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Werthein firmó 83 traslados diplomáticos días antes de renunciar: qué dijo Milei
El ex canciller autorizó movimientos de funcionarios por US$2 millones en su última semana en el cargo. El Gobierno de Milei anticipó que revisará cada designación de forma exhaustiva.
⬛ El ex canciller Gerardo Werthein firmó el lunes pasado los traslados de 83 diplomáticos a distintas embajadas y consulados, apenas dos días antes de presentar su renuncia al presidente Javier Milei. La decisión generó sorpresa en el Gobierno, que ya anticipó que someterá las designaciones a una revisión exhaustiva.
Según la resolución ministerial que lleva la firma de Werthein y del director general de Recursos Humanos, Claudio Gutiérrez, 29 diplomáticos que se desempeñaban en el exterior cambiarán de destino, mientras que el resto se trasladará desde Buenos Aires hacia diferentes ciudades del mundo. Los movimientos están programados para concretarse entre enero y abril de 2026.
Costo fiscal millonario
De acuerdo a fuentes diplomáticas citadas por el diario La Nación, el costo fiscal de estos traslados alcanzaría los US$2 millones. Esta cifra incluye los gastos de mudanza, instalación y diferencias salariales que implican las nuevas destinaciones.
Entre los destinos autorizados figuran tres funcionarios al consulado en Shanghai, China; dos a la embajada argentina en Alemania; uno al consulado en San Pablo y varios a consulados de Estados Unidos, como Nueva York y Miami. Según pudo confirmar La Nación, entre quienes retornan al continente americano se encuentran María Celeste Danón (de Kenya a Brasil), Luciano Liendo y Virginia Iribarne (de Rusia a Chile) y Jorge Quaranta (de Ucrania a Costa Rica).
Renuncia en plena turbulencia
Werthein presentó su renuncia el martes por la noche, con fecha efectiva para el lunes posterior a las elecciones del 26 de octubre, según confirmaron fuentes oficiales de Casa Rosada. Sin embargo, el ex canciller decidió adelantar el anuncio sin esperar a que transcurrieran los comicios.
La salida de Werthein del Ministerio de Relaciones Exteriores se produjo en medio de cuestionamientos internos por su gestión de la reunión bilateral entre Milei y el presidente estadounidense Donald Trump, encuentro en el cual el líder republicano condicionó su apoyo financiero a la Argentina a un triunfo electoral de La Libertad Avanza.
El Gobierno revisará las designaciones
Desde el entorno presidencial trascendió que las 83 designaciones firmadas por Werthein serán analizadas «una por una» antes de su implementación definitiva. La revisión apunta a determinar si los traslados responden a criterios técnicos o si obedecen a decisiones tomadas en el marco de la inminente salida del ex canciller.
La búsqueda de un reemplazante para Werthein se aceleró tras su renuncia, aunque la renovación del Gabinete ya estaba en la agenda del Presidente. Se espera que los anuncios de los nuevos ministros, incluido el canciller, se concreten después de las elecciones del domingo.
Nombres en danza para la Cancillería
Según trascendidos en el arco de La Libertad Avanza, varios nombres comenzaron a circular como posibles reemplazantes de Werthein. Entre ellos figuran Nahuel Sotelo, actual secretario de Culto, y Úrsula Basset, directora de Derechos Humanos de la Cancillería.
También se mencionó a Luis María Kreckler, actual cónsul en San Pablo, y a Guillermo Francos, en caso de que el asesor presidencial Santiago Caputo asuma como jefe de Gabinete tras las elecciones. Por último, aparece el nombre de Fulvio Pompeo, ex secretario de Asuntos Estratégicos durante el gobierno de Mauricio Macri y actual funcionario porteño, que podría formar parte de una negociación entre Milei y el expresidente.
Puntos clave
• Gerardo Werthein firmó 83 traslados diplomáticos dos días antes de renunciar como canciller
• Los movimientos implican un costo fiscal estimado en US$2 millones, según fuentes diplomáticas
• El Gobierno de Milei revisará exhaustivamente todas las designaciones antes de su implementación
• 29 diplomáticos en el exterior cambiarán de destino y el resto viajará desde Buenos Aires entre enero y abril de 2026
• La renuncia de Werthein se produjo tras cuestionamientos internos por la gestión de la reunión bilateral Milei-Trump
CABA
Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri
El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.
El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.
Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.
Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.
El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.
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