- Trabajos comunitarios.
- Reparación del daño.
- Monitoreo electrónico.
- Penas privativas de la libertad.
La normativa establece que, en los casos en los que corresponda una pena de prisión, no podrá aplicarse prisión o reclusión perpetua. El máximo previsto para adolescentes es de 15 años.
Supervisores para controlar a los adolescentes
Uno de los principales cambios previstos por el nuevo sistema es la incorporación de supervisores especializados.
Estos profesionales deberán acompañar y controlar a los adolescentes cuando un juez determine determinadas medidas o sanciones. Entre sus obligaciones estará mantener entrevistas semanales y elaborar informes mensuales sobre la evolución del joven.
Los informes deberán contemplar aspectos vinculados con la educación, la formación, la conducta y el proceso de reinserción social.
Para integrar el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil será necesario contar con formación terciaria o universitaria en áreas como educación, pedagogía infantojuvenil, psicología o trabajo social, o acreditar preparación específica en adicciones.
Además, los postulantes deberán contar con al menos dos años de experiencia profesional y aprobar una capacitación obligatoria sobre justicia penal juvenil y derechos de niños y adolescentes.
También deberán realizar instancias de formación continua todos los años.
Una implementación que queda bajo la lupa
La reglamentación establece restricciones para quienes pretendan desempeñarse como supervisores. Quedarán excluidas determinadas personas con antecedentes de procesamientos o condenas penales y quienes figuren en registros vinculados con hechos de violencia contra mujeres, niñas, niños o adolescentes.
Mientras se conforma el registro definitivo, el Ministerio de Justicia elaborará una nómina provisoria.
La primera convocatoria pública deberá realizarse dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigencia del decreto.
En los procesos de competencia nacional y federal, los jueces seleccionarán a los supervisores entre los profesionales habilitados. En las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, cada jurisdicción deberá establecer sus propios mecanismos de designación, remoción y sanción, respetando los lineamientos generales establecidos por la Ley 27.801.
La decisión adoptada en Lomas de Zamora introduce así un freno a la implementación del nuevo régimen en territorio bonaerense y pone en el centro del debate una cuestión clave: si la ampliación del sistema penal hacia adolescentes de menor edad puede concretarse sin contar previamente con las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias para garantizar sus derechos.
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